«Los actores del conflicto armado en Colombia, en particular los grupos paramilitares y la guerrilla, usan la violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres como estrategia de guerra», sentenció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esta es una conclusión de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres, de la Comisión que integra el sistema de la Organización de Estados Americanos, compartido en Colombia a través de la organización no gubernamental Corporación Sisma.
Unas 50 entidades de la sociedad civil presentan estadísticas actualizadas y amplían testimonios en el marco de la visita que realiza al países desde el martes y hasta el sábado próximo Víctor Abramovich, de la Comisión, con el fin de enriquecer la información de la Relatoría.
El informe señala en una parte que "mediante la violencia contra las mujeres se intimida e imparte terror en las comunidades, provocando desplazamiento de cientos de familias" de sus hogares.
"También son señaladas y perseguidas por supuestas relaciones con combatientes, e intimidadas en busca de información. A las agresiones que sufren por igual hombres y mujeres, en ellas se suman delitos de índole sexual", puntualiza la Relatoría.
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En razón de la violencia política, según estadísticas de la Comisión Colombiana de Juristas, "en el periodo de enero 2002 a junio de 2006, una mujer murió en promedio diario en Colombia".
"Son demasiadas las violaciones que a la sombra del conflicto se cometen contra las niñas, las adolescentes, las adultas colombianas y, sin embargo, no se logra conciencia en la sociedad ni en los medios masivos (de comunicación), que podrían contribuir en sensibilización ", señaló a IPS Claudia Mejía, directora de Sisma.
El documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Sisma aborda la problemática del reclutamiento de niñas y jóvenes mujeres por organizaciones armadas irregulares como las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de izquierda.
"Niñas violadas y forzadas a emplear dispositivos intrauterinos e incluso a practicarse abortos. (…) Los líderes paramilitares (…) mandan a buscar niñas entre 12 y 14 años para que residan con ellos a fin de prestar servicios sexuales y hacerse cargo de tareas domésticas", afirma el informe.
"La violencia cotidiana contra las mujeres se multiplica en tiempo de guerra", enfatizó Mejía. Crece el delito, pero la desatención permanece.
En el informe, la Relatora asegura que las víctimas no reciben tratamiento adecuado por parte del Poder Judicial cuando presentan sus denuncias, lo que promueve la impunidad y perpetúa el delito.
Esta afirmación coincide con el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2004.
En ese trabajo se afirma que "la mayoría de las violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas quedan impunes debido a la falta de investigaciones de oficio, el escaso porcentaje de denuncias, ocasionado por el pudor, la falta de credibilidad en el sistema de justicia, y el subregistro en los casos de muerte o violencia sexual".
"(Tampoco existen) programas de formación en género a operadores judiciales y hay práctica sexista especialmente en el área penal", añade.
Aún con los llamados a mejorar la atención y protección de las mujeres, el informe reconoce que los funcionarios estatales saben de los desafíos por superar, como el avance normativo y de políticas públicas a favor de la población femenina, desarrollados en la última década.
Uno de los esfuerzos gubernamentales es su preocupación por conocer estadísticas confiables en cuanto crímenes contra las mujeres a través de programas adelantados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, el Departamento Nacional de Estadísticas y el Programa Presidencial para la Equidad de la Mujer, entre otros.
Pero aún falta por hacer, según lo que recomiendan la Relatora de la Comisión, la Alta Comisionada e, incluso, el Programa Presidencial para la Equidad de la Mujer (PPEM), rector de las políticas para la población femenina, que en su informe de 2003 Mujeres, Constructoras de Paz y Desarrollo reconoce que las mujeres son un grupo poblacional muy afectado por la inequidad.
La directora del PPEM, Marta Lucía Vásquez, señaló a IPS que "es necesario reconocer los avances de protección logrados, mediante la aplicación de políticas gubernamentales como la de Seguridad Democrática y la reactivación de la Política Social del presidente Álvaro Uribe".
Además, indicó que la proporción de muerte entre hombres y mujeres es de tres a uno, y que Colombia está por encima de muchos países en donde la violencia contra las mujeres es más alta, motivo por el cual otros gobiernos del continente solicitan asesoría.
Aún así, y según estadísticas oficiales, las mujeres constituyen la mitad de la población desplazada de sus hogares a causa de la guerra civil y cuatro de cada 10 familias tiene jefatura femenina.
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que "sobre sus hombros (de la mujer) recae la organización, el cuidado y las tareas de higiene cotidiana de la familia. Los hombres se sienten incapaces de resolver problemas y no encuentran posibilidades de desarrollar trabajo de campo, lo que en ocasiones desemboca en conflictos familiares".
"Cuando el asentamiento se realiza en albergues, la intimidad de la mujer se ve afectada (…), las necesidades de salud en torno a la menstruación y la planificación familiar no son tenidas en cuenta", según el informe "Chocó, territorio de riquezas y sobrevivencia", entregado a la relatora durante su visita a Quibdó, capital del occidental departamento en el litoral del océano Pacífico.
Si ya las cifras oficiales son altas, la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en Colombia (Codhes), asegura que la población desplazada asciende a más del doble de las cifras publicadas por el Estado.
Codhes estima que desde 1985 a diciembre de 2004 fueron desplazados de sus lugares de residencia a causa del enfrenamiento armado interno alrededor de 3,5 millones de personas, 51 por ciento de las cuelas son mujeres.
"Soy negra desplazada del Chocó hace 10 años. Perdí a mi hermano, desaparecido a manos de paramilitares por participar en una marcha campesina. Nos obligaron a abandonar nuestras tierras, a mi esposo se lo llevaron y duró desaparecido tres meses. Con la ayuda de un sacerdote llegué a Barranquilla (costa caribe) con mis seis hijos. Pasé mucho trabajo para mantenerlos (…)", según un testimonio incluido por la Relatora.
La comisionada Susana Villarán visitó Colombia en junio de 2005, realizó entrevistas con autoridades gubernamentales, víctimas, familiares de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, incluidas las indígenas y afrocolombianas, y agencias defensoras de los derechos de las mujeres.
En Bogotá, en Quibdó, donde la mayoría de la población es negra, y Valledupar, capital del septentrional departamento de Cesar.
La Relatora escuchó a poblaciones indígenas ubicadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, y tras la suma de testimonios concluyó que dentro de los porcentajes de violencia contra las mujeres, las razas negras e indígenas sufren aún mayores vejámenes por cuanto se suma su condición de vulnerabilidad al pertenecer a minorías asentadas en territorios de especial riqueza natural.
La persecución alcanza también a directivas de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres.
"Las mujeres sindicalizadas fueron víctimas de 15 femicidios, 102 amenazas de muerte, 10 detenciones arbitrarias, 15 hostigamientos y persecuciones por su actividad sindical, dos atentados de muerte, siete desplazamientos forzados y un secuestro" en 2005, según la Escuela Nacional Sindical.
La idea es continuar en el cumplimiento de sus esfuerzos. "Para ello necesitamos de la difusión masiva de una situación que a través de las mujeres, afecta a la familia, y por ende al país", concluyó Mejía.
