Dos sudafricanos tratan de impedir la inclusión de sus nombres en el registro de la ONU para sospechosos de vínculos con el movimiento islamista afgano Talibán y la red terrorista Al Qaeda, a instancias de Estados Unidos.
El gobierno de George W. Bush acusa al dentista Junaid Dockrat y a Farhad Dockrat, clérigo y rector de la Universidad Islámica Daru Salaam de Pretoria, de "financistas, reclutadores y facilitadores de Al Qaeda y Talibán".
Washington realizó la imputación ante el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) el día 18.
Los primos Dockrat rechazaron la acusación, que al ser divulgada en Sudáfrica a través del diario Sunday Times el día 21 detonó un intenso debate en todos los ámbitos de la sociedad.
"Es la primera vez que ciudadanos sudafricanos afrontan la posibilidad de ser incluidos en la lista de posibles terroristas de la ONU", dijo a IPS Anneli Botha, investigadora y experta en terrorismo del Instituto de Estudios sobre Seguridad (ISS) con sede en Pretoria.
Hasta el mes pasado, el Comité de la ONU para Sanciones a Al Qaeda y Talibán incluía a 487 individuos y organizaciones en la nómina, parte de ellos pertenecientes a diversos países africanos: Egipto, Kenia, Marruecos, Nigeria, Somalia, Sudán y Túnez.
El líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, acusado de pergeñar los ataques del 11 de septiembre de 2001 que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington, vivió en Sudán entre 1991 y 1996, antes de trasladarse a Afganistán por presiones de Arabia Saudita y Estados Unidos sobre el régimen islamista en Jartum.
Al igual que todos los individuos incluidos en la lista del Consejo de Seguridad, los Dockrat son musulmanes, comunidad que constituye dos por ciento de la población sudafricana.
"Muchos de ellos rechazan con fuerza la invasión estadounidense a Afganistán y a Iraq", dijo a IPS el profesor universitario musulmán Hussein Alí, residente en Johannesburgo. "Sienten que los musulmanes son un blanco injusto de Occidente."
"Me gustaría creer que Estados Unidos apunta contra los musulmanes no sólo porque cuestionan su sesgada política exterior", agregó.
Botha acotó que los Dockrat aún no figuran en la lista de la ONU, y negó los informes de la prensa según los cuales aparecerían automáticamente el día 26 en caso de que ningún país miembro del Consejo de Seguridad objeta su inclusión.
"Pasará tiempo antes de que sus nombres aparezcan en la lista. Insumió dos años, entre 2003 y 2005, la inclusión de la fundación pakistaní a la cual se asegura que Farhad Dockrat realizó aportes financieros", explicó la experta.
El clérigo y profesor universitario negó en declaraciones al diario The Star el día 23 la acusación estadounidense según la cual entregó unos 58.000 dólares al embajador del régimen talibán afgano en Pakistán dirigidos al Trust Al-Akthar.
Farhad Dockrat y un hijo suyo fueron arrestados en Gambia en 2005 luego de visitar instituciones de enseñanza en ese país y en Senegal. Desde entonces, ambos aseguran estar sometidos a la vigilancia de agentes de seguridad.
El abogado de los primos Dockrat, Shaheed Dollie, envió el 23 de enero una carga al Departamento de Relaciones Exteriores sudafricano para que el organismo clarifique el informe estadounidense.
Dollie remitió una copia de la carta a las autoridades en Washington, a los que exigió la presentación de pruebas del supuesto vínculo de sus clientes con Talibán y Al Qaeda.
"Los miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad deberán ponerse de acuerdo antes de incluir los nombres de estos dos sospechosos en la lista", sostuvo Botha. "Y deberán suministrar evidencias reales."
Los Dockrat confían en que Sudáfrica, que actualmente ocupa un escaño no permanente del Consejo, objetará la acusación. En ese sentido se pronunció el propio vicecanciller Aziz Pahad, quien dijo que su representación exigirá las pruebas a Estados Unidos.
El portavoz de la cancillería Ronnie Mamoepa afirmó el día 23 que el gobierno sudafricano ya había iniciado un diálogo en ese sentido con el estadounidense, y que esperaban las directivas del canciller Nkosazana Dlamini-Zuma.
Las normas de la ONU establecen que las personas y organizaciones que integran la "lista negra" de sospechosos de vínculos con Al Qaeda y Talibán pueden sufrir el congelamiento de cuentas bancarias y la requisa de bienes y pasaportes, lo que les impediría viajar fuera de sus países de residencia.
"Entonces puede entablarse una demanda penal en Sudáfrica, que debe ser decidida por el Estado", indicó Botha.
Este país, que aún no logra desembarazarse de las rémoras del apartheid (régimen de segregación racial institucionalizada en perjuicio de la mayoría negra) y de su fama de fuente de mercenarios, tiene hoy vigentes duras leyes antiterroristas.
Los musulmanes sudafricanos se quejan de intensas restricciones para ingresar en Estados Unidos tras los atentados de 2001.
Uno de ellos, Adam Habib, director ejecutivo del Programa de Democracia y Gobernanza del Consejo de Investigaciones en Ciencias Sociales, se enteró de que su visa de ingreso a territorio estadounidense había sido revocada cuando llegó al aeropuerto de Nueva York en octubre pasado.
Habib, un destacado analista, había viajado al país norteamericano por negocios.
"Es embarazoso descubrir de golpe que te consideran terrorista si resulta que hasta ese momento eras una persona importante en tu comunidad", dijo el profesor Hussein Alí.
Los expertos sudafricanos consideran que la enfática retórica antiterrorista de Estados Unidos no resolverá el problema que pretende atacar.
"Y no creo que Sudáfrica pueda sentirse excluida de tales acusaciones", concluyó Botha. "Integramos la comunidad internacional. No podemos hacer de cuenta que todo está siempre bien. Debemos abrir nuestra mente a las cosas que nos rodean."
