Colombia demoró 12 años en reconocer por ley el delito de desaparición forzada de personas y casi siete más en lanzar un programa concreto de búsqueda. «Es un paso muy grande», dijo a IPS Gustavo Gallón, director de la humanitaria Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
El Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas tiene "el propósito de identificar medidas, mecanismos e instrumentos que mejor garanticen la localización de las personas desaparecidas", explicó a IPS el defensor del Pueblo (ombudsman), Volmar Pérez.
En adelante, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses coordinará el registro único de desaparecidos, poniendo fin a "la enorme dispersión de datos estadísticos, ya que cada organismo y entidad del Estado maneja sus propias" listas, destacó.
Ese registro existe desde 1978 y en 2005 se expidió una norma, pero hasta ahora no funciona.
Pérez subrayó que, según el Plan lanzado el jueves, "los familiares de las víctimas de desaparición forzada van a jugar un papel de primera importancia", pues tendrán acceso a todas sus fases: recolección de información, búsqueda y análisis de la misma, recuperación, análisis e identificación de los restos y destino final de los cadáveres.
"Las autoridades judiciales se van a ver precisadas a suministrarles la información correspondiente para garantizar la defensa de los derechos que les asisten" a los deudos, añadió.
El ombudsman es el actual presidente de los gestores del Plan, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD), creada por la ley número 589 que reconoció la desaparición forzada, aprobada en julio de 2000.
La CBPD es integrada por el Programa Presidencial para Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Ministerio de Defensa Nacional y el Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad (Fondelibertad).
De ella también forman parte, con nombre propio en la ley, la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y la CCJ.
"Ha sido difícil encontrar formas de coordinar esfuerzos entre las diferentes entidades estatales. Llegar a este Plan fue una odisea realmente. Cada entidad tenía sus reservas, (argumentaba) que no podía hacer esto o lo otro", detalló el jurista Gallón. Para conocedores del tema, "la falta de articulación es una estrategia".
En las guerras civiles que azotan Colombia desde hace 60 años se cometieron graves delitos contra la humanidad. Esas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH) se siguen perpetrando hasta hoy, en su mayor parte, por bandas paramilitares de ultraderecha que actúan en apoyo de la fuerza pública, así como por las guerrillas izquierdistas surgidas en los años 60.
Al mismo tiempo, una parte de los paramilitares, creadas en 1982, se desmovilizaron el año pasado, tras negociaciones secretas con el gobierno del derechista Álvaro Uribe.
Los desaparecidos forzadamente en este país se cuentan por "decenas de miles", y "nadie sabe cuántas personas hay en las últimas tres décadas" en esa condición, dijeron a periodistas esta semana antropólogos forenses que pidieron anonimato.
Por ejemplo, el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia, a cargo del católico Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), recopiló 2.121 desapariciones forzadas cometidas por paramilitares en 16 años (1988-2003).
El procurador General de la Nación, Edgardo Maya, citó en la víspera que serían 11.000 en 20 años, pero agregó que estaba seguro de que esa cifra no era acertada.
El hecho es que, desde hace un año y a raíz de la desmovilización paramilitar, miles de cadáveres parecen brotar de cementerios clandestinos que funcionaron como tales durante décadas, muchos en haciendas convertidas en centros de tortura: un fenómeno generalizado y, hasta hace pocos meses, desconocido para la opinión pública.
La dimensión de la matanza sistemática se va revelando en fosas unitarias, una al lado de la otra, y además en enterramientos comunes. Pero muchas exhumaciones ni siquiera se pueden hacer. Hay sectores opuestos a que estas investigaciones avancen, reconocen los forenses.
Muchas veces la labor se torna tan peligrosa, que el equipo investigador decide retirarse de la zona. Otras veces, por falta de presupuesto, de una fosa común se extraen apenas dos o tres cuerpos y los demás se dejan bajo tierra.
Pero exhumar restos está muy lejos aún de identificar. Las preguntas forenses (quién es, dónde está, qué le pasó) caen en el vacío aún con un cuerpo al frente sobre el que no se tiene información.
