Los estudiantes colombianos se proponen seguir en las calles hasta poder cambiar el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que dispone, entre otras medidas cuestionadas, transferir la carga de las prestaciones sociales de profesores al presupuesto de las universidades estatales.
"El derecho a la educación ni se vende ni se negocia", arengan los alumnos universitarios y de otros sectores educativos movilizados en todo Colombia desde el 23 de este mes en contra del plan presentado al parlamento por el gobierno derechista de Álvaro Uribe.
En marcha desde La Guajira, en el extremo norte de Colombia, de Putumayo en la zona fronteriza sudoccidental con Ecuador, del central departamento de Tolima, y del oriental Meta, profesores, maestros y alumnos llegaron el miércoles a Bogotá para rechazar el proyecto del PND y otros que se tramitan en el Senado, entre ellas el de ley de Transferencias.
Esta iniciativa fue aprobada por la comisión primera de la Cámara de Representantes, hecho destacado por Uribe como una medida que "profundiza la descentralización y aumenta los recursos para salud, educación, saneamiento básico, con buen cuidado para no arruinar la Nación".
Las protestas pretenden modificar la decisión en los próximos debates, como la aplicación del artículo 38 del PND relacionado con la carga de las prestaciones de los trabajadores docentes, que hasta ahora asume el Estado en su presupuesto general.
Pocas horas antes de realizarse la concentración en Bogotá, la más grande en dos décadas, y las marchas callejeras en otras ciudades, el Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que sostiene que "el gobierno nacional es y será un defensor incondicional de la educación pública como soporte de una sociedad democrática, abierta y pluralista".
Sobre el tema central en debate, el comunicado indicó que "el objetivo del artículo 38 es proteger el patrimonio de las universidades públicas y salvaguardar a los pensionados".
Agrega que, "como lo manifestó el presidente de la República el pasado 15 de mayo ante estudiantes, profesores y rectores (…) y como lo ratificó en el Consejo Comunal (encuentros sabatinos en distintas zonas del país) del 26 de mayo, la Nación asumirá en todos los casos más de 90 por ciento de los aportes a los fondos creados para el pago del pasivo de pensiones.
La mención de este porcentaje aumentó la preocupación. La vicerrectora general de la estatal Universidad Nacional (UN) de Colombia, Beatriz Sánchez, dijo a IPS que "hace dos semanas el presidente nos habló de 98 por ciento. En caso de ser sólo 90 por ciento, lo más seguro es que lleguemos al cierre".
Tras la concentración masiva que, según Sánchez "es la más grande de los 19 años que he trabajado en la UN", el presidente Uribe señaló "que de todas maneras la Nación asumirá entre 90 y 95 por ciento de las prestaciones". "Los cambios de opinión del presidente son muy comunes. Basta seguirlo en los Consejos Comunales para confirmarlo", comentó a IPS el director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), Germán Umaña, postgrado en economía y planificación.
Umaña agregó que "los antecedentes del artículo 38 del PND están en la ley 100", de la que Uribe fue ponente en 1993 en su calidad de entonces de senador.
"A partir de 1994, al entrar en vigencia la ley 100, los profesores y funcionarios que ingresaron a la mayoría de universidades públicas debieron cotizar en otros fondos de pensiones. Se calcula que la carga previsional por todos ellos suman el equivalente a casi 1,7 millones de dólares hasta cerca de 2017", explicó Umaña.
"El porcentaje que no asume el gobierno, que está entre el 0 y 10 por ciento, es el que pasaría a las universidades públicas, afectando la investigación, el debate, la calidad de la educación", apuntó.
"Qué pasará con las facultades de Física, Química, Ciencias Humanas que requieren de recursos para su funcionamiento, o con los profesores de alto nivel, que tradicionalmente encontraron en las universidades estatales un espacio propicio para educar", se preguntó el experto.
Por su parte, los estudiantes afirman que continuarán en las marchas de protesta hasta que "logremos lo que es justo para el país y la juventud que estudia, porque el derecho a la educación ni se vende ni se negocia".
Yeison Gil y Edwin Forero, estudiantes de la estatal Universidad Pedagógica Nacional, con sus rostros pintados en la manifestación de la víspera, dijeron a IPS que continuarán "hasta que sea necesario, pero nunca hasta la muerte sino siempre por la vida".
Desmintieron, además las declaraciones del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, respecto de que la policía había logrado que las marchas fueran pacíficas. "Ese ha sido nuestro propósito y negamos cualquier opción violenta y con música y arte mantendremos la protesta hasta que seamos escuchados", puntualizaron.
Las tres marchas realizadas en las últimas dos semanas se destacaron por su carácter pacífico, en particular en Bogotá, pese al fuerte operativo policial montado por el gobierno.
Sólo se registraron algunos incidentes aislados en otras ciudades, el más grave fue en el municipio de Copacabana, en el noroccidental departamento de Antioquia, donde el enfrentamiento entre manifestantes y la fuerza pública dejó en la víspera 30 personas heridas, según el canal privado RCN.
Estudiantes de la educación básica se han unido a la protesta, a la vez que maestros, directores, académicos continúan en alerta.
La Universidad Nacional abrió un buzón de opinión para que la comunidad académica exprese posibles opciones. "Con una participación muy amplia, hemos escuchado todo tipo de opiniones", dijo la vicerrectora Sánchez.
