Representantes de la ONU comenzarán la semana próxima a registrar las armas y a ex combatientes maoístas en campamentos de Nepal. Mientras, activistas humanitarios piden que las necesidades de mujeres y niños del lugar no sean pasadas por alto.
A los 35 integrantes del grupo proyectado de casi 200 efectivos de la misión de paz de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) se le unirán 111 ex soldados ghurkas, nepaleses que formaron parte de los ejércitos británico o indio. Estos últimos se desempeñarán hasta que llegue el contingente completo de los también llamados cascos azules, este verano boreal.
El control sigue al acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Nepal y los rebeldes en noviembre. Ese documento puso fin a meses de negociaciones entre los partidos políticos dominantes y el Partido Comunista de Nepal (maoísta), que se asociaron para derrocar al rey Gyanendra en el levantamiento popular de abril, que duró 19 días.
Gyanendra había dado un golpe de Estado el 1 de febrero de 2005.
Además de controlar las armas y los ejércitos, la ONU también acordó evaluar la situación del país en materia de derechos humanos y ayudar a preparar elecciones para conformar la Asamblea Constituyente, previstas para junio.
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Siete campamentos principales y otros 21 satélites son instalados para albergar a aproximadamente 15.000 combatientes de la insurgencia maoísta de la guerra civil, que se extendió por una década y dejó 14.000 personas muertas y desplazó de sus hogares a decenas de miles de aldeanos.
El ejército nepalés asignará un número correspondiente de soldados y sus armas a barracas durante un periodo de transición que se espera termine luego que la Asamblea que resulte elegida elabore un texto constitucional para ser ratificado.
Se prevé que una Constitución provisoria sea aprobada por la Cámara de Representantes el próximo lunes, el mismo día en que 73 maoístas asumirán sus escaños en el gobierno interino que estará en funciones hasta los comicios de junio.
También ese día, los observadores comenzarán a registrar las armas en los campamentos. Un grupo inicial inspecciona algunos de esos acantonamientos esta semana.
"Les dijimos al gobierno y a la ONU que los observadores necesitan un entrenamiento básico en materia de derechos del niño y desarrollo infantil básico", declaró el activista Gauri Pradhan, presidente de Child Workers in Nepal Concerned Centre (Centro comprometido con los niños trabajadores en Nepal).
El Centro es parte de una coalición de organizaciones, como Save the Children (Salven a los niños) y oficinas locales del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que inspeccionaron los campamentos en los últimos días, al margen de las tareas de la ONU.
"Ciertamente hemos observado la presencia de niños combatientes", dijo Pradhan en una entrevista telefónica con IPS.
"No hay suficientes instalaciones para ellos, y no hay una atención infantil adecuada. También hay niños y niñas que alegan no haber integrado la fuerza de combate, aunque dicen estar asociados a ella haciendo otros tipos de tareas, como juntar leña o trabajar en la cocina. Pero nuestros observadores obtuvieron información" en cuanto a que eran parte.
Previo a la instalación de los campamentos en noviembre, hubo muchos informes de que cuadros maoístas secuestraban jóvenes, entre ellos menores, para los campamentos. Se dijo que los rebeldes querían aumentar sus filas para que el gobierno les diera más beneficios. Pero los líderes rebeldes negaron esa acusación.
Activistas que visitaron el campamento en una misión de inspección separada en diciembre también dijeron no haber visto a ningún menor que pareciera ser soldado. En general, las condiciones eran muy pobres, señaló el líder de la sociedad civil Padma Ratna Tuladhar.
"No había agua potable o electricidad, las carreteras no eran muy buenas, incluso los alimentos no eran satisfactorios", dijo a IPS. En un campamento, los maoístas durmieron en tiendas que eran "sofocantemente calurosas" de día y que filtraban agua por las noches, agregó.
Cientos de ex rebeldes, entre ellos mujeres embarazadas, se enfermaron poco después de instalados los campamentos, a comienzos del invierno boreal. Las existencias iniciales de medicinas se agotaron rápidamente.
"En un campamento, las mujeres informaban que, si bien había analfabetas entre ellas, otras habían estudiado hasta cuarto grado, así que debería haber algunas escuelas", agregó Tuladhar.
"El gobierno, los maoístas y la comunidad internacional deberían decidir qué clase de campamentos deberían tener", opinó, sugiriendo que los ex rebeldes podrían estar allí hasta dos años.
"Sería imposible permanecer todo ese tiempo bajo las condiciones actuales", agregó Tuladhar.
El principal funcionario de la ONU para Nepal, Matthew Kahane, urgió recientemente al gobierno y a los insurgentes a integrar mujeres en la planificación de los campamentos.
"Nos gustaría subrayar la preocupación de que las necesidades de las mujeres que son ex combatientes, partidarias y dependientes sean tomadas en cuenta. Ningún plan de transición para Nepal será efectivo sin la inclusión de mujeres y adolescentes en el diseño, concreción y evaluación de los planes relativos a acantonamientos y reinserción", indicó en declaración escrita.
La preocupación del Child Workers in Nepal Concerned Centre "no es solamente exponer la realidad, sino también hacer un seguimiento de la reintegración", dijo Pradhan.
Durante tres años, la organización ha estado trabajando con niños de Nepal occidental que quedaron huérfanos por el conflicto.
"Nuestras mayores preocupaciones son el asesoramiento psicosocial, la atención a la primera infancia y sacar a los niños de los campamentos", agregó.
Según el Centro, durante el conflicto de 10 años fueron asesinados 419 niños (295 varones y 124 niñas) y heridos físicamente 454 (272 niños, 128 niñas y 54 no se sabe).
También, 29.244 niños y sus profesores fueron reclutados por la guerrilla con fines de "entrenamiento educativo popular", mientras que 230 niños fueron arrestados por fuerzas de seguridad estatales.