La fiesta de graduación de Kew Chea también tuvo el objetivo de celebrar la liberación de su hermano mayor. Pero ese fue sólo el comienzo de una larga historia de frustraciones.
"Dos meses antes de la fiesta y de la liberación de mi hermano, nos dimos cuenta de que lo iban a deportar. Mi familia no tenía idea de qué quería decir eso", recordó Chea, ahora abogada.
Su familia huyó de Camboya después de la guerra de Vietnam y del fin del régimen genocida del Jemer Rojo (1975-1979). Cuando se refugiaron en Estados Unidos en 1981, Chea no había cumplido un año y su hermano tenía cuatro.
Mientras los legisladores de este país discuten el último proyecto sobre inmigración, la llamada ley Strive, defensores de inmigrantes analizan sus consecuencias en las políticas de reunificación familiar.
Las normas promulgadas en 1996, por las que miles de personas de Asia sudoriental quedaron en situación de deportación inminente, no se mencionan en el actual proyecto a estudio del Congreso legislativo.
La historia del hermano de Chea es como la de tantos niños y niñas hijos de refugiados que tratan de adaptarse a la vida en un nuevo país.
Sus padres abrieron un pequeño supermercado en el que trabajaban todo el día y no les quedaba mucho tiempo para cuidar a sus hijos. El hermano de Chea se vinculó con otros jóvenes y terminó metido en problemas. Cuando tenía 18 años, fue detenido con cuatro amigos por un delito que cometieron siendo menores.
El joven fue mal asesorado y procesado como adulto. Mientras sus amigos fueron sentenciados de dos a tres años por la Autoridad Juvenil de California, él recibió una sentencia triple en la penitenciaría del estado.
La familia creyó que una vez cumplida la pena, el joven podría retornar a su hogar. Pero en 1996 se promulgaron nuevas leyes de inmigración según las cuales los extranjeros condenados por "delitos especialmente agravados" podían ser deportados.
"Mi hermano tenía permiso de residencia y éramos refugiados políticos de un país que perseguía a sus ciudadanos y que Estados Unidos reconocía como tal. Fuimos recibidos en el marco del programa de reubicación y era impensable para nosotros que nos devolvieran a ese mismo país del que sabían estábamos escapando ", señaló Chea
Antes, los residentes permanentes acusados de un delito que corrían riesgo de ser deportados tenían derecho a una audiencia ante un juez.
En 1990 se creó el delito especialmente agravado y, según la ley, quien fuera imputado con esa tipificación y ya hubiera pasado cinco años en prisión no tendría derecho a una audiencia.
"La ley de 1996 disminuyó aún más los años de prisión para perder ese derecho", según Joren Lyons, abogado del Asian Law Caucus, organización dedicada a asesora inmigrantes asiáticos.
"Si robo una computadora me condenan por un delito menor a un año de prisión en suspenso. Debo permanecer 30 días en la cárcel y quedo en libertad. Desde el punto de vista penal sólo estuve preso 30 días, pero para inmigración, pasé a ser un delincuente con agravantes", explicó Lyons.
En ese caso, continúa Lyons, el juez no tiene por qué considerar circunstancias atenuantes.
"No importa cuánto tiempo hace que vivo aquí, ni si estoy casado con una estadounidense y tengo hijos, ni si cuento con un buen historial laboral o no tengo antecedentes penales. No importa nada", prosiguió.
"Lo único que puedo discutir con el juez de inmigración es qué posibilidades tengo de ser perjudicado en el país al que seré deportado. Puedo decirle que lo siento, pedir disculpas al dueño de la computadora o pagarla, pero nada de eso cuenta", insistió.
Además, la ley se aplica con retroactividad y toma en cuenta las sentencias previas a 1996, aunque hayan sido cumplidas en su totalidad.
Chea relató cómo funcionarios de inmigración agarraron a su hermano tras su liberación y lo enviaron al meridional estado de Arizona, a pesar de que había otros centros de detención más cercanos.
"Durante tres años nos dijeron que el mes próximo lo deportaban, y así pasaron 36 meses. Día a día, mi hermano perdía las esperanzas y pensaba que iba a pasar el resto de su vida en la cárcel", añadió.
Chea también relató cómo el sistema lo "perdió" y los padecimientos que tuvo que pasar. No sabían quién era, lo confundieron dos veces, lo enviaron de una prisión de Los Angeles a otra del oriental estado Carolina del Norte, y luego a una del meridional estado de Texas porque lo iban a deportar a Camboya en un par de días.
"Lo prepararon, y dos horas antes del vuelo lo despertaron en medio de la noche, la víspera del Día de Acción de Gracias, para decirle: 'Perdón, nos equivocamos de persona', y eso a tres estados de distancia", contó Chea.
En 2001, la Corte Suprema dictaminó que un extranjero que iba a ser deportado no podía permanecer más de 180 días en prisión si su país de origen no lo aceptaba.
Al respecto, Lyons subrayó que el proyecto Strive tiene una disposición que habilita a la detención indefinida.
"El proyecto autorizaría al Departamento (Ministerio) de Seguridad Interna a mantener personas en prisión por tiempo indeterminado bajo ciertas circunstancias. Lo terrible es que se trata de personas que cumplieron su condena, pero permanecen detenidas durante años por disputas políticas entre su país de nacimiento o ciudadanía y Estados Unidos", sostuvo Lyons.
Cuando el hermano de Chea firmó su orden de deportación, Estados Unidos y Camboya no tenían ningún acuerdo al respecto. Pero en 2002, varios meses después, ambos países firmaron un tratado.
En la actualidad, 1400 ciudadanos de ambas nacionalidades tenían orden de deportación. Ya fueron deportadas 126 personas, incluido el hermano de Chea, en agosto de 2004.
Chea, quien visitó a su hermano dos veces en Camboya, señaló que la ley afecta a los repatriados, pero también a sus hijos, cónyuges y padres en Estados Unidos, quienes deben contribuir con su sustento.
"Algunos pocos consiguen trabajo, en especial los que tienen un título. Es un país muy duro. Muchos son estigmatizados porque Estados Unidos los deportó. Nadie los quiere", señaló Chea.
Defensores de inmigrantes quieren que se restaure el debido proceso en ese tipo de casos y se permita el reingreso de los que ya deportados. Como abogada, Chea sigue confiando en el sistema legal, pese a lo que sufrió con su hermano.
"Ningún juez le dio audiencia, nadie escuchó cuál era su situación. No pensaron que tenía cuatro años cuando llegó aquí, que no hablaba camboyano ni sabía nada de ese país", sostuvo Chea.
"Aparte de su apariencia y de haber nacido en Camboya, no era camboyano, era estadounidense, era la única cultura que conocía. Criamos un niño estadounidense y lo devolvimos", añadió.
* Esta es la primera parte de dos artículos sobre las consecuencias de las políticas estadounidenses de deportación en la comunidad de inmigrantes de Asia sudoriental.
