En clima de hermetismo, los gobiernos de Argentina y Uruguay se preparan para asistir el miércoles a una reunión en Madrid, convocada por España para destrabar el conflicto entre los dos países sudamericanos por la instalación de una fábrica de celulosa en un río compartido.
Las posiciones públicas de Montevideo y Buenos Aires no se apartan de lo irreductible. El gobierno argentino planteará que la fábrica de la empresa finlandesa Botnia, cuya construcción finalizará en octubre, se mude de su actual emplazamiento sobre el río Uruguay. La delegación uruguaya rechazará tal extremo e insistirá en que mientras persistan los cortes de los pasos internacionales por parte de manifestantes argentinos no negociará.
Pero entre las cartas que las dos delegaciones pueden intercambiar en Madrid figuran la discusión de cambios al estatuto de administración conjunta del río Uruguay, que abarque cuestiones ambientales no contempladas cuando se negoció en los años 70, un tope a la producción de la fábrica, que tiene capacidad para un millón de toneladas de pulpa de papel por año, y la construcción de una cañería que llevaría los líquidos residuales aguas abajo, casi hasta el estuario del Río de la Plata.
La iniciativa de reunir a representantes de los dos países, que suspendieron contactos hace 14 meses, surgió de las gestiones realizadas desde noviembre por el embajador permanente de España ante la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Yáñez Barnuevo, designado por el rey Juan Carlos de Borbón para acercar a las partes.
"Somos pesimistas", es la frase que repiten funcionarios del gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez. También reiteran que "con los puentes bloqueados este país no negocia" y agregan que la propuesta argentina de reubicación de la fábrica no es de recibo.
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Sin embargo, IPS pudo saber que una de las fórmulas a manejar por Montevideo, en caso de que se abriera algún resquicio para negociar, es la construcción de un caño colector que llevaría los efluentes de Botnia varios kilómetros río abajo y, como contrapartida, aceptar la reformulación del Estatuto del Río Uruguay, vigente desde 1975.
El conducto que alejaría los efluentes de Botnia casi hasta la desembocadura del Uruguay en el Río de la Plata, sería una suerte de seguro ambiental que se activaría en caso de contaminación, como los de los automóviles ante siniestros, y se solventaría de modo conjunto, explicaron las fuentes uruguayas.
Al estatuto se incorporarían cláusulas de protección ambiental, que por su antigüedad no tiene, además de otros elementos de orden jurídico que obligarían a ambos gobiernos, añadieron.
En el marco de no dejar caer la oportunidad abierta para el diálogo, Montevideo mantendrá su ofrecimiento de control ambiental conjunto al funcionamiento de la fábrica, "demostrativo de la buena voluntad uruguaya de superar el diferendo", dijo el lunes quien encabezará la delegación, el canciller Reinaldo Gargano.
"Es facilitar al vecino, que comparte la administración del río Uruguay con nosotros, que intervenga en la construcción y la gestión de una planta sobre territorio uruguayo, donde el gobierno ejerce la soberanía y es de acuerdo a sus leyes que se deben construir las plantas y se deben construir las mismas", señaló.
La propuesta argentina de reubicar la planta de celulosa lejos del río Uruguay y el financiamiento para ello, así como la iniciativa uruguaya de control ambiental conjunto estuvieron sobre la mesa de negociaciones en la comisión de alto nivel que trabajó un año y fracasó a comienzos de 2006, mientras la fábrica no estaba construida.
La delegación uruguaya estará conformada por Gargano, el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, el director general de la cancillería, José Luis Cancela, y la directora de Medio Ambiente, Alicia Torres.
Versiones periodísticas han sugerido que Argentina desistiría de pedir la reubicación de la fábrica, pero a cambio de un mecanismo jurídico para limitar su producción, además de que podría aceptar la propuesta uruguaya del control conjunto de la calidad de las aguas.
Las versiones fueron desmentidas por el jefe de Gabinete argentino, Alberto Fernández. "No estamos trabajando en eso. No vamos a plantear semejante cosa", dijo en alusión a un posible anexo del Estatuto del río para restringir la producción de Botnia.
Una fuente de la cancillería dijo al diario argentino Clarín que Buenos Aires "nunca tuvo la intención de renegociar el tratado". "Hacerlo sería abiertamente contradictorio con uno de los elementos centrales de nuestra posición en la controversia: la violación reiterada del tratado por parte de Uruguay", añadió.
Pero Buenos Aires decidió no contestar públicamente una carta con cinco puntos presentada el lunes por activistas de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, ciudad del nororiente de Argentina distante unos 25 kilómetros de la fábrica de Botnia y principal foco de resistencia ecologista a la instalación de la industria de la celulosa en ese lugar.
En una reunión de dos horas en la noche del lunes, los ambientalistas presentaron a Alberto Fernández sus reclamos de que Argentina no cambie en Madrid la posición sostenida hasta ahora. Fuentes del gobierno argentino dijeron a IPS que no habría una respuesta pública y que el gobierno argentino acudirá sobre todo a escuchar lo que proponga España.
Según los activistas, Fernández les aseguró que la delegación mantendría el reclamo de reubicación de la fábrica, pero les pidió que dejaran de cortar los puentes internacionales con Uruguay, una medida intermitente que se ha mantenido durante varios meses desde fines de 2005.
Los ambientalistas salieron satisfechos del encuentro. "Queremos que la nueva localización esté fuera de la cuenca del río Uruguay, y si es posible, fuera de Sudamérica", dijo a IPS José Pouler, Asamblea de Gualeguaychú, que movilizó a unos 200 activistas hasta Buenos Aires para conseguir audiencia con el gobierno.
Además de Fernández, la delegación argentina estará encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, la consejera legal de la cancillería, Susana Ruiz Cerutti, la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, y el gobernador electo de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri, distrito al que pertenece Gualeguaychú.
Tras ser recibidos por el canciller español Miguel Ángel Moratinos, los ministros discutirán un temario abierto en varias reuniones, presumiblemente hasta el viernes.
El conflicto fue llevado el año pasado por Buenos Aires ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, facultada por el estatuto para dirimir las controversias sobre la administración del río. Argentina sostuvo que el gobierno uruguayo había violado ese tratado al autorizar la instalación de dos fábricas de celulosa, la de Botnia y la de la española ENCE, que posteriormente desistió de esa ubicación.
La última vez que se reunieron Vázquez y su par argentino Néstor Kirchner en busca de una solución fue el 11 de marzo de 2006 en Chile. Allí acordaron una suspensión de las obras por 90 días para estudiar el impacto ambiental de los proyectos. Pero el entendimiento fracasó cuando Botnia se negó a interrumpir los trabajos de construcción.
La crisis comenzó en 2003, cuando activistas uruguayos y argentinos empezaron a expresar resistencias a la llegada de la industria de la celulosa a la zona ribereña, por su potencial peligro para la explotación turística y agrícola a ambos lados del río Uruguay.
La protesta adquirió grandes proporciones del lado argentino. Buenos Aires pasó de aceptar parcialmente las propuestas de Montevideo a rechazarlas, en consonancia con la creciente campaña de los vecinos de Gualeguaychú, que utilizan como medida de lucha los bloqueos de los puentes internacionales entre los dos países.
La cuestión de fondo planteada en La Haya es la interpretación del proceso de consultas establecido en el estatuto para la instalación de diferentes tipos de proyectos que afecten el río. Mientras Montevideo sostiene que cada país no tiene derecho a vetar iniciativas de la contraparte en su territorio soberano, Buenos Aires afirma que sí.
