La ofensiva del gobierno de Néstor Kirchner contra algunos magistrados del máximo tribunal penal de Argentina, acusado de dilatar procesos a represores de la última dictadura (1976-1983), podría convertirse en un nuevo obstáculo al avance judicial.
Abogados que representan a familiares de las víctimas del régimen militar consideran contraproducente la forma airada en que el Poder Ejecutivo se lanzó en los últimos días contra magistrados de la Cámara Nacional de Casación Penal, en lugar de dejar que las eventuales remociones de algunos de ellos, si corresponden, se canalicen por la vía institucional. El abogado Rodolfo Yansón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, dijo a IPS que cualquier acción sobre un juez que no se tramite a través del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de revisar la conducta de los magistrados y de pedir eventualmente su juicio político, "es impropia y no ayuda al objetivo".
Yansón y otros cuatro letrados representan a 61 sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura que la semana pasada reclamaron ante el Consejo la destitución de cuatro magistrados de la Cámara de Casación por paralizar expedientes, obstaculizar la labor de los tribunales orales y contradecirse para favorecer a militares imputados.
Esta acusación es compartida por abogados de entidades de derechos humanos. Representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Desaparecidos y Detenidos Políticos dijeron a IPS que la Cámara de Casación es como un agujero negro donde las causas pierden vigor.
Por esas dilaciones, hay 700 acusados de crímenes de lesa humanidad de los cuales apenas seis fueron condenados, según informes del CELS.
Las críticas se dirigen al presidente de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, y a los tres integrantes de su Sala IV, donde esperan resolución la mitad de casi 200 recursos, algunos desde 2003.
Activistas y juristas consideran que la demora es deliberada en la Sala IV de la Cámara, compuesta por 12 magistrados repartidos en cuatro salas.
Precisamente la Sala IV dispuso muchas excarcelaciones de represores procesados, en decisiones contrarias a la propia jurisprudencia del tribunal.
Para respaldar sus argumentos, los abogados argumentaron que Bisordi fue cuestionado por la Asociación de Magistrados por hacer apología de la dictadura en varias oportunidades, y también por su falta de imparcialidad en el trato hacia las víctimas y sus defensores.
En 2005, Bisordi calificó de "delincuente terrorista" a una sobreviviente de la dictadura, Graciela Daleo, y consideró que Yansón "defiende a criminales".
La denuncia por los atrasos fue presentada ante el Consejo de la Magistratura, que deberá resolver si hay o no elementos para pedir el juicio político de los funcionarios cuestionados. El Consejo está integrado por 13 miembros, entre jueces, abogados, académicos, funcionarios y legisladores.
Legisladores opositores miembros del Consejo también advirtieron demoras en el tribunal penal, pero rechazaron la presión del Poder Ejecutivo para que se pronuncien a favor de las destituciones de jueces.
Se referían al modo en que el presidente Kirchner amplificó los cuestionamientos en un acto realizado el sábado 24 en recuerdo del 31 aniversario del golpe de Estado.
En la central provincia de Córdoba, Kirchner fue duro con los camaristas y los responsabilizó de dilaciones.
"¿Qué pasa en la Cámara de Casación donde están parados por años juicios que ya deberían estar en marcha?", dijo ante miles de asistentes al acto, muchos de ellos familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado. "Sé que el Consejo de la Magistratura va a proceder", adelantó.
El mandatario cuestionó también a dos fiscales de la Cámara que, dijo, "demoran los juicios hace años", y agregó: "¡Basta, por favor!".
Pero la ofensiva continuó a través de colaboradores de Kirchner. El ministro del Interior, Anibal Fernández, pidió al presidente de la Cámara que hiciera "un favor a la patria y se vaya", para evitar el juicio político.
En lugar de celebrar lo que parece un apoyo del gobierno a la causa de los derechos humanos, Yansón considera esta intromisión perjudicial para el proceso. "Declaraciones como las del presidente no ayudan. Si realmente hay voluntad política, hay que dejar a un lado los discursos y pasar a la acción callada", afirmó el abogado.
Una medida de respaldo efectiva sería la búsqueda de acuerdo entre los miembros del Consejo de la Magistratura para diseñar una acusación legítima contra los magistrados que hayan incurrido en mal desempeño. "Hay argumentos de peso para destituirlos, pero se requiere consenso", advirtió Yansón.
Además, los ataques a los jueces "debilitan" la posición de los defensores de derechos humanos, pues despiertan el espíritu de cuerpo del Poder Judicial, inhibiendo a algunos de sus integrantes que podrían prestar testimonio contra los magistrados señalados.
Bisordi se defendió de las imputaciones. "En 40 años —de trabajo en la justicia— no había visto una intromisión tan explícita del Poder Ejecutivo en el Judicial", dijo. El lapso incluye la última dictadura, durante la cual se desempeñó como secretario de un juez que rechazaba recursos de amparo por personas desaparecidas.
Organizaciones de derechos humanos estiman que unos 30.000 ciudadanos fueron víctimas de desaparición forzada durante el régimen.
"Parece que buscan la suma del poder público", especuló Bisordi en relación a las ambiciones del gobierno. Kirchner no pide "que se enjuicie a los acusados" por crímenes de lesa humanidad, sino "que se los condene" directamente, se quejó.
Las demoras en las causas se deben "al ingreso incesante de expedientes" a partir de 2005, poco antes de que la Corte Suprema declarara inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que mantuvieron frenados los juicios contra los represores desde fines de los años 80.
"De 2000 expedientes que había en 2004 se pasó a 3.500 en 2005 y a 6.000 en 2006", se quejó Bisordi. Para responder a esa creciente carga de casos, existen los mismos recursos humanos y materiales de 1992, cuando se creó la Cámara de Casación como parte de una reforma del sistema penal.
