Los pequeños mineros cooperativistas de Bolivia han vuelto a adherirse al proyecto del presidente Evo Morales tras un conflicto en el que casi enterraron, dinamita mediante, un nuevo impuesto al sector que planificaba el gobierno.
Morales se vio obligado a dialogar con los dirigentes de 7.000 mineros concentrados en La Paz, en el edificio de la Vicepresidencia de la República y a dos cuadras de su despacho, tras una jornada de enfrentamientos entre obreros y policías que dejó dos agentes heridos de gravedad.
En el paquete de concesiones, las dos partes acabaron pactando un respaldo político mayor, que se había roto en 2006.
Según los cooperativistas, el por ahora fallido Impuesto Complementario Minero (ICM) proyectaba incrementos de entre 50 y 160 por ciento, sin considerar las diferencias con la gran empresa ni que la explotación a pequeña escala ya está gravada por otro tributo.
Un choque entre la policía y mineros que defendían el miércoles sus posiciones en las calles céntricas detonando cartuchos de dinamita, y el secuestro por unos minutos de dos uniformados antimotines y sus motocicletas, cerca del mediodía, hicieron temer un enfrentamiento mayor.
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Los peatones al borde del pánico corrían para protegerse de las ondas expansivas de la dinamita, que fácilmente alcanzaban los 50 metros, mientras las autoridades dispusieron reducir la jornada laboral así como medidas de precaución en escuelas públicas próximas a la Plaza San Francisco, tomada por los mineros desde el martes.
Un fiscal liberó el miércoles a ocho mineros tras evaluar su responsabilidad en el transporte del material explosivo el lunes pasado, y los instruyó cooperar con una investigación policial para determinar su grado de participación.
En medio del temor, una reunión de seis horas presidida por Morales terminó por derribar el proyecto del ICM, pero la redacción del documento, firmado en medio de aplausos, no declara explícitamente la suspensión definitiva del tributo, sino que los mineros y el gobierno impulsarán la universalidad de la política impositiva.
"No se aplicará el ICM y se buscarán otros tributos para que el Estado perciba mayores ingresos", dijo el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, Andrés Villca. Pero el ministro de Minería, Guillermo Dalence, afirmó que "el incremento está en discusión".
Esta forma de redacción del convenio permitiría mantener el actual impuesto que pagan los cooperativistas, diferenciado respecto de las grandes empresas, evitando una mala señal que podría alentar al resto de contribuyentes a tomar medidas de fuerza para obtener similares beneficios.
Las marchas, la toma de avenidas y las explosiones de dinamita también dieron como resultado la flexibilidad de las políticas de fomento productivo, pues el gobierno otorgará 10 millones de dólares a las 536 cooperativas y les concederá dos escaños en el directorio de la empresa estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Los ministros Celima Torrico, de Justicia, Walter Delgadillo, de Trabajo, y Dalence, de Minería, se comprometieron a atender las demandas de obreros desocupados de Huanuni, en el occidental departamento de Oruro, que quedaron al margen del programa de incorporación de cooperativistas a la Comibol como solución a una pugna por los yacimientos más ricos en estaño que estalló el año pasado.
Además de otras ofertas gubernamentales para mejorar la comercialización de metales de manera centralizada y estudiar el costo de la energía eléctrica que emplean los mineros, los dirigentes y el gobierno sorprendieron con una reconciliación política que reedita un anterior pacto de respaldo a Morales.
Los cooperativistas —que supieron apoyar políticas de los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y Carlos Mesa (2003-2005)— se erigirán otra vez como apoyo de cambios impulsados por Morales y su izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) luego de una ruptura, en octubre de 2006, tras una acción violenta de mineros que intentaron apoderarse de los yacimientos de estaño de Huanuni, en manos de Comibol, con un resultado de 14 muertos.
Hasta el 5 de octubre, el dirigente cooperativista Walter Villarroel era estrecho colaborador de Morales como ministro de Minería, pero la acción de los sindicalistas en Huanuni provocó su salida del gobierno.
"Construiremos el reencuentro del sector minero con el gran proyecto de cambio. Ellos vuelven a ser parte del proceso", dijo el ministro Delgadillo.
Villca, por su parte, no descartó la posibilidad de la asignación de funciones gubernamentales a sus afiliados.
"Las futuras políticas mineras serán consensuadas con las cooperativas", expresó Delgadillo.
Las 536 cooperativas, organizadas en el central departamento de Cochabamba y en los occidentales La Paz, Oruro y Potosí, agrupan a unos 55.000 socios que dirigen y operan pequeñas empresas y dan empleo a otras 5.000 personas como trabajadores eventuales.
Su origen se remonta a 1986, cuando quebró la minería estatal ante el desplome internacional de los precios del estaño y otros minerales, y miles de trabajadores quedaron sin sustento de un día para otro.
Muchos se desplazaron a zonas agrícolas, como el central Chapare, para cultivar coca. Pero otros permanecieron en los socavones, explotando artesanalmente vetas agotadas para subsistir. La creciente demanda internacional de metales de los últimos años volvió más atractiva la actividad, pero sólo unos pocos cooperativistas han prosperado.
"Hemos reconciliado a los sectores del campo y la ciudad y quiero agradecer la madurez de todos", dijo Morales, que tuvo que salvar en persona un conflicto de alto grado de violencia. De hecho, mientras hablaba, en la Plaza San Francisco los mineros volvían a la carga haciendo detonar al menos otros 10 cartuchos.
Los transeúntes y hasta algunos mineros censuraron esa actitud, ya inexplicable cuando todas sus demandas habían sido atendidas. "¡Basta¡ ¡Basta!", clamaba la gente intentando protegerse del estruendo.
Mientras los obreros del socavón comenzaban a abandonar ese histórico escenario de manifestaciones sindicales, el vicepresidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras de La Paz, Jorge Franco, explicó a IPS que sus afiliados estaban de acuerdo con el entendimiento.
"Nosotros pagamos impuestos", dijo al defender el actual tributo que grava en proporciones de uno a siete por ciento el valor bruto de la producción, con la aplicación de una tabla diferenciada y de acuerdo a la cotización de los minerales.
José Flores Ticona, presidente de la Cooperativa Ascensión de Caracoles, reiteró que su sector cumplía con sus obligaciones tributarias.
Una intensa lluvia pudo finalmente más que la policía y despejó el improvisado campo de batalla desde donde los mineros abordaron camiones y buses que los devolvieron a sus solitarios parajes.
