La falta de pronunciamientos en favor de los derechos humanos, un ministro clave acusado de cometer atropellos cuando era gobernador y el mayor protagonismo dado a los militares han puesto al gobierno mexicano de Felipe Calderón en la mira inquieta de la sociedad civil.
"Llevamos dos meses de gobierno y no hay discurso sobre derechos humanos, ni apertura al diálogo con la sociedad ni ninguna otra señal alentadora. Estamos preocupados", señaló a IPS Edgar Cortez, secretario ejecutivo de La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos – Todos los Derechos para Todas y Todos, integrada por 54 agrupaciones locales.
Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, piensa de forma asimilar. "Aunque el gobierno apenas arranca, por el conjunto de sus omisiones y acciones nos atreveríamos a decir que en esta administración veremos una situación preocupante", señaló a IPS.
Por primera vez en la gestión de Calderón, un funcionario declaró que pronto se dará a conocer un posicionamiento sobre derechos humanos. Tal anuncio, expresado en una reunión entre autoridades y delegados de Amnistía Internacional, no logró despejar las suspicacias.
"El gobierno construyó ya sus primeros cimientos y no hablan bien de lo que sucederá en el futuro, por lo que las promesas las tomaremos con pinzas", expresó Ramírez.
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Al arrancar la presidencia de Calderón, el 1 de diciembre, las organizaciones no gubernamentales saludaron al gobierno por autorizar a que trabaje en México la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, integrada por representantes de 30 países, la mayoría europeos. Pero hasta en ese punto ahora hay decepción.
La Comisión estuvo en México desde el 18 de diciembre hasta mediados de enero con el propósito de recabar testimonios y emitir un informe final sobre el sureño estado de Oaxaca, donde un levantamiento popular de seis meses el año pasado, que costó la vida de unas 20 personas y otras 370 fueron heridas, fue aplastado por la represión policial y de grupos armados irregulares.
Portavoces de la Comisión adelantaron a la prensa local parte del informe, que confirmará que las fuerzas de seguridad del Estado cometieron graves violaciones a los derechos humanos en Oaxaca.
Tras conocer esa evaluación preliminar, que por acuerdo entre el gobierno y la Comisión debía quedar en reserva hasta que el documento esté terminado y haya sido entregado primero a las autoridades, un portavoz oficial lo descalificó.
Según la jefa de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaria (ministerio) de Gobernación (Interior), Eugenia Diez, la Comisión no actuó con profesionalismo y sólo valoró a un sector de los involucrados.
El secretario ejecutivo de La Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, consideró que tal descalificación demostró cuál es el pensamiento real de las actuales autoridades respecto de los derechos humanos.
Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional, la organización con sede en Londres, demandó al gobierno de Calderón poner punto final a su silencio y expresar una posición firme y concreta sobre derechos humanos.
Es que en ninguno de sus discursos, el nuevo mandatario se ha referido al tema.
Los activistas recuerdan que Vicente Fox, el antecesor y correligionario del actual mandatario, habló claro y alto sobre derechos humanos al asumir su cargo, el 1 de diciembre de 2000. Aunque seis años después se declararon decepcionados con Fox, reconocen que tuvo apertura e interés en la materia.
"Ahora (con el gobierno de Calderón) no tenemos ni con quien hablar y ni nos contestan las comunicaciones que les hemos enviado", dijo Cortez, de La Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos.
Uno de las cosas que más molesta a los activistas es que Calderón haya nombrado como ministro de Gobernación a Francisco Ramírez, ex gobernador del estado de Jalisco.
Desde su antiguo cargo, Ramírez ordenó en mayo de 2004 una dura represión contra cientos de jóvenes que se encontraban en la occidental ciudad de Guadalajara, en ocasión de la cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea.
La policía actuó contra los manifestantes, detuvo ilegalmente a 73 personas, torturó al menos a 19 y sometió a otros tratos degradantes a 55, según un exhaustivo informe de la estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Ramírez restó entonces importancia a la acusación. Dijo que la represión fue adecuada e incluso condecoró a los policías acusados de cometer actos ilegales. Ya como ministro, reiteró esos argumentos.
La Liga Mexicana por los Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, considera que este funcionario "es garantía plena" de que en el gobierno de Calderón los derechos humanos no serán importantes.
Estas organizaciones creen que este ministro es uno de los funcionarios más entusiasmados con el hecho de que Calderón haya colocado al tema de la seguridad como prioritario en su agenda.
El gobierno desplegó fuerzas militares y policiales en varios estados de México en un operativo sin precedentes contra el narcotráfico, envuelto en un infierno de violencia por disputas internas y de mercado.
Pero los activistas humanitarios no ven mayores resultados en los operativos y consideran que la presencia masiva de las fuerzas del orden es una amenaza para las personas y sus derechos.
El interés del gobierno es criminalizar la protesta social con el pretexto del combate al crimen, denuncian.
