Néstor Kirchner optó por dividir aguas como estrategia para gobernar Argentina. Empero, logró mantener alta su popularidad gracias al buen desempeño de la economía y a la reducción de la pobreza, aunque aún está muy lejos de cumplir con las metas del milenio.
Los proyecciones oficiales indican que el producto interno bruto (PIB) creció de modo constante hasta sumar casi 40 por ciento desde el inicio, en mayo de 2003, del gobierno centroizquierdista de Kirchner hasta su finalización el próximo 10 de diciembre, mientras que la pobreza caerá en el mismo lapso de 52 por ciento hasta 25 por ciento de los 37 millones de argentinos.
También la indigencia se reducirá hasta ubicarse en 8,7 por ciento de la población, según un estudio de la consultora Equis que anticipa los datos del estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec).
Si bien ese indicador equivale a un tercio del registro de mitad de 2002, cuando se sufrían las peores consecuencias del colapso de fines de 2001, todavía falta mucho para llegar a los buenos indicadores del pasado.
Además, Claudio Katz, investigador de la estatal Universidad de Buenos Aires, le resta méritos a la administración de Kirchner, pues sostiene que esos índices positivos no obedecen a políticas específicas suyas.
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"Los números del crecimiento no los atribuiría a un mérito del gobierno sino al cambio del ciclo económico, que le da a Argentina condiciones favorables como no tenía hace 50 años", relativizó el experto ante la consulta de IPS.
"Lo que hay que preguntarse es cómo, con cuatro años de crecimiento, la pobreza sigue siendo elevadísima, pues nada lo justifica", interpela Katz.
Datos económicos como recaudación fiscal, superávit fiscal, reservas y exportaciones también invitan al gobierno a proyectar optimismo con cierto consenso social. Los salarios y la distribución del ingreso mejoran día a día y el desempleo ya bajó a 10,2 por ciento de la población económicamente activa, tras superar 22 por ciento en la cresta de la ola de la crisis.
Sólo la inflación aparece como la principal alarma, al haber llegado el año pasado a 9,8 por ciento.
Katz, pone el acento pesimista, al anotar que todos esos logros se tornan relativos cuando se considera que el país había descendido "al infierno", como suele decir Kirchner, con un retroceso inédito de más de 20 por ciento de su producción interna bruta entre 1999 y 2002.
En poco tiempo, Argentina conoció una verdadera tragedia social con pocos antecedentes en el mundo. La conclusión es más aguda si se considera que en los años 70 la pobreza afectaba a menos de 10 por ciento de su población, con apenas dos por ciento de indigentes, y que en las décadas previas el país exhibía números de desarrollo humano superiores a la media europea.
Tras el vendaval de la dictadura militar (1976-1983), el número de pobres llegó al equivalente de 15 por ciento de la población en la década del 80, indicador que trepó hasta 25 puntos porcentuales a mediados de los años 90, como consecuencia de la crisis hiperinflacionaria primero y de la alta desocupación luego, ya en el gobierno del neoliberal Carlos Menem (1989-1999).
Los dos gobiernos sucesivos de Menem, del mismo Partido Justicialista (peronista) que Kirchner pero en las antípodas ideológicas, culminaron con una fuerte recesión, que se acentuó tras la llegada del centrista Fernando de la Rúa, quien abandonó la presidencia en diciembre de 2001, a la mitad de su mandato de cuatro años y en medio de la debacle socio-económica.
Si el Indec confirma, como se estima, que 2006 cerró sus mediciones con un indicador de pobreza de 27,1 por ciento de la población, significará que apenas se aproxima a los críticos niveles de la década pasada y, por ende, resta mucho por hacer.
Muchos en Argentina se plantean ahora cómo perforar lo que aparece como un núcleo de pobreza consolidado, con la urgencia de cumplir con los ocho Objetivos de Desarrollo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para el Milenio, que encabeza el compromiso de abatir a la mitad el número de indigentes para 2015, tomando como referencia los datos de 1990.
"El problema que veo es que se ha pasado de una pobreza de la crisis a una de la reactivación. La pobreza, antes estaba dominada por el desempleo y ahora reside en los trabajadores precarios", describe Katz, también integrante de la agrupación Economistas de Izquierda.
