La situación de los inmigrantes en España, que pese a reforzar la economía son quienes ven más vulnerados sus derechos laborales, no aparece en las proclamas y reclamos de las centrales sindicales que preparan la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores.
La Unión General de Trabajadores (UGT), afín al socialismo gobernante, y la procomunista Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), las organizaciones sindicales mayoritarias del país, reclamaron en conjunto este viernes que haya más igualdad laboral y "un empleo de calidad", pero sin referirse a la situación de los inmigrantes.
Ese empleo de calidad es la falta que más siente la inmensa mayoría de los extranjeros en el país, ya que sólo una minoría desempeña actividades profesionales dignas y bien remuneradas.
El número de extranjeros con contrato de trabajo es superior al de los que carecen del mismo, pero aún así los ingresos y modalidades laborales son superiores para los españoles que realizan las mismas.
La masiva afluencia de trabajadores del exterior tuvo un gran efecto positivo en la economía española.
[related_articles]
Un estudio de Caixa de Catalunya, una de las más fuertes cajas de ahorro de España, mostró que de 1995 a 2005 el trabajo de los inmigrantes contribuyó en un promedio de 3,2 por ciento al crecimiento al producto interno bruto (PIB).
Ese aporte hizo posible que el PIB nacional creciera promedialmente 2,6 por ciento en vez de haber descendido un 0,6 por ciento.
Cifras oficiales indican que en la actualidad hay 2,6 millones de inmigrantes con empleo, 1,8 millones de los cuales están contratados y cotizan a la seguridad social, mientras que el resto está en situación irregular.
Esa falta de contrato laboral, además de dejarlos fuera de la seguridad social, sin cotizar para jubilarse ni derecho al seguro de desempleo, los condena a recibir salarios inferiores. La mayoría de los extranjeros sin contrato trabajan en tareas rurales, en la construcción y en el servicio doméstico.
El ecuatoriano Alberto Gómez, quien trabaja como albañil en un edificio en construcción en Madrid, relató a IPS el modo en que llegó a España y su situación actual.
"Yo estaba viviendo con mi mujer y tres hijitos en Quito, donde trabajaba pero apenas me alcanzaba para vivir. Entonces un amigo me contó que había unos españoles ofreciendo trabajo (en este país) y que además te prestaban el dinero para comprar el pasaje y venir, asegurándote un trabajo aquí", dijo.
"Hablé con uno de esos españoles y me dijo eso, que me prestarían el dinero y que nada más llegar a España tendría trabajo. Y así fue, apenas llegué me llevaron a una pensión en la que comparto dormitorio con otros ecuatorianos y empecé a trabajar", narró.
Pero, explicó a continuación, él ignoraba y nadie le dijo que en España no podría trabajar con contrato y sujeto a las obligaciones y beneficios legales, pues había viajado sin solicitar primero un visado en el consulado español en Ecuador.
Ahora, si decidiese pedir ese visado, tendía que volver a su país y realizar allí todos los trámites, "algo prácticamente imposible, por el costo del viaje y porque además puede tardar más de un año".
Por eso trabaja de ocho a 10 horas diarias y gana poco más de la mitad de lo que le pagan a un español o a un emigrante regularizado para hacer la misma tarea.
"Me alcanza para vivir y mandarle algo a mi familia, pero no puedo traer a mi mujer y a mis hijos, pues no tengo la residencia y porque el dinero que gano no me alcanza para pagarles los pasajes", concluyó.
Una prueba del extremo al que llega el rechazo de los inmigrantes en España lo dio últimamente el gobierno del Paraguay, pese a no ser el mayor expulsor de trabajadores hacia este país europeo. Ese primer lugar es ocupado por Ecuador en los que respecta a América Latina y el Caribe.
El presidente del Paraguay, Nicanor Duarte, a través de su embajada en España, informó que había cancelado la visita oficial que tenía prevista realizar el 7 y 8 de mayo, en protesta por la política de Madrid hacia sus compatriotas inmigrantes.
La embajada paraguaya destacó que sólo en la primera quincena de este mes habían sido expulsados y enviados de regreso a su lugar de origen unos 300 ciudadanos de ese país, desde el mismo aeropuerto de Barajas, en Madrid.
Una situación particularmente negativa también viven muchas mujeres inmigrantes. Más allá de aquellas que tienen formación profesional y que por carecer de visado se ven obligadas a realizar servicios domésticos, sean en casas de familia, restaurantes u hoteles, están las que son obligadas a prostituirse.
Joan Cantarero, quien fue portavoz de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, dijo a IPS que hay unas 300.000 mujeres prostituidas en el país, la mayoría de las cuales proceden de Europa oriental y de África y muchas de ellas ejercen esa actividad en condiciones de verdadera esclavitud.
En la mayoría de esas empresas, conocidas como "clubes de alterne", las mujeres prostituidas carecen del derecho a salir de los locales, por ejemplo.
También son mayoría las que llegaron atraídas por verdaderas "mafias" con promesas de trabajo legal y que al arribar a España les retienen sus pasaportes además de recluirlas en dichos "clubes".
La ilegalidad o irregularidad en el trabajo trasciende las fronteras españolas. Expertos de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Euopea, realizaron un estudio en el cual encontraron que esa modalidad laboral está en aumento en toda la región.
Por ello, el área responsable del sector laboral de la Comisión pidió a los estados miembros del bloque que incrementen sus esfuerzos para cuantificar el trabajo ilegal, reducirlo y transformarlo en empleos legales.
Los secretarios generales Cándido Méndez, de la UGT, y José María Fidalgo, de CCOO, en conferencia de prensa realizada este viernes con vistas a la celebración del 1 de Mayo, se manifestaron muy optimistas sobre la situación de los trabajadores y en primer lugar destacaron que hubo "una importantísima reducción de la temporalidad", lo cual hizo crecer la cantidad de personas contratadas por tiempo indefinido.
Méndez subrayó que es la primera vez que las estadísticas españolas proporcionan un dato semejante ya que "jamás en un trimestre había bajado tanto la temporalidad".
Ese fenómeno, destacaron ambos sindicalistas, se debe a los acuerdos suscriptos por las centrales sindicales con la patronal y el gobierno para la reforma del mercado del trabajo, que entró en vigor el 1 de julio del año pasado.
Pero los dirigentes de los trabajadores también reclamaron la modificación del modelo productivo, "inyectando capital tecnológico y procurando una mejor formación del capital humano", para evitar la reubicación de empresas.
El anunciado traslado de Delphi, una empresa ubicada en la meridional ciudad de Cádiz, ha provocado huelgas y reclamos pues, señalaron, "está en juego el trabajo de 4.000 familias".