Los expertos hablan de "un problema logístico" y usan términos como "embalaje y rotulación", "almacenamiento y transporte", "depósito en bodegas", "sobrecarga de restos". Para agosto, la morgue de la septentrional ciudad de Barranquilla no tenía cómo almacenar más cadáveres. Mientras, los hallazgos se multiplican. "Estamos en una situación de desastre", advirtieron los antropólogos forenses a los periodistas, durante un taller en la propia sede de la embajada de Canadá en Colombia.
Hace apenas 10 años se creó la primera especialización en antropología forense del país, en la estatal Universidad Nacional de Colombia.
Los sitios de los enterramientos son señalados en algunos casos por paramilitares arrepentidos que quieren acogerse a la llamada Ley de Justicia y Paz, que les garantiza un máximo de ocho años de cárcel a cambio de que confiesen todos sus crímenes de lesa humanidad.
También lo hacen paramilitares ya presos con anterioridad, que buscan rebajas de penas por colaborar con la justicia. Lo mismo pueden hacer vecinos de los campos de la muerte o las propias familias de los desaparecidos, que siempre supieron dónde estaban los restos de sus seres queridos pero el terror las mantenían condenadas al silencio.
Es una carrera contra el tiempo. Para ocultar evidencia, personas desconocidas están desenterrando los restos y los arrojan a los ríos. A eso, los expertos han dado en llamarlo "doble desaparición forzada". "Miles de nuevas Antígonas exigen dar sepultura a sus hermanos", dijo el Procurador Maya en el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda.
"Antígona", la tragedia de Sófocles, relata cómo una mujer es condenada a ser sepultada viva por enterrar el cadáver de su hermano, en contravía de la orden del rey, que ha dispuesto que éste sea pasto de los animales.
El reconocimiento de la gravedad de la situación, de la existencia misma del delito de la desaparición forzada (prohibida por la Constitución desde 1991) y la consecuente adopción de mecanismos para enfrentarlo "contó con la oposición de las fuerzas armadas hasta el final", rememoró para IPS Gallón, el director de la CCJ.
Hubo seis proyectos de ley desde 1988. Cuatro se "hundieron" durante el trámite parlamentario, uno fue objetado por el gobierno de César Gaviria (1990-1994), por presión de las fuerzas militares. Otro lo objetó por el presidente Andrés Pastrana (1998-2002), aunque se había comprometido a apoyarlo.
"Afortunadamente en el congreso (legislativo) se dio la pelea" y "se convirtió en ley muy a regañadientes". No se quería tipificar la desaparición forzada como delito, relató Gallón.
El Plan de Búsqueda será puesto a prueba inicialmente "donde hay mayor concentración de fosas y desaparecidos", dijo a IPS Carlos Rodríguez, director operativo de la CCJ.
"Vamos a proponer que esto comience de forma inmediata. Que haya los recursos, la coordinación, la voluntad y la eficacia. Vamos a ver si hay compromiso en la práctica. Los familiares y las organizaciones de derechos humanos vamos a estar atentas para ver si eso ocurre, o si no, para manifestarlo a la comunidad nacional e internacional", advirtió.
INNOVACIÓN A ESTRENAR
El Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas dará impulso al Mecanismo de Búsqueda Urgente, previsto por la ley que reconoció el delito de la desaparición forzada de personas y reglamentado en 2005.
El Mecanismo ordena al juez o fiscal que reciba la denuncia a movilizarse dentro de un plazo máximo de 24 horas y sin los lentos formalismos habituales, a través de teléfono, fax, correo electrónico o yendo directamente a los sitios donde pudiera estar la persona desaparecida.
Cualquier funcionario civil o de la fuerza pública que no colabore puede ser destituido. Pero hasta ahora "nunca un Mecanismo de Búsqueda ha encontrado a una persona desde que existe", precisó Rodríguez a IPS.
"Es un mecanismo muy importante. Una innovación mundial. No existe en otra parte, pero se aplica poco. La gente y los propios funcionarios judiciales no lo conocen casi", les resulta "extraño" por lo ágil y expedito, dijo por su parte Gallón.
