«Preferimos defender nuestros derechos con sangre y morir o esperar otros 500 años», exclama Esperanza Huanca, una quechua que integra el grupo de 84 mujeres en la Asamblea Constituyente que busca a toda marcha redactar una nueva ley fundamental para Bolivia.
Con 9,6 millones de habitantes distribuidos en poco más de un millón de kilómetros cuadrados de un territorio que comprende la cordillera de los Andes, los valles fértiles y los llanos amazónicos, Bolivia concentra su atención en la reunión donde las corrientes indigenistas y conservadoras se enfrentan para delinear la nueva Constitución ajustada a la realidad del siglo XXI.
"Nosotros fuimos los precursores de la Asamblea, porque queremos un cambio profundo para vivir bien", dijo Huanca a IPS en el soleado patio del colonial Colegio Junín, en Sucre, donde trabajan las 21 comisiones encargadas de elaborar el nuevo texto.
Los grupos indígenas promovieron la idea de modificar la Constitución, sancionada originariamente el 10 de julio de 1825, un mes antes de la fundación de la república en esta ciudad de Sucre, la capital de Bolivia y hoy también sede de la Asamblea.
Las agrupaciones indígenas lideradas por aymaras y quechuas, a las que se sumaron pequeñas etnias del llano y de la zona selvática del Chaco, hicieron de la constituyente una bandera de lucha.
El reclamo era ser incluidos en los debates sobre la nueva Constitución para romper así con el pasado de marginación en este país, donde más de 60 por ciento de sus habitantes se declaran miembros de alguna etnia indígena y por primera vez tiene un presidente de ese origen, el izquierdista Evo Morales.
Cuando Huanca habla de obtener una reivindicación en esta Asamblea o esperar otros cinco siglos no esconde los sentimientos de su comunidad quechua, similares a los que caracterizan la cultura aymara.
Los grupos indígenas permanecieron relegados desde el momento en que los españoles se instalaron por primera vez en esta parte de América en 1538, cuando se fundó la actual Sucre.
Los partidos y agrupaciones ciudadanas de derecha consideran que Huanca y el Consejo Nacional de naciones originarias Ayllus y Markas (Conamaq), al que ella representa, se ubican un extremo ideológico que amenaza dividir el territorio boliviano.
Los sectores conservadores afirman que los pueblos indígenas quieren fraccionar el país para reinstaurar las 36 áreas que ocuparon antes de las delimitaciones señaladas por la corona española y, luego de 1825, por la flamante república independiente.
"Somos diversos, debemos ser tolerantes y guardar respeto mutuo y después de este encuentro no debe haber ganadores ni perdedores", reflexiona Huanca mientras el sol de invierno cae inclemente sobre su piel castigada por el clima de su pueblo natal, que pende a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar al norte del departamento de Potosí, la región más pobre del país.
Su ropa tradicional es de un rosa vivo en la manta y con coloridos adornos de lana. Luce un sombrero blanco fabricado rústicamente con lana de oveja y decorado por una cinta tejida a mano, rematada por un pequeño cristal a manera de espejo.
En el hemiciclo de la Asamblea, el atuendo de Huanca contrasta con la elegancia formal y de estilo occidental de acaudalados empresarios convertidos en constituyentes. Los colores de la variada cultura y geografía boliviana se ven reflejados en los sombreros, ponchos y aguayos, un tejido andino rectangular que las indígenas usan para cargar niños u objetos en su espalda.
Huanca fue arrancada de sus tradiciones, su lengua madre y las costumbres de su pueblo. Ahora vuelve a ellas convencida de que la identidad indígena es la única bandera que su pueblo debe enarbolar orgullosamente para alcanzar la liberación.
"Con ese mal nombre —indígenas— nos han esclavizado y con esa palabra debemos liberarnos", proclama la constituyente elegida por las organizaciones originarias denominadas "ayllus charcas" de la comunidad Kara Kara, que comprende a los municipios de Caripuyo, Sacaca, San Pedro de Buena Vista, Toro Toro y Acacio.
Un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de la gubernamental Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape) señala que 96 por ciento de los habitantes de esas áreas viven en condición de extrema pobreza.
La desnutrición afecta a 43 por ciento de la población y la tasa de mortalidad infantil en el primer año de vida es de 129 niños por cada 1.000 nacidos vivos.
Huanca sufrió esa realidad. Fue abandonada de pequeña por sus padres y pasó su infancia y adolescencia en el hogar de un minero pobre que falleció a los 35 años a causa de la silicosis, una afección pulmonar muy común entre los trabajadores de los socavones de estaño de la población de Llallagua, en el departamento de Potosí.
Esta mujer sintió el desprecio de los hijos de los profesionales del pueblo. Fue marginada en la escuela por usar calzado barato de goma, el único que se pueden permitir las familias campesinas pobres. Una maestra, recuerda, la tomó por los cabellos con violencia por su imposibilidad de pronunciar correctamente el español y le prohibió hablar en su lengua, el quechua.
De niña aprendió el oficio de vendedora de bebidas refrescantes elaboradas con agua, azúcar y el sabor de duraznos secos (fresco de kisa). Su esfuerzo y actitud emprendedora la llevaron a tomar el liderazgo de las "refresqueras" de Llallagua.
"No comprendía por qué la gente me miraba con lástima y sentían que era explotada", relata. Sólo encontró la respuesta cuando supo que el maltrato que recibía de sus hermanos y otros miembros de la familia se debía a su condición de hija adoptiva, una realidad que desconoció hasta llegar a la adolescencia.
Antes de morir, el minero Juan Huanca Calisaya abandonó sus reservas y habló con su hija Esperanza para expresarle que su mayor deseo era que hubiera sido un varón, "para que perdurara el apellido". Sus palabras también reflejaban la negación de oportunidades a las mujeres indígenas, una práctica generalizada hasta hoy.
La construcción del liderazgo sindical y su permanente actuación en defensa de las personas humildes le permitieron a Huanca ganar simpatías entre su pueblo. La eligieron como "mama t'alla" (autoridad máxima en una comunidad) y a su esposo, Cancio Rojas Claure, como "cura mallku", término que también denota la autoridad de quien lo recibe.
Las comunidades campesinas del norte de Potosí, reunidas en asamblea, les entregaron el mando sobre los territorios de Kara Kara con la misión de cuidar la vida de sus habitantes y velar por los recursos naturales como el agua, los pajonales y la piedra.
De allí nace el principio ideológico del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que postula la defensa de los recursos renovables y no renovables para una vida en armonía entre el hombre y la naturaleza.
En el marco de la pelea por los derechos de su pueblo en el debate sobre la nueva Constitución, ahora en su nueva función de representante nacional, Huanca desea que las comunidades originarias sean legítimas dueñas de las tierras y se gobiernen de acuerdo a las costumbres vigentes hasta la llegada de los españoles.
Existen 36 agrupaciones indígenas en Bolivia que se oponen al "estado democrático y con autonomías departamentales" que postulan los partidos de derecha representados en la Asamblea Constituyente.
Postulan, en cambio, un Estado "unitario, plurinacional, comunitario, libre e independiente, soberano, democrático y social, que se funda en el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, descentralizado y con autonomía territorial".
