Veintiún condenados llevan años en el pabellón de la muerte de varias prisiones guatemaltecas por un vacío legal que frena las ejecuciones, pero impide recurrir a la gracia o indulto presidencial y agotar los recursos legales de defensa.
"Nunca he sido una persona conflictiva ni amante de la violencia", dice a IPS Carlos García *, un guatemalteco condenado a muerte que pasó 11 de sus 41 años recluido en penales de alta seguridad, acusado de ser el artífice de un secuestro sin deceso de la víctima.
En el Centro de Detención Preventiva de la zona 18 de la capital, este ex policía de tez oscura y bigote espeso se declara inocente y denuncia la discriminación que sufren los condenados a muerte. "Sólo les ha faltado anclarnos con grilletes a la pared", se lamenta.
En este país centroamericano las ejecuciones están suspendidas de hecho desde 2000, pero no la vigencia de la pena capital, cuyo alcance incluye delitos como el secuestro sin muerte de la víctima, la violación de menores de 10 años y otros ligados al narcotráfico.
Los condenados a morir, 16 con defensores públicos y cinco con abogados particulares, llevan entre cinco y 11 años en prisión, la mayoría en sectores aislados de presidios de alta seguridad y sin posibilidad de agotar los recursos legales en su defensa.
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Durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), el Congreso legislativo derogó el decreto ley 159 de 1892, conocido como Ley de Indultos, por lo que Guatemala carece de procedimientos que garanticen el derecho de un reo a pedir el indulto, la amnistía o la conmutación de la pena.
Esa ley regulaba el recurso de la gracia presidencial, mediante la cual el primer mandatario disponía, en última instancia, de la aplicación de la pena máxima. A partir de entonces se registra la moratoria de las ejecuciones, explica a IPS David Augusto Dávila, encargado del Programa Pena de Muerte y Ejecuciones Extrajudiciales en el no gubernamental Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.
Guatemala contraviene así tratados internacionales que ratificó, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Salvaguardias de la Organización de las Naciones Unidas para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, aprobadas en 1984 por el Consejo Económico y Social del foro mundial.
Éste es uno de los tres países de América que mantienen vigente la pena capital para delitos comunes, junto con Cuba y Estados Unidos.
Un proyecto para reestablecer el procedimiento de la gracia y devolver la potestad al presidente fue presentado en agosto de 2006 al parlamento por el pequeño Partido Unionista.
Pero según Dávila, esta propuesta "es un mecanismo idóneo para ejecutar a las personas que están en el corredor de la muerte", pues contraviene principios del derecho internacional a un plazo de apenas 30 días para que el mandatario decida sobre los casos, e incluir además la figura del silencio administrativo negativo, o denegación tácita, que da vía libre a la ejecución en caso de que el presidente no se pronuncie.
Carlos, uno de los 78 fugados en 2001 del "Infierno", la Cárcel de Máxima Seguridad de Escuintla (en el sureste) y luego recapturado, no confía en la justicia. "Las leyes están bien, pero no quienes las imparten".
Su abogado de oficio alega que los tribunales no respetaron el principio constitucional de igualdad en su condena, ya que en otros casos en la misma situación jurídica hubo conmutas por cadena perpetua.
"Abandonado" por su compañera y padre de cinco hijas, la mayor de 13 años, Carlos dice no pensar en la muerte. "Uno no asume que tiene que llegar ese momento porque es aceptar que no cuidaré de mis nietos, como tampoco he podido ocuparme de mis hijos. Es triste y desesperanzador".
"La incertidumbre ante la ejecución crea en los condenados angustia, desesperación, ansiedad, y degenera su salud", comenta Dávila y añade la estigmatización y las condiciones generales de hacinamiento y falta de servicios básicos en las cárceles, donde los motines son frecuentes.
Carlos apenas pudo salir de su celda durante cinco años. "Abrían una ventanita en la puerta para pasarnos la comida y nos sacaban sólo para ducharnos". Hace un mes lo trasladaron a un sector de la prisión, en la que están recluidas 1.500 personas, en el que agradece tener más contacto con el resto de los presos.