El economista alerta que "una masa muy amplia de los trabajadores informales tiene un ingreso menor que el costo de la canasta básica de pobreza". En rigor, el salario mínimo, elevado drásticamente por decisión de Kirchner, está hoy en 863 pesos (270 dólares), mientras que el límite de pobreza fijado por el Indec alcanza los 899 pesos.
Se estima que sólo en la economía formal ganan el salio mínimo unos 700.000 trabajadores, número que como mínimo se duplica entre los empleados "en negro".
El debate que estableció Kirchner es entre un modelo de perfil desarrollista y la receta del libre-mercado, cuyo emblema en los años 90 fue Menem y ahora lo es el ascendente político centroderechista Mauricio Macri, empresario, presidente del popular club de fútbol Boca Juniors y probable candidato presidencial en las elecciones de octubre.
El oficialismo enfatiza que, en caso de haberse implementado el ajuste que pregonaban los candidatos de centroderecha con el fin de "generar confianza en los inversores", ello hubiera impedido el despegue que exhibió Argentina desde fines de 2002.
Katz aduce que "es una falsa alternativa decir que una política neoliberal, monetarista, hubiera sido peor". "Ni esa política malsana ni el modelo neo-desarrollista actual son las únicas posibles. Existe un modelo de redistribución radical del ingreso que permitiría erradicar la pobreza", argumentó.
En la agenda distributiva de Katz figuran la utilización "del excedente del superávit para garantizar un ingreso universal a los más humildes y la reforma impositiva que todos dicen que hay que hacer y nunca se hace, como la rebaja del impuesto al valor agregado y la imposición a la renta financiera".
"El modelo de acumulación ya no beneficia al capital financiero y a las empresas privatizadas pero sí a sectores industriales que necesitan tener un bajo nivel salarial. No debe haber un techo salarial marcado por la inflación sino que los ingresos deben acompañar al aumento del beneficio empresarial y a la productividad", explicó.
En cuanto a un ingreso universal, una módica suma en torno a los 50 dólares fue puesta en práctica por el gobierno interino del centrista Eduardo Duhalde (2002-2003), también justicialista, para contener el peor momento de la debacle social.
El denominado plan Jefes y Jefas de Hogar, lanzado entonces y aún vigente, llegó a abarcar a 2,2 millones de beneficiados con la supuesta contraprestación de una tarea social.
El número de beneficiados de ese programa social se fue reduciendo hasta abarcar ahora 1,1 millones de personas, a lo que hay que sumar otros programas, como el Familias para madres solteras con hijos menores, que incluye a 330.000 mujeres.
Los planes Jefes y Jefas de Hogar llegaron a incluir a casi la totalidad de la población activa de algunas regiones marginadas del norte del país. Al día de hoy, unas 350.000 personas que reciben el beneficio son considerados ocupados para las estadísticas estatales.
Fausto Spotorno, economista de la consultora Orlando Ferreres (centroderecha), cuestionó ante IPS la metodología de los planes universales. "Los ingresos universales sirven sólo en el corto plazo, pero no incentivan a nadie a ser más productivo".
Spotorno, aunque justifica los planes dispuestos en la administración de Duhalde, entiende que, "para el largo plazo, lo más importante es la educación y garantizar inversiones".
En cuanto a lo primero, algunas conquistas que comenzaron a implementarse en Argentina en el siglo XIX lograron sobrevivir a la última y brutal crisis, como los buenos indicadores de escolarización primaria y de alfabetismo.
Esa situación, que fue destacada en un informe del Instituto Internacional de Planeamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, hace prever que el país pueda alcanzar otras metas del milenio, aprobadas en 2000 por la ONU.
Sin embargo, el economista Spotorno enciende la luz de alerta en cuanto a la atracción de inversiones "a largo plazo, que no se ha logrado", y a la posibilidad de que los salarios sigan subiendo "sin que la economía pierda competitividad".
"En los años 90, con salarios más altos, la desocupación era de 15 por ciento", advirtió.
En cambio, resalta que la política de "fijar un tipo de cambio real alto sirve para generar empleo, pero a la vez genera inflación, y ello puede afectar a las capas más pobres".
