La Cumbre Regional sobre Droga, Seguridad y Cooperación celebrada este viernes en República Dominicana no despertó el interés de actores sociales que advierten en encuentros como éste sólo «alardes y protocolos» que «no aportan ninguna salida».
De hecho, la sociedad civil no fue invitada a la reunión, restringida a gobernantes de Haití, República Dominicana, Colombia, Trinidad y Tobago y San Vicente y las Granadinas y a autoridades de organismos internacionales.
La declaración final recogió 12 puntos, entre los que se destacan la necesidad de esfuerzo para buscar más canales de cooperación e impulsar la creación de observatorios nacionales de drogas que trabajarían en conjunto con los internacionales de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.
"Hemos visto que en otras ocasiones se han desarrollado reuniones como esta, pero no tienen contacto con la realidad y todo se queda sólo como una declaración de intención", dijo a IPS Juan Radhamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta, una institución dedicada a prevenir el uso indebido de drogas.
De la Rosa entiende que la región, y sobre todo República Dominicana y Haití, carecen de "planes antidrogas reales. La lucha siempre se centra en la compra de armas y eso obedece a razones comerciales".
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"En las cumbres siempre se ha beneficiado la persecución y se olvida la demanda", planteó Leopoldo Díaz, director del no gubernamental Hogares Crea, que cuenta con 37 centros de atención a más de 1.800 personas con problemas de adicción en este país.
"Es perder el tiempo hablar de que el tráfico se ha incrementado como siempre se dice en las cumbres, cuando eso ya se sabe", añadió. "Da la impresión de que los especialistas no han entendido que el asunto de las drogas es un problema de salud y hay que verlo como tal", sostuvo Díaz.
Otro punto de la declaración conjunta propone fortalecer la participación de la sociedad civil en tareas de prevención, monitoreo, educación y rehabilitación, y consolidar los mecanismos regionales para combatir el problema mundial de las drogas, en particular el narcotráfico y los delitos correlacionados, como el tráfico de personas.
La declaración final fue leída este viernes al término del encuentro regional.
El experto Eduardo Gamarra presentó ante la Cumbre el Diagnóstico del Problema de las Drogas en la Región del Caribe, según el cual existen 14 millones de consumidores de cocaína en el mundo, de los cuales dos tercios viven en América.
La industria de las drogas ilícitas alcanza 322.000 millones de dólares, más de 88 por ciento del producto bruto mundial, afirma el estudio de Gamarra, director del Centro para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida.
Las incautaciones en Haití se han reducido en los últimos años, mientras "el cargamento de drogas de Venezuela a la (isla de) La Española se incrementó en 167 por ciento de 2005 a 2006", sostuvo Gamarra.
La Española tiene una superficie de 77.914 kilómetros cuadrados compartidos por Haití y República Dominicana, y es sobre todo una zona de tránsito para las drogas.
El presidente haitiano René Préval destacó que "los 1,500 kilómetros de costa no protegida, los puertos no controlados, las pistas de aterrizaje clandestinas, las dificultades de la policía, el mal funcionamiento del aparato judicial, la corrupción, la fragilidad de la democracia y el contrabando hacen que Haití sea un terreno privilegiado para los traficantes de drogas".
"Lamentablemente", su país está "en el camino entre los mayores productores y los mayores consumidores", en referencia a las naciones andinas, encabezadas por Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, y a Estados Unidos, el primer mercado mundial de drogas.
"Estamos en el punto de tránsito de unos productores que quieren vender y unos consumidores que tienen prisa en consumir", abundó. Por eso pidió a Estados Unidos que "no nos dejen solos a los países pequeños".
En la Cumbre, de sólo siete horas, estuvieron presentes también los mandatarios Leonel Fernández, de República Dominicana, y Álvaro Uribe, de Colombia, y los primeros ministros Patrick Manning, de Trinidad y Tobago, y Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas.