Su esperanza no es que le conmuten la pena. "La justicia que yo espero es mi libertad", sostiene.
"Es una tortura esperar la ejecución", dice a IPS la coordinadora nacional de la Unidad de Impugnaciones de la Defensa Pública Penal, Nidia de Corsantes, quien precisa que de las 67 condenas a muerte asignadas a su institución desde 1994, han logrado revocar 51 por errores de procedimiento y por aplicación del derecho, mientras 16 siguen vigentes.
Dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Guatemala advirtieron en 2005 que "la aplicación de la justicia no es siempre apegada al derecho" en este país y exhortaron a incorporar el recurso de gracia en la legislación, dice a IPS Diego de León, encargado del área política de la no gubernamental Fundación Myrna Mack.
Gracias a esos fallos, Fermín Ramírez, condenado por la violación y el asesinato de una niña de 10 años, y Ronald Raxcacó, por el delito de secuestro, obtuvieron conmutas por prisión.
En 1996 habían sido fusiladas dos personas, una de ellas rematada con el tiro de gracia, en ejecuciones transmitidas por televisión que despertaron tales críticas de la comunidad internacional que el Estado cambió de método.
Las últimas ejecuciones, una en 1998 y dos en 2000, se practicaron con inyección letal y pese a las peticiones de clemencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En 2006, según Amnistía Internacional, al menos 1.591 personas fueron ejecutadas en 25 países.
Sesenta por ciento de los condenados a morir en Guatemala han sido hallados culpables de secuestro, con y sin muerte de la víctima, y 40 por ciento de homicidio.
"Se ha demostrado que la pena capital no sirve como disuasivo", subraya De Corsantes. Dávila apuesta por la inversión social como única forma de reducir los delitos en un país en el que 56 por ciento de sus 12,7 millones de habitantes viven en la pobreza.
Según cifras oficiales, 5.000 personas son asesinadas por año en este país, y hay decenas de secuestros en un contexto de pandillas juveniles, o maras, crimen organizado y ejecuciones extrajudiciales. Varias encuestas dan cuenta del apoyo mayoritario a la pena de muerte y a la "limpieza social" por parte de las fuerzas del orden.
"Hay mucha hipocresía jurídica", pues "por un lado hay personas sentenciadas a morir, y por otro ejecuciones extrajudiciales. Y no es ejecutando a las personas ni judicial ni extrajudicialmente como se arreglan los problemas", considera Edgar Celada, asesor en análisis estratégico de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
En plena campaña para los comicios generales del 9 de septiembre, los candidatos prometen "mano dura" o "seguridad total".
"La población está cansada de ser víctima y sentirse en situación de vulnerabilidad ante crímenes aberrantes", argumenta Mario Polanco, director del no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), parte de una red de organizaciones contra la pena de muerte.
Según un informe del GAM, en el primer trimestre de este año se cometieron 927 asesinatos, 116 contra mujeres, 11 contra niñas y seis contra niños.
En esta espiral de violencia, las organizaciones que propugnan la abolición de la pena capital "nadan contracorriente" y son objeto de insultos de una población que las acusa "defender a los delincuentes", comenta Polanco.
En 2002, el entonces presidente Portillo envió al parlamento un proyecto para abolir la pena de muerte, rechazado casi de inmediato.
Con este clima, parece poco probable que el actual mandatario Oscar Berger, abolicionista declarado, o quien resulte electo en los próximos comicios quiera echarse encima la responsabilidad de abolir la pena de muerte o de decidir la suerte de los 21 condenados, estiman observadores.
Pese a todo, la pena de muerte es "indefendible" y "una fórmula moralmente ilícita" que "no logra los objetivos que persigue", dice a IPS el secretario de la Conferencia Episcopal de Guatemala, Gonzalo de Villa.
Es la hora de las visitas y a la entrada de la prisión decenas de mujeres, muchas de ellas con bebés, esperan en fila su turno para encontrarse con los suyos.
"Tengo miedo de llegar a morir", dice por fin Carlos. "Me da pena por mis hijas. Sólo me arrepiento de haberles faltado todos estos años".
* Nombre ficticio.
