Lujosos hoteles de Ciudad de Guatemala reservan pisos exclusivamente para parejas extranjeras que viajan a adoptar niños, reflejo de una demanda que crece cada año sin control de una autoridad gubernamental específica.
En 2006 hubo 4.496 adopciones en este país, 10 por ciento más que en 2005, según datos de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Noventa y ocho por ciento fueron internacionales y la mayoría efectuadas por parejas estadounidenses.
"Yo no fui escuchado, no di el consentimiento para que mis hijos fueran dados en adopción", dijo a IPS el guatemalteco Gustavo Tobar, de 36 años, quien alega que en 1998 "se llevaron" a sus hijos Osmín Ricardo, de siete años, y Jeffrey, de año y medio, amparándose en unas denuncias "inciertas" de maltrato y desnutrición.
El caso de Tobar, un taxista que lleva "casi 10 años luchando todos los días" para demostrar las "irregularidades" en el proceso de adopción de sus vástagos, fue presentado el 19 de julio de 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que celebró su 125 periodo extraordinario de sesiones en Guatemala.
"Fueron víctimas del juego sucio de las adopciones. Las personas que llevaron a cabo el procedimiento lo que querían era dinero", aseguró al referirse al beneficio económico que representan las adopciones representan para quienes las tramitan.
Las parejas extranjeras deben disponer de sumas de entre 25.000 y 30.000 dólares para adoptar un niño, lo que incluye el viaje, el papeleo y los abogados guatemaltecos, pues el proceso de adopción se lleva a cabo por vía notarial y no judicial. Así, el trámite puede durar menos de un año, frente a la larga y engorrosa espera habitual en otros países.
Las adopciones están regidas por el Código Civil, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, pero no existe una normativa específica.
Es habitual ver a los padres adoptivos con bebés de pocos meses en las entradas de los hoteles más exclusivos de la ciudad. En los denominados pisos "familiares" hay salas comunes con juegos infantiles, microondas para calentar biberones y demás comodidades.
Pero tras estos ágiles y sencillos procedimientos hay casos de mujeres presionadas y manipuladas, una realidad que las familias adoptivas desconocen, alertó Héctor Augusto Dionisio, coordinador del Programa Legal de la no gubernamental Casa Alianza, una asociación de defensa de la infancia que patrocina denuncias.
Según Dionisio, para encontrar menores, grupos de abogados y notarios trabajan en contacto con las llamadas "jaladoras", o intermediarias pagadas, cuyo cometido es convencer a las mujeres de que den a sus hijos en adopción.
A veces, las madres entregan a sus hijos recién nacidos porque no los pueden mantener. Según datos oficiales, más de 50 por ciento de los 11,2 millones de guatemaltecos viven en la pobreza.
En otros casos, "las jaladoras comienzan ofreciéndoles ayuda médica y apoyo económico y terminan animándolas a firmar papeles en blanco donde autorizan, sin saberlo, la adopción de sus hijos", dijo Dionisio.
En la prensa nacional se encuentran espacios con mensajes dirigidos a mujeres embarazadas en los que tras unos números de teléfono se les propone que "escojan vida", "escuchen su corazón" y den en adopción a sus hijos.
Según Dionisio, los intermediarios ofrecen también dinero a las madres a cambio de sus bebés.
En tanto se completan los trámites, los niños quedan al cuidado de familias cuidadoras, sustitutas de las suyas, que reciben un pago. De esta forma, advirtió Dionisio, los bebés pasan más desapercibidos que en casas cuna.
"La ausencia del Estado en los procesos convierte a Guatemala en un paraíso para las adopciones", dijo a IPS Marvin Rabanales, de la Coordinadora Institucional de Promoción de los Derechos de la Niñez.
La falta de una autoridad específica reguladora facilita "una compraventa de seres humanos" de la que se lucran sobre todo abogados y notarios, pero también pediatras, registros civiles, casas cuna y demás personas vinculadas al proceso, aseveró.
En una visita a Guatemala en enero, la secretaria de Estado adjunta para Asuntos Consulares del gobierno estadounidense, Maura Harty, advirtió de que cuando Washington haya ratificado este año el Convenio de La Haya, las adopciones no podrán continuar a menos que Guatemala cambie su proceso para cumplir con las normas de ese tratado.
El Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, firmado el de 29 de mayo de 1993 por la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado y en vigor desde 1995, tiene 71 países parte, entre ellos Guatemala.
El Convenio establece normas de transparencia en los procesos de adopción, evitando el lucro, la venta y la explotación de menores y alentando en primer lugar la adopción local.
Sin embargo, Guatemala no lo aplica, pues en agosto de 2003 la Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto ratificatorio que había sido aprobado por el parlamento.
Además, otros cinco países parte —Alemania, Canadá, España, Holanda y Gran Bretaña— objetaron su adhesión, pues no aceptan negociar adopciones internacionales con este país centroamericano. Con excepción de esos Estados, el Convenio está en vigor y debería regir las relaciones de Guatemala con los demás países que lo hayan ratificado.
"Guatemala es como una fábrica de niños, ya que muchos nacen para ser dados en adopción", dijo a IPS la procuradora de la Niñez de la PGN, Josefina Arellano, quien recordó que el Congreso legislativo tiene pendiente implementar el Convenio de La Haya.
Según la Organización Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Guatemala es el cuarto país del mundo en cantidad de menores dados en adopción, detrás de Rusia, China y Corea del Sur, pero ocupa el primer lugar en proporción a su población.
Las anomalías detectadas en los procedimientos, y las noticias de compraventa, robo y suplantación de niños están detrás de la decisión de varios países de suspender las adopciones de guatemaltecos.
Existen casos de mujeres que se arrepienten de haberse desprendido de sus hijos, pero los tribunales no les dan una oportunidad de retractarse, afirmó Nidia Aguilar, de la Defensoría de los Derechos de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Sara, de 31 años, relató a IPS que se sintió presionada y amenazada por un abogado cuando estaba embarazada de su tercer hijo, una niña que ya cumplió cuatro años en el seno de una familia guatemalteca adoptiva sin que mediara, según denunció, un proceso legítimo de adopción. Ahora lucha porque le permitan verla los fines de semana.
Las adopciones nacionales representan menos de dos por ciento del total —sólo 75 en 2006—, pese a que entidades como Unicef insisten en que las internacionales deben ser la última alternativa.
Al volante de su taxi, Tobar contó que cuando un juez declaró en estado de abandono a sus hijos trabajaba en México y viajaba cada 20 días a Guatemala para ver a su familia. Su mujer, Flor de María, empleada toda la jornada, dejaba a los menores en casa de una vecina que "resultó estar vinculada con una red de captadores de niños".
Tobar no ha tenido contacto con sus hijos desde 1997. Ha visto a Osmín Ricardo en una fotografía gracias a un periodista de la revista estadounidense Newsweek que en 2002 entrevistó y retrató al menor en Estados Unidos, y luego visitó Guatemala para conocer a la familia biológica.
Osmín Ricardo vive en el nororiental estado de Pennsylvania, y Jeffrey en la sureña Houston. Han pasado nueve años desde que salieron de Guatemala en manos de sus familias adoptivas.
"Ya no hablarán español. Si nos encontrásemos, no nos entenderíamos. Seríamos como sordos o mudos", se lamentó su padre.
