AMBIENTE-ARGENTINA: Justicia no quiere minas peligrosas

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que puso una lápida sobre el proyecto de explotación de oro con cianuro de una firma transnacional fue aplaudido por organizaciones ambientalistas, que destacan el precedente jurídico que sienta.

La sentencia no se pronuncia sobre la contaminación o no del proyecto de Minera El Desquite SA en la austral provincia de Chubut ni tampoco le prohíbe operar, pero Gustavo Macayo, abogado de los vecinos movilizados contra el yacimiento, confirmó a IPS que con esa decisión "se agota" la instancia judicial y "la paralización de la obra queda firme".

Pero además, la sentencia repercutirá en otros ámbitos, ya que "reconoce la facultad de las provincias a regular localmente el cuidado del ambiente y de reglamentar o restringir actividades aún cuando éstas se encuentren avaladas por leyes nacionales", remarcó el abogado y también residente en Chubut.

La decisión tomada por el máximo tribunal argentino indica su rechazo al recurso de queja presentado por la firma minera, subsidiaria de la compañía multinacional Meridian Gold, tras fracasar en todas las instancias judiciales provinciales, que había frenado en 2003 el llamado Emprendimiento Minero Cordón Esquel.

La Corte desestimó los argumentos de la empresa, respecto de que su proyecto se ajustaba a las leyes nacionales. Señaló en el dictamen emitido el 17 de este mes que "no hay colisión" sino que el Estado nacional establece "presupuestos mínimos de protección" y las provincias pueden complementar esa normativa.
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En Chubut rige una ley, sancionada en 2003, que "prohíbe terminantemente la actividad minera metalífera a cielo abierto, así como la utilización de cianuro" para la producción de oro y plata en todo el territorio provincial. La firma de capitales canadienses no cumplía con los requisitos ambientales que se exigen en esa normativa.

Argentina vive un boom de la minería, al punto de que en poco más de dos años la cantidad de proyectos creció 400 por ciento, concentrados del lado oeste del país, en el cordillerano límite con Chile.

El auge obedece al incremento de los precios en los mercados internacionales de los metales y también a la vigencia de una legislación argentina favorable a las inversiones en el sector.

La concesión para el proyecto Minera El Desquite fue otorgada por el gobierno provincial de Chubut en 2002. El mineral se extraería de un yacimiento a tajo abierto a solo seis kilómetros de la localidad de Esquel, que cuenta con 40.000 habitantes, y utilizando cianuro para desprender los metales de la roca.

Vecinos de esta localidad rechazaron el proyecto por el riesgo de que contamine el agua y el aire del lugar.

Para hacer efectiva la protesta formaron la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel que tuvo su máxima conquista cuando la comuna llamó a una consulta popular no vinculante en 2003, instancia en que 81 por ciento de los votantes se pronunció en contra dijo "no" a la mina.

Un mes antes del plebiscito, la justicia provincial había aceptado un recurso de amparo y había ordenado suspender el emprendimiento hasta contar con un estudio de impacto ambiental sometido a la aprobación de una audiencia pública. Esos pasos no los cumplió la empresa, que prefirió seguir reclamando en otras instancias judiciales. El plan de Minera El Desquite está trabado desde entonces, pero la concesión otorgada por el gobierno provincial se mantiene, según denunciaron los vecinos en una manifestación realizada el 23 de marzo para recordar el cuarto aniversario del plebiscito.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia es una victoria para las organizaciones de la sociedad civil que resisten los proyectos mineros que usan cianuro.

"La movilización de vecinos, la consulta popular y los fallos de la justicia provincial ya habían legitimado este reclamo, pero con la sentencia de la Corte Suprema se crea un importante precedente", dijo a IPS Javier Rodríguez Pardo, del Movimiento Antinuclear de Chubut.

De todos modos, Rodríguez, devenido en activista contra la minería en apoyo de movimientos surgidos en diversas provincias, consideró que con los fallos judiciales no alcanza. "Es fundamental la movilización social, pues como nos dijo una vez un juez de San Juan, ‘debe haber gente en la calle’", remarcó.

El activista aludió así a la inacción judicial en la localidad de Jachal, en la occidental provincia de San Juan, donde hay menos resistencia al avance de la empresa multinacional canadiense Barrick Gold, que encara el proyecto Pascua Lama de extracción de metales preciosos a cielo abierto en una zona de la cordillera de los Andes, que abarca a Chile y Argentina.

Para evitar el avance de otros emprendimientos de ese tipo, el intendente de la localidad de Calingasta, en la misma provincia, reclamó que junto con las elecciones nacionales y provinciales de octubre se realice en esa ciudad un plebiscito como el de Esquel, con el fin de frenar seis cuestionados yacimientos que usarán cianuro.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) consideró como "un revés para la minería a cielo abierto" el fallo de la Corte. "De esta forma se sienta un precedente muy importante, ya que se exige la paralización total de las obras hasta que no se cumplan los requisitos legales de esa provincia", subrayó.

En diálogo con IPS, Daniel Taillant, director de Cedha, destacó que hay una tendencia creciente de reclamos sociales por problemas ambientales en Argentina en los últimos cinco años. Agregó que la justicia "refleja" esa tendencia mediante sus fallos y citó el caso del Riachuelo en Buenos Aires, el río más contaminado de Argentina.

En ese caso, la Corte Suprema de Justicia ordenó al estado nacional, provincial y comunal, y a las empresas contaminadoras a presentar un proyecto de saneamiento y control de la contaminación, así como diseñar una política que atienda los impactos ambientales y en la salud de la población que vive en la ribera de ese río que desemboca al sur de Buenos Aires en el Río de la Plata.

El Cedha destacó que hubo otras pequeñas batallas ganadas en otras provincias a partir de resoluciones locales. En la noroccidental provincia de La Rioja, Barrick Gold debió desistir de avanzar en un emprendimiento de explotación metalífera en la localidad de Famatina tras la sanción de una ley que considera ilegítimo el uso de cianuro.

Una prohibición similar se dictó en la vecina provincia de Tucumán, prohibiendo la extracción con cianuro. En ambos casos, remarca Cedha, la decisión de las legislaturas provinciales estuvo motivada por la presión de asambleas de vecinos que rechazan los proyectos que puedan contaminar el aire, el agua o el suelo.

"La opinión pública juega un papel cada vez más importante en el diseño de políticas públicas ambientales", concluyó y destacó el movimiento de vecinos de Gualeguaychú, la localidad de la oriental provincia de Entre Ríos que rechaza la radicación de una fábrica de pasta de celulosa en la margen uruguaya de un río compartido por su posible efecto contaminante.

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