Ochenta y tres por ciento de los votantes habilitados de Filipinas participaron este lunes en las elecciones parlamentarias parciales, otra vez signadas por la violencia, en lo que se considera un referendo sobre la legitimidad del gobierno.
La composición del parlamento, que se determinará tras un escrutinio manual que insumirá hasta un mes, no pondrá en peligro la continuidad de la presidenta Gloria Macapagal-Arroyo en los tres años que le restan el gobierno.
El oficialismo desbarató en la Cámara de Representantes de 275 miembros dos intentos de destitución presidencial. En esa cámara está previsto un triunfo de los simpatizantes de la jefa de Estado, que lleva seis años en el cargo y a la que se acusa de apelar al fraude para su reelección en 2004.
En cambio, se pronostica un afianzamiento de la oposición en el Senado, donde están en juego 12 de los 24 escaños en juego.
La campaña electoral estuvo marcada por la violencia. Al menos 120 personas murieron en incidentes vinculados con los comicios desde el 14 de enero, entre ellas 13 este mismo lunes.
En ese sentido, se registraron atentados con bomba, emboscadas y tiroteos en circuitos de votación y destrucción de registros de ciudadanos y listas de candidatos, atribuidas a insurgentes marxistas y a caudillos políticos locales.
Las elecciones en Filipinas se caracterizan por lo que se denomina en inglés las tres "g": armas de fuego (guns), sicarios (goons) y oro (gold). La última "g" se refiere a la compra de votos, generalizada en áreas rurales.
Los comicios filipinos son habitualmente escenario de violencia. En las elecciones presidenciales y municipales de 2004 murieron 189 personas, y 132 en las presidenciales de 2001.
La Comisión de Elecciones dictaminó, al cabo de la jornada, que el acto cívico había transcurrido de forma "generalmente pacífica".
En vísperas de los comicios, la Conferencia Episcopal de este país donde 83 por ciento de la población es católica llamó a la ciudadanía a custodiar la transparencia electoral.
"No permitan que nadie viole la santidad del voto. Sufraguen libremente por quien ustedes crean que avance en el bien común. Los ciudadanos que vendan sus votos a cualquier precio merecerán el gobierno que instalarán", declararon los obispos.
"Protejan su voto del soborno. Recuerden: el candidato que gana con trampa también gobernará con trampa", agregaron.
El país aún no se recupera del escándalo que involucró en 2004 a Macapagal-Arroyo y al entonces comisionado electoral Virgilio Garcillano. La presidenta inquirió al funcionario sobre el escrutinio de las elecciones de mayo de ese año en una conversación telefónica que fue grabada.
Representantes de organizaciones nacionales como el Consejo Pastoral y de Parroquias por el Voto Responsable y 219 observadores extranjeros fueron acreditados por la Comisión de Elecciones para controlar los comicios.
Además de parte de los escaños del Senado y de la Cámara de Representantes, están en juego los cargos de casi 17.500 gobernadores, alcaldes y funcionarios locales.
Seis candidatos opositores van al frente de la carrera por los 12 escaños en juego en el Senado, según una encuesta realizada los días 2, 3 y 4 de este mes. Otros cuatro oficialistas tenían su elección asegurada, de acuerdo con el mismo sondeo.
Pero aun el control opositor del Senado supone escaso riesgo para la permanencia de Macapagal-Arroyo. Los críticos del gobierno admiten que cuentan con pocas posibilidades para someter a la presidenta a juicio político, pues el trámite requiere un tercio de los votos de la cámara alta.
Con la violencia en escalada y un extenso escrutinio en curso, el ejército desplegó tropas en 46 de las 81 provincias declaradas "áreas de preocupación inmediata". Otras cuatro provincias están bajo control de la Comisión de Elecciones.
Se denomina "áreas de preocupación inmediata" las zonas donde hay fuertes posibilidades de violencia. La Comisión de Elecciones, mientras tanto, se ocupa del control de aquellas donde ya se registraron incidentes. (FIN/IPS/traen-mj/sg/rdr/ap ip hd/07)
