Una inmigrante ilegal en Estados Unidos, esposa de un soldado desaparecido en acción en Iraq, se encuentra en un limbo legal, e incluso fue sometida a un proceso de deportación por el Departamento (ministerio) de Seguridad Interna.
El trámite fue suspendido por presión de legisladores del opositor Partido Demócrata, pero "eso no soluciona el problema de fondo", dijo a IPS el abogado de la pareja Mathew Kolken. "El problema de fondo es que ella está en Estados Unidos sin ningún tipo de amparo legal."
Kolken lo resumió así: "No está autorizada a trabajar, no puede salir del país y no es residente legal de Estados Unidos."
El soldado Alex Jiménez, desaparecido desde que su unidad fue atacada en Iraq el 12 de mayo, había solicitado una tarjeta verde (documento que certifica la residencia legal en Estados Unidos) para su esposa, Yaderlin, con quien se casó en una base militar neoyorquina en 2004.
A diferencia de Jiménez, nacido en Estados Unidos, Yaderlin es una inmigrante indocumentada, una ciudadana natural de República Dominicana que ingresó ilegalmente a este país en 2001.
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El abogado dijo a IPS que los problemas legales del matrimonio comenzaron casi inmediatamente después de que se casaron, cuando disfrutaban de su luna de miel en las cataratas del Niágara, en la frontera de Estados Unidos con Canadá.
El 14 de junio de 2004, las autoridades fronterizas la encontraron cerca de las cataratas. Así comenzó el procedimiento de deportación, que está en curso desde entonces.
Un juez federal de inmigración suspendió los trámites de deportación de Yaderlin. Mientras eso sucedía, el Departamento (ministerio) de Defensa enviaba a Alex Jiménez dos veces a Iraq.
Cuando transcurría su segunda estancia en ese país del Golfo (Pérsico o Arábigo), Jiménez desapareció luego que su unidad fue atacada por hombres armados en Mahmoudiya, unos 32 kilómetros al sur de Bagdad.
Dada la alta posibilidad de que Jiménez esté muerto, los amigos y familiares de Yaderlin comenzaron a preocuparse no solamente por la situación de su esposo, sino también por el propio trámite de deportación.
El miércoles, los senadores demócratas John Kerry y Edward Kennedy defendieron a Yaderlin. El Departamento de Seguridad Interna respondió suspendiendo los procedimientos de deportación.
"No hay ninguna campaña para deportarla. Nosotros, como todos los estadounidenses, esperamos que el soldado Jiménez regrese sano", dijo la portavoz del Departamento de Seguridad Interna, Jamie Zuieback, a la agencia de noticias The Associated Press.
Pero no es ésta la primera vez que, tras la muerte o desaparición de un soldado en Iraq, se procesan trámites de deportación contra familiares suyos.
En 2003, el soldado Zeferino Colunga falleció a raíz de una enfermedad que contrajo mientras cumplía funciones en Iraq, y fue enterrado con todos los honores en un cementerio de Texas.
Cuatro meses después, con la familia todavía de duelo, el padre del soldado fue deportado a México como inmigrante indocumentado.
Mientras, la cantidad de soldados del ejército estadounidense que no son ciudadanos de este país aumentó: el Departamento de Defensa calcula que pasaron de 23.000 en 2000 a 35.000 en la actualidad.
Funcionarios federales dijeron que 32.000 efectivos adicionales se convirtieron en ciudadanos estadounidenses desde que el presidente George W. Bush firmó un decreto al respecto en 2002.
Se calcula que en unos 105.000 nacidos en el exterior visten uniforme militar, lo que implica problemas inéditos para las fuerzas armadas.
Muchos militares inmigrantes "no son conscientes de que, a menudo, sus familiares no reciben los mismos beneficios que ellos", se lamentó Jess Quintero, presidente de la organización Hispanic War Veterans of America (Veteranos Hispanos de Guerra de Estados Unidos).
"Justo después del entrenamiento, es preciso explicarle al combatiente lo que debería hacer si un miembro de su familia es indocumentado y cuáles serán las consecuencias si no lo hacen", dijo Quintero. Entre esas consecuencias, el veterano mencionó la deportación.
La situación probablemente se complique aun más si el Congreso legislativo aprueba el proyecto de ley sobre inmigración propuesto por el gobierno de Bush.
El proyecto incluye la Ley Dream (en inglés, "sueño", y también acrónimo de "desarrollo, alivio y educación para menores extranjeros), que admite por primera vez el ingreso de inmigrantes indocumentados en el ejército.
"El reclutamiento militar está muy por debajo de los objetivos establecidos, y la Ley Dream proporcionará personas aptas para integrarse en el ejército", observó Jeanne Batalova, del independiente Instituto de Políticas Migratorias, con sede en Washington.
"El ejército está muy interesado en la aprobación de la ley", agregó.
Batalova calcula que unos 280.000 inmigrantes indocumentados de entre 18 y 24 años llenarían los requisitos para aprovecharse del programa.
Quienes se amparen bajo la Ley Dream obtendrían una visa que los facultaría, durante un periodo de residencia a prueba, a cumplir funciones en el ejército y tareas comunitarias o asistir a la universidad.
Luego, los inmigrantes hasta entonces indocumentados podrían postularse para lograr el estatus de residentes permanentes y legales, sin obtener por eso la ciudadanía, un procedimiento que insume años.
Sólo en caso de convertirse en ciudadanos podrán patrocinar la residencia legal de familiares suyos.
"La ley proporcionará una oportunidad sin precedentes para las personas que pretenden cambiar su estatus de indocumentadas por la residencia legal permanente", dijo Batalova.
Pero Jess Quintero piensa que el proceso es demasiado largo y engorroso.
"Todos los no ciudadanos que se unan al ejército deberían convertirse en ciudadanos estadounidenses apenas concluya su periodo entrenamiento", opinó. "Si ellos van a una guerra, no sabemos si vuelven."
