La abundancia de petróleo y la escasez de agua alientan en Sudán una feroz batalla por la tierra. En las zonas más conflictivas, como Darfur y el sur de mayoría negra, el control de los predios fértiles ha encendido conflictos brutales durante siglos.
Pero cerca de Jartum, al sur de la ciudad, el destino de una franja de inhóspito desierto azotado por el viento desató una inusual lucha por el derecho sobre la tierra entre miles de sudaneses pobres y una compañía que acaricia un ambicioso proyecto inmobiliario.
Se trata de nueve millones de metros cuadrados sin recursos naturales, por los cuales inversores egipcios y sudaneses pagaron 13 millones de dólares.
Su intención es convertirlo en seis años en el complejo Dreamland ("tierra de ensueño"), un lujoso oasis de centros comerciales, casas de campo, piscinas y una cancha de golf de 18 hoyos.
La lucha por el predio donde se construirá Dreamland se agrava por el auge económico que estimulan las inversiones petroleras, el cual elevó en Sudán el precio de los terrenos.
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Pero en muchas áreas hoy en disputa viven desde hace décadas familias que no tienen ningún derecho legal sobre los terrenos que ocupan.
El gobierno sudanés, que antes de la compra era el propietario legal de esas tierras, es objeto de intensas críticas por obligar por la fuerza y precipitadamente a sus pobladores a abandonarlas y por demoler sus hogares.
La Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Sudán expresó en agosto pasado su "profunda preocupación" por el desplazamiento forzoso de Gezira de unas 12.000 personas.
Esos pobladores eran originaria de Darfur, en el conflictivo occidente de Sudán, pero en los años 80 fueron empujados por la hambruna a un área de Gezira a la que denominaron Dar El Salaam ("casa de la paz", en árabe).
Esa zona tuvo el desafortunado privilegio de quedar exactamente en medio del proyecto Dreamland.
Residentes de Dar El Salaam informaron a funcionarios de la ONU que miles de policías les arrojaron gases lacrimógenos y los golpearon para arrasar sus hogares mientras los alejaban del lugar en vehículos.
El empresario Esam El Khawad, cuya firma El Khawad se asoció con la egipcia Bahgat para desarrollar el proyecto Dreamland, asegura que las acusaciones son falsas.
"Ese día había apenas 300 oficiales de policía allí. ¿Acaso 300 policías pueden someter a una redada violenta a 4.000 familias?", dijo Khawad, entrevistado por IPS en su oficina del rico distrito de Amarat, en Jartum.
La abogada experta en derechos humanos Najla Al Mahi Khalifa se propone presentar una demanda contra el gobierno del estado de Gezira, en reclamo de compensación por las posesiones destruidas en la demolición.
"Esta gente tenía una vida en Dar El Salaam", dijo a IPS. "Y lo perdieron todo cuando sus hogares fueron demolidos."
En cambio, Khawad afirma que los residentes de Dar El Salaam habían firmado un acuerdo en tal sentido con el gobierno local. La única condición era que ellos estuvieran de acuerdo con la nueva ubicación, un área a siete kilómetros de Dar El Salaam denominado Bloque Siete.
Khawad destacó que las familias recibieron títulos sobre los predios que ocuparían en el Bloque Siete, lo cual elevaría su estatus de ocupantes al de propietarios de la tierra.
"Yo negocié con ellos. Pero cada día querían más", dijo Khawad.
En cooperación con el gobierno sudanés, antes de la reubicación, Khawad construyó una escuela, una clínica, una mezquita y dos fuentes de agua potable en el Bloque Siete.
El empresario sudanés aseguró que cuatro años después de comprarle las tierras al Estado, mientras afrontaba las demandas de los residentes de Dar El Salaam, comenzó a perder dinero.
"Temía que su siguiente pedido fuera que Madonna (la estrella de la música pop estadounidense) viniera a cantar", ironizó Khawad.
Mientras, los trasladados al Bloque Siete afirman haber sido obligados a radicarse allí, y que una fábrica de la compañía de hidrocarburos Axsa vierte sus desechos apenas a tres kilómetros de su nuevo hogar.
"Los niños tosen toda la noche. Las mujeres y las cabras sufren abortos espontáneos. Aquí todos tienen diarrea", dijo a IPS el dirigente comunitario Yahya Mohamed.
Los alegatos aún no han sido verificados de modo independiente. Los residentes del Bloque Siete dicen que no pueden pagarle a un experto para que inspeccione la tierra.
Pero en marzo de 2006, un equipo del gobierno sudanés concluyó que Axsa producía desechos tóxicos.
El grupo de expertos recomendó entonces al gobernador del estado de Gezira, Abd Rahman Sir El Khatim, que se le diera a Axsa un plazo de un mes para "cambiar sus prácticas ambientales", pero no especificó medidas.
Los líderes comunitarios dijeron que las autoridades no inspeccionar el cumplimiento de las recomendaciones por parte de Axsa. Pero el Ministerio de Ambiente de Sudán dictaminó luego que el Bloque Siete podía ser poblado.
De todos modos, el gobernador Khatim declinó responder a los reiterados pedidos de IPS de un comentario sobre las acusaciones contra Axsa.
El Bloque Siete es un árido adefesio donde la tierra reseca no recibe sombra. Algunos residentes construyeron viviendas de ladrillos, pero la mayoría todavía vive en tugurios construidos con lonas, ramas, arpillera y plástico.
Piletas de agua verdosa rodean buena parte del campamento y las dos fuentes de agua solo funcionan dos horas cada mañana. La escuela no tiene suficientes pupitres para todos los niños. El médico que dirige la clínica rara vez se presenta a trabajar, según los residentes.
La ONU inspeccionó el Bloque Siete a mediados de diciembre pasado y detectó varios problemas.
Barbara Manzi, de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, dijo a IPS que el agua y las instalaciones sanitarias alcanzan para apenas 10 por ciento de los residentes, y que a las mujeres les niegan los títulos de sus terrenos aunque puedan demostrar que son las jefas de sus hogares.
Los hombres de la comunidad se quejan de que la nueva ubicación, a tres kilómetros de donde pasa el autobús más cercano, les impide trasladarse a Jartum en busca de trabajo.
Khawad anunció que contratará a residentes del Bloque Siete para trabajar en Dreamland. Es optimista. "Nadie puede obligarlos a irse de su tierra ahora. Pueden dormir tranquilos y soñar. Su futuro está asegurado", dijo.
Es probable que la lucha por la tierra en Jartum y sus alrededores se complique a medida que aumente el valor de la tierra.
Los expertos atribuyen el caos a un defectuoso e informal sistema de registro de tierras. Antes del boom de la construcción, los residentes del área solían delimitaban sus terrenos con un solo ladrillo o una piedra.
"La era colonial es responsable de esto", dijo Paul Ainscough-Brown, director de Parkheath Estates, primera empresa británica de bienes raíces en ingresar a Sudán. "Establecimos un registro de tierras, pero no les dimos a los sudaneses las herramientas para usarlo. Convertimos algunos problemas a corto plazo en un problema masivo y a largo plazo".
Los constructores comenzarán las obras del complejo Dreamland este mes. Khawad dijo estar seguro de que buena parte del terreno que rodea a Jartum pasará por una transformación similar, de ghettos polvorientos a espléndidas comunidades cerradas.
"Tengo un sueño. Quiero que en 100 años me recuerden como el pionero", declaró.
Por su parte, la abogada Khalifa consideró que "el desarrollo es bueno". Pero, agregó, "el gobierno debe equilibrar sus intereses con el interés del pueblo".
