La revuelta social de 2006 en el sureño estado mexicano de Oaxaca fue la historia de lucha entre un grupo no partidista que anhelaba cambios sociales y poderes fácticos que los aplacaron con una dura estrategia «jurídica, policíaca y militar».
En el campo de batalla quedaron 23 muertos, cientos de detenidos, una cantidad no precisada de desaparecidos y múltiples evidencias de abuso de poder e impunidad.
Esas son las conclusiones centrales de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que este viernes presentó al gobierno de México el informe final de su visita realizada a Oaxaca entre diciembre y enero, durante la cual hizo 410 entrevistas.
Las evidencias de que en Oaxaca se cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos son contundentes y están documentadas desde el año pasado, pero "vemos con preocupación que el gobierno actual (del presidente Felipe Calderón) no ha tomado medidas para sancionarlas", dijo a IPS el español Iñaki García, portavoz de la CCIODH.
En Oaxaca persisten la tensión y los problemas que generaron las revueltas, pero las autoridades se niegan a reconocerlo, sostuvo.
Oaxaca, un estado con altos niveles de pobreza y fuerte presencia indígena, vivió en 2006 un levantamiento contra el gobierno estadual, encabezado por Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El movimiento duró más de seis meses y dejó unos 350 detenidos y 370 heridos.
Protagonista de la revuelta, iniciada como una acción de profesores que exigían mejores salarios, fue la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), integrada por decenas de pequeños grupos sociales y políticos, gran parte de ellos de izquierda.
El talante del informe de la CCIODH —que reitera algunos señalamientos de otras organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, y nacionales, como la Liga Mexicana por los Derechos Humanos— despertó inquietud en el gobierno de Calderón, según supo IPS.
Se trata de un documento que incluye escasas referencias y testimonios de autoridades y gobernantes acusados y privilegia la voz de los grupos sociales y de las víctimas.
El documento se abre con una dedicatoria a "los hombres, mujeres, niños y niñas de Oaxaca que, por defender el derecho a la libertad y la dignidad de las personas y los pueblos, han sufrido encarcelamientos, golpes, maltratos y abusos, hasta la muerte, sin perder por ello, el deseo de una vida mejor y más justa para todos".
García aceptó que podría haber sectores que acusen a la comisión de parcialidad, pero afirmó que se debe entender que la CCIODH es un grupo humanitario que se pone del lado de la "gente afectada". Además, argumentó, sus conclusiones no son muy diferentes a las de otras organizaciones de derechos humanos.
La CCIODH fue creada en 1998 por activistas, especialmente europeos, con el exclusivo propósito de investigar a México. Muchos de sus miembros, que se declaran "apartidarios", financian sus viajes de observación con recursos propios.
Antes de estudiar el caso Oaxaca, hicieron otras cuatro visitas previas: en 1998, 1999 y 2000 analizaron la situación en el también sureño estado de Chiapas, asiento de la desarmada guerrilla zapatista, y a mediados de 2006 estuvieron en San Salvador Atenco, una zona vecina de la capital en la que hubo duros enfrentamientos entre policías y pobladores.
"Esperamos que nuestra nueva presencia en México y la difusión de este nuevo informe ante el gobierno de Calderón y luego en el Parlamento Europeo y en la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la (Organización de las Naciones Unidas) potencien la adopción de medidas", señaló García.
La CCIODH exhorta a restablecer los canales de diálogo entre el gobierno y los movimientos sociales en Oaxaca, pues a su entender el "conflicto sigue abierto", dijo García.
Además, se deben esclarecer a la brevedad las violaciones de derechos humanos y los asesinatos atribuidos al gobierno de Ruiz, quien continúa gobernando, pese a ser acusado de autoritario y represor.
El conflicto, en el que se denunció la acción de grupos armados irregulares, fue aplacado en noviembre con represión policial, cuando aún gobernaba Vicente Fox (2000-2006).
La mayoría de actividades cotidianas en Oaxaca se realizan ahora sin mayores problemas. Aunque persisten las movilizaciones de algunos grupos, tienen escaso impacto.
Pasado el clímax del conflicto, la APPO pasó a ser un ámbito atomizado, dividido y con varios de sus miembros en la cárcel, acusados de delitos como "secuestro a las vías de comunicación" y "motín".
El conservador Calderón, correligionario de Fox, y en funciones desde diciembre, permitió que 39 integrantes de la CCIODH ingresaran al país para estudiar el caso de Oaxaca y se comprometió a valorar sus conclusiones.
Pero cuando la comisión le entregó en enero un informe preliminar, la titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), María del Carmen Díez, cuestionó el profesionalismo de la CCIODH y la acusó de no haber buscado la voz oficial para incluirla en el documento.
Según Ruiz, cuyo partido lleva más de 70 años gobernando Oaxaca, el estado vive ahora en completa tranquilidad. En el cargo desde 2004 tras unas elecciones en las que la oposición denunció fraude, ha superado varios intentos de destituirlo, sobre todo por el respaldo del PRI y del gobernante PAN en el parlamento.
Los análisis e informes divulgados en los últimos meses por organizaciones mexicanas e internacionales sobre el estado sureño acusan a las autoridades estaduales y federales.
Éstas cometieron múltiples abusos, detenciones arbitrarias, torturas y ataques a balazos contra los protagonistas de la revuelta y contra decenas de personas inocentes, afirman esos documentos.
Grupos armados irregulares, al parecer al mando de Ruiz, actuaron con total impunidad, añaden.
La no gubernamental Liga Mexicana por los Derechos Humanos concluyó que las conductas registradas en Oaxaca colocaron al Estado al margen del cumplimiento de las legislaciones nacionales e internacionales.
El informe de la CCIODH pide "atender las causas originales de este conflicto, cuyas raíces se hallan en problemas estructurales de pobreza, caciquismo, desigual acceso a los recursos, falta de medios para la educación y la salud, falta de respeto a la memoria histórica y a la identidad indígena, vulneración de los procedimientos democráticos y falta de respeto al acceso real a canales de participación".
Para reestablecer "el estado de derecho" en Oaxaca, hay que garantizar sin dilación la investigación de los ilícitos cometidos, detener la acción de grupos armados irregulares y promover "la reconstrucción del equilibrio social", recomienda la comisión.
