Una niña de cuatro años murió en medio de la balacera a plena luz del día entre dos guerrillas colombianas en el pueblo venezolano El Amparo, en las llanuras del suroeste bañadas por el fronterizo río Arauca.
El 12 de febrero, Día de la Juventud en Venezuela, grupos de estudiantes secundarios se congregaron en la Plaza Bolívar de Guasdualito, población ubicada 600 kilómetros al suroeste de Caracas y a pocos minutos de la frontera, para protestar por el reclutamiento forzoso de jóvenes que hacen en la zona grupos irregulares colombianos y venezolanos.
A inicios de marzo, en El Nula, otro poblado cercano, cuando llegaba al cementerio el cadáver de un asesinado en circunstancias no aclaradas, los acompañantes cubrieron su ataúd con una bandera del insurgente e izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.
En lo que va de 2007, "hemos tenido 35 muertes violentas en la zona, y la situación se torna por momentos crítica, porque hay presencia de los distintos grupos armados irregulares", dijo a IPS Jorge Rodríguez, alcalde del distrito especial Alto Apure.
El Alto Apure, un territorio de 25.000 kilómetros cuadrados y casi 200.000 habitantes, comprende un recodo sudoccidental de las llanuras venezolanas fronterizas con Colombia y ha sido durante décadas espacio de incursión de guerrilleros, abigeos, narcotraficantes, paramilitares, contrabandistas y secuestradores.
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"Aquí ya hay una costumbre de ver y oír pero callar. El que diga que sabe quién mató a alguien puede amanecer muerto", resumió a IPS David, un transportista de la zona mientras esperaba pacientemente para cargar gasolina en uno de los pocos expendios de Guasdualito, donde el carburante, diez veces más barato que en Colombia, se vende en horarios estrictos y bajo vigilancia militar.
La gente en el Alto Apure "es como sorda, ciega y muda, prefiere cuidarse y no hablar", admitió Rodríguez, "y yo mismo cuido de no comentar demasiado para no entorpecer el trabajo de otras autoridades". Toda la seguridad en la zona es responsabilidad de un militar Teatro de Operaciones, al mando de un general del ejército venezolano.
Euclides Martínez, activista de la organización humanitaria católica Cáritas en Guasdualito, observó a IPS que "ahora es como más pública una violencia que siempre se había manifestado, y no es sólo política o extensión del conflicto colombiano, sino que se mezclan situaciones de hampa común, venganzas personales, de todo".
Esa opinión la comparte José Sieber, de la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). "Es posible observar picos o alzas en el flujo de refugiados, que es por goteo y no por oleadas, cuando arrecian los choques por el conflicto político en el lado colombiano", dijo a IPS.
Años atrás, las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y, sobre todo, el ELN, incursionaban en la zona desde el vecino país y regresaban a él, pero los nuevos hechos parecen dar cuenta de una presencia permanente.
La balacera en El Amparo que costó en febrero la vida de la niña Naiber Piñero fue un choque por control de territorios en la zona entre unidades de las FARC y el ELN, según sostuvo Esther Hernández, integrante de un consejo comunal (organización comunitaria) de la zona.
Las FARC y el ELN libran una lucha "fratricida" desde hace un año y medio en el sudoccidente y el oriente colombianos. Refugiados que llegaron a Guasdualito huyendo de esos choques dijeron a IPS que aunque en Venezuela se sienten más seguros "siempre hay temor por lo que nos puedan hacer, porque la frontera está muy cerca".
Pero además, desde comienzos de la década pasada tiene presencia en todo el suroeste de Venezuela, Andes y Llanos, un grupo armado irregular venezolano, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), de liderazgo y objetivos prácticamente desconocidos aunque en algunos de sus panfletos proclaman lealtad al presidente Hugo Chávez.
Rodríguez, un ganadero de la zona que fue militar profesional, declara ignorar cómo se sostienen las FBL, aunque acoge la tesis de que en su origen fue un grupo impulsado por el ELN a modo de avanzada en suelo venezolano.
"Si su objetivo era defender el proceso que dirige Chávez, ya no tienen razón de ser, porque al presidente y al gobierno lo defienden las fuerzas regulares", comentó.
El sacerdote jesuita Armindo González, quien fue párroco en Guasdualito —población de unos 40.000 habitantes—, denunció que las FBL tienen "una campaña de reclutamiento de jóvenes", tras lo cual el diario caraqueño El Universal recibió un documento de los irregulares que negaba la denuncia, pues "como organización revolucionaria respetamos el derecho de los niños y adolescentes, la razón de nuestras luchas".
Luis Carrero, de la Defensoría del Pueblo, valoró que los jóvenes de la zona se manifestasen en contra el reclutamiento forzoso, "que desde hace tiempo se registra en zonas rurales y avanza a los liceos", porque en la frontera "se vive una guerra silenciosa provocada por los irregulares, y los ciudadanos guardan silencio por temor a perder la vida".
Habitantes de Guasdualito recogen la jerga propia de esa guerra, y si los del ELN son "elenos", los de las FARC "farrucos", los de las FBL son "boliches", y también están los "paras", paramilitares colombianos de ultraderecha, que han dejado su marca en grafitis de carretera. "Las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) siempre presentes", reza uno a la entrada del pueblo.
Algunos, como Martínez, creen que las guerrillas colombianas no escalarán la violencia en la zona porque con ello pueden destruir un espacio que ocasionalmente utilizan como refugio, aliviadero y fuente de aprovisionamiento de víveres y utensilios.
La tesis de Rodríguez es que el combate a los irregulares debe hacerse en dos frentes: "Luchar contra la marginalidad, con programas que atiendan los problemas sociales, obras de infraestructura que den empleo, más educación y salud", sería lo primero.
Por otro lado "es preciso que el ejército y el gobierno den la respuesta militar necesaria, concatenada con la acción social", dijo Rodríguez, y se incrementen y doten los puestos de vigilancia. En todo el suroeste hay miles de soldados desplegados, y el general Carlos Briceño, comandante militar de la región, anunció un incremento de 1.700 efectivos.
Rodríguez consideró por último que el Alto Apure, que con llanuras más bajas al este conforma el estado de Apure, de 76.500 kilómetros cuadrados y 470.000 habitantes, puede beneficiarse si se le separa como un estado nuevo y por esa vía se le dota de mayores recursos fiscales.
