La mitad de la cooperación europea para Colombia irá en los próximos siete años directamente a las comunidades víctimas de la guerra y las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan.
La decisión de la Unión Europea (UE) "es un triunfo político para las víctimas", dijo a IPS Jorge Rojas, director de la no gubernamental Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Durante su visita de tres días a este país andino, iniciada el domingo, la comisaria de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Benita Ferrero-Waldner, anunció que la cooperación con Colombia en el periodo 2007-2013 se incrementará de 105 millones de euros (142 millones de dólares) a 160 millones (216 millones de dólares) para todos los programas vigentes de la UE.
Los temas que preocupan al bloque europeo son la integración social en Colombia, la integración económica regional ligada a la competitividad, la lucha contra el narcotráfico "y, por supuesto, siempre el respeto de los derechos humanos", señaló la comisaria.
"Como siempre, estos programas van por un lado hacia el gobierno pero por otro lado también a las ONG (organizaciones no gubernamentales), a la sociedad civil", respondió Ferrero-Waldner a una pregunta de IPS en la rueda de prensa en la que hizo el anuncio este lunes en la sede de la Cancillería colombiana.
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La proporción que se destinará a través del gobierno y directamente a las comunidades y a la sociedad civil es "cincuenta-cincuenta", precisó a IPS el embajador jefe de la delegación para Colombia y Ecuador de la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, Adrianus Koetsenruijter.
La UE es el primer donante mundial de cooperación, y Colombia es escenario de la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental, con una guerra de decenios en la que se enfrentan fuerza pública, grupos guerrilleros de izquierda y paramilitares de ultraderecha que actúan en apoyo del Estado.
Ferrero-Waldner destacó los tres ejes de la cooperación europea con Colombia.
El primero es "el desarrollo de iniciativas de paz y estabilidad, incluido el desarrollo alternativo y la asistencia a personas desplazadas por la violencia. Esta es la prioridad más importante y a la que se dedicarán más o menos 70 por ciento de nuestros fondos", anunció.
Según la diplomática, este eje busca "fortalecer las iniciativas en pro de la paz y fomentar el desarrollo local y alternativo, en apoyo también de las víctimas, y también del aumento en los niveles de cohesión social en el país".
El segundo eje es "el apoyo al Estado de Derecho, a la justicia y los derechos humanos" que absorben "más o menos 20 por ciento de nuestros fondos", dijo.
Ferrero-Waldner destacó "una nueva línea", de cooperación económica, con la que se espera "fortalecer la competitividad y la integración". A este eje, el tercero, se destinará cerca de 10 por ciento de la suma total.
La UE se interesa por un acuerdo comercial con los países andinos, pero de bloque a bloque. De allí el interés europeo por fortalecer la Comunidad Andina de Naciones, conformada por Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia y con Chile en proceso de reintegrarse como miembro asociado tras el anuncio del retiro de Venezuela.
El desarrollo alternativo busca apoyar el abandono de la economía de la cocaína, de la cual Colombia es primer productor mundial. El narcotráfico es hoy, además, el principal combustible de la guerra, enfrentada por Washington mediante la tercera mayor ayuda militar, después de la entregada a Israel y a Egipto.
El gobierno estadounidense consiguió el 4 de este mes que el Congreso legislativo certificara en materia de derechos humanos a Colombia, con lo cual libera 55 millones de dólares en ayuda militar que estaban congelados en espera de dicho anuncio.
Buena parte de los recursos europeos del primer eje (paz y estabilidad y desarrollo alternativo) se concentrará en varias regiones del país donde la UE respalda desde 2001 acciones en favor de la reconciliación, sobre todo a través de los llamados Laboratorios de Paz.
Estos "buscan alternativas para los cultivos ilícitos, dan una formación cívica para buscar maneras no violentas de vivir en las comunidades y apoyan la cohesión social", explicó Koetsenruijter a IPS.
En áreas especialmente golpeadas por la violencia ya funcionan dos Laboratorios de Paz, y Ferrero-Waldner anunció la creación del tercero, en el central departamento del Meta y en Montes de María, en el norte.
El III Laboratorio de Paz contará con un aporte de la Comisión Europea de más de 24 millones de euros (32 millones de dólares).
"Con eso podemos hacer muchísimo", según Ferrero-Waldner, quien también anunció un convenio con la gubernamental Alta Consejería para la Reintegración, a cargo de mantener en la civilidad a las fuerzas paramilitares, desmovilizadas parcialmente tras un acuerdo con el gobierno.
El acuerdo "prevé también el apoyo, tanto a las poblaciones colombianas desplazadas (3,8 millones según Codhes), como a las comunidades receptoras de desmovilizados, en actividades de reintegración y reasentamiento", agregó.
No se trata sólo de recursos. "Esto es un apoyo político a las víctimas. Es una forma de garantizar que las víctimas ejerzan sus derechos en medio del conflicto, porque no hay garantías", dijo Rojas, de la Codhes, la principal fuente de información sobre desplazamiento forzado.
Hasta ahora, la tendencia era que el Estado colombiano captaba la mayor proporción de la cooperación internacional a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.
"La política de cooperación del gobierno está sustentada en un modelo que confunde víctimas y victimarios, que es el que dirige Acción Social. Ahí se mezclan desplazados y reinsertados, por ejemplo", haciendo convivir a las víctimas con quienes las llenaron de terror, explicó Rojas.
Mientras los desmovilizados que han sido asignados a esas comunidades reciben atención psico-social del gobierno, las víctimas no, confirmó a IPS Frank Pearl, alto consejero para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas.
"La UE está diciendo que no solamente hay que apoyar al Estado, sino también a las organizaciones de víctimas. Esto les va a dar un gran protagonismo y las pondrá en el centro del debate público", remarcó Rojas.
"Ese posicionamiento social y organizativo es importante, sobre todo porque se trata de sectores que han sido fracturados socialmente, como los sindicatos, las organizaciones campesinas. Y ahora las víctimas asumen una bandera en función de recuperar ese imaginario de cohesión social", agregó.
"Las víctimas, pero también el conjunto de las sociedad, requieren de un esfuerzo mayor, que creo que en la UE deben entenderlo, para una recuperación psico-social. No se puede pensar en reconstruir el país, la nación, la sociedad, si no trabajamos los efectos" de la guerra en millones de personas, dijo Rojas.
"Creo que ahí apunta la UE, y que la cooperación internacional puede sufrir una cierta reestructuración, o si se quiere un remezón político", vaticinó.
"Es un triunfo de las víctimas. Es un triunfo de la sociedad colombiana", según Rojas.
Sin embargo, "la cooperación europea es complementaria de una responsabilidad del Estado. En Codhes confiamos más en lo que haga la Corte Constitucional", que exige al Estado parámetros específicos e indicadores que garanticen la materialización de los derechos de los desplazados como obligación estatal.
La cooperación internacional debe "facilitar y apoyar estas iniciativas del Estado colombiano", que aún debate desde cuándo una víctima es víctima: si a partir del momento del delito que sufre, de su denuncia penal o de su reconocimiento legal como tal.