El escudo español para impedir la exportación inadecuada de armas tiene en realidad grandes agujeros por los que pasa ese tráfico, según fue denunciado este martes por pacifistas en las puertas del Congreso de los Diputados.
Un enorme colador levantado por Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace presidió la presentación de un informe de esas organizaciones no gubernamentales en el que muestran y documentan su decepción por el proyecto de ley sobre el comercio de armas, actualmente en trámite parlamentario.
El gobierno aprobó el 29 de diciembre el proyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, que pasó para su consideración al Congreso de los Diputados y que, una vez aprobado por éste, deberá ser considerado por el Senado.
Mabel González, responsable de la campaña de desarme de Greenpeace, dijo a IPS que "el proyecto es un paso adelante, pero insuficiente y deben incorporársele medidas que aseguren más control del Poder Ejecutivo, pero también hay que reforzar la capacidad del Parlamento para controlar la acción del gobierno en estos temas".
En especial, aclaró, hay que legislar para que el gobierno remita al Congreso legislativo información "clara y detallada, no solamente de las exportaciones que realice, sino también de las que se estén por realizar para, si fuera necesario, poder intervenir a efecto de evitarlas".
Desde que asumió en abril de 2004 el gobierno el socialista José Luis Rodríguez Zapatero se comenzó a enviar anualmente al Congreso el valor de lo exportado por cada categoría de producto y país de destino y se incluyen en las estadísticas oficiales los aviones de transporte militar, medidas reclamadas durante varios años por las organizaciones pacifistas.
Pero, señala González, todavía es imposible saber qué se ha vendido exactamente a cada país, cuál será el uso final del producto exportado y sobre todo si la venta no tendrá un impacto negativo en el lugar de destino. El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, se defendió al afirmar que el sistema español de control del comercio de armas es "sumamente exigente y riguroso" y que el nuevo proyecto incrementará ese control. Sobre todo, dijo, se aumentará la transparencia pues se dará información sobre el uso final del producto y la identidad del usuario.
Otro aspecto que destacó es que, antes de autorizar una venta, el gobierno verificará si el comprador es un país en conflicto, si viola los derechos humanos o si está sumido en la pobreza, en cuyos casos no se dará el visto bueno.
Además informó que en la ley se incluirán las armas de caza y tiro deportivo, así como sus municiones, para evitar posibles desviaciones de ese material hacia zonas en conflicto.
Todavía no se tienen los datos oficiales de 2006, pero sí los del año anterior, cuando España vendió armas y material de defensa por 420 millones de euros (544 millones de dólares) a 48 países, entre ellos varios en conflicto o en los que se violan los derechos básicos. De ese total, casi la mitad fue por concepto de aeronaves militares.
Fue un resultado récord en la materia, pues en 2004 se vendió por 405 millones de euros, en 2003 por 383 millones, en 2002 por 274 millones, en 2001 por 231 millones y en 2000 por 138 millones de euros.
En la actualidad existen unas 180 empresas españolas dedicadas a la industria militar y de defensa, según un informe de la no gubernamental Escuela de Cultura de Paz, ubicada en la nororiental ciudad española de Barcelona, sobre el mar Mediterráneo.
Entre los países compradores de armas españolas se encuentran Colombia, Israel, Marruecos, China, Arabia Saudita, Irán, India, Sri Lanka, Indonesia, Filipinas, Zimbabwe, Sudán y Venezuela, según el informe presentado este martes por los tres grupos no gubernamentales, basado a su vez en la Asociación Española de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa y Seguridad.
A Colombia, Israel, Marruecos y China se les vendió, entre otros elementos, bombas, torpedos, cohetes y misiles.
Greenpeace emitió un comunicado a fines de diciembre informando que "España es uno de los países que posee y fabrica bombas de racimo", que disparan cientos de pequeños explosivos sin ninguna precisión y, por ello, debería estar prohibido su uso en áreas pobladas por civiles.
"Varias empresas de nuestro país las fabrican, aunque la falta de transparencia hace imposible saber a dónde las venden", se añade en el texto.
Fuentes gubernamentales no confirmaron ni negaron esa información. Juan López de Uralde, director ejecutivo del capítulo español de Greenpeace declaró entonces que "el gobierno tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con la paz, prohibiendo la fabricación, venta, almacenamiento y uso de bombas de racimo en territorio nacional".
Esas bombas de racimo preocupan especialmente a los activistas, porque, puntualizó González, son más peligrosas que las minas antipersona pues buena parte de ellas no estallan y se mantienen latentes durante mucho tiempo.
Como ejemplo puso Laos, "donde la gente sigue muriendo actualmente como consecuencia de las bombas de racimo utilizadas en una guerra que terminó hace 30 años".
Al término de la presentación del colador gigante, representantes de Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace entregaron su informe en el Congreso, pidiendo que se preste atención a las recomendaciones que hacen para mejorar el proyecto de ley.
