Poder fáctico: «Sector de la sociedad al margen de las instituciones políticas que ejerce sobre aquella una gran influencia, basada en su capacidad de presión, por ejemplo, la banca, la Iglesia, los medios de comunicación».
A los ejemplos de la Real Academia Española habría que agregar otros, como el narcotráfico, al menos en Honduras.
En este país, el avance más o menos silencioso de grupos ligados al poder económico y el crimen organizado en las estructuras partidarias y estatales es objeto de análisis y preocupación en la academia, la política y la sociedad civil, que advierten riesgos para la legitimidad del sistema democrático.
Dos tipos de fuerzas controlan el poder político, según analistas consultados por IPS. La primera es de los poderes económicos de familias tradicionales que se han remozado y están copando las estructuras partidarias y puestos de decisión en el gobierno.
"Ellos son los grupos de poder legal, por así decirlo. Pero están los otros, ocultos y ligados al crimen organizado, especialmente el narcotráfico, que tiene una fuerte presencia en el país", dijo a IPS el politólogo Ernesto Paz, de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
"Estos grupos que no sólo paralizan sino que mediatizan reformas políticas necesarias para el país, están generando crisis de gobernabilidad y debilitando el sistema de partidos", agregó.
Según los consultados, las familias que ejercen mayor influencia son exponentes de comunidades de origen árabe y judío, identificadas en sectores económicos como la maquila, la energía térmica, las telecomunicaciones, el turismo, la banca y las finanzas, los medios de comunicación, la industria cementera y el comercio.
La investigación "América Central, grupos de poder e integración real", presentada a mediados de este año por la fundación alemana Friedrich Ebert, subraya que estos grupos se apoderan en la región del espectro que conforman los partidos políticos.
El estudio identifica "gobiernos empresariales", como el salvadoreño, y "gobiernos pro-empresariales" como los que han tenido Honduras y el resto de países del istmo en los que el vínculo entre estructuras gubernamentales y sectores privados ha sido menos directo que en El Salvador.
Los empresarios de la comunidad de origen árabe Miguel Facussé Barjum, inversor y agroindustrial, su yerno Fredy Nasser, Schucry Kafie, magnate de la energía térmica, y el banquero, industrial y comerciante Jaime Rosenthal son las personas más poderosas de Honduras.
Nasser y Kafie controlan el emporio de la energía térmica, y la ramificación de los negocios del primero se extiende a la concesión de los principales aeropuertos del país, así como a acciones en compañías telefónicas en Guatemala, entre otros. En esa línea de grupo económico sigue en importancia el empresario de la madera y accionista de bancos y de combustibles José Lamas, de origen cubano.
Del lado de los medios de comunicación, cuya influencia cobró fuerza entrada la década de los 90, se destacan los empresarios Rafael Ferrari, Carlos Flores Facussé, ex presidente del país (1998-2002) y sobrino de Miguel Facussé, y Jorge Canahuati Larach.
Para el sacerdote jesuita Ismael Moreno, estos grupos "se interrelacionan entren sí y a nivel del sistema político hondureño, donde su injerencia es muy fuerte, al grado de afirmar que ponen gobernantes, dictan la agenda informativa en los medios de comunicación y son los principales aportantes de las campañas políticas".
"La presencia de apellidos, unos en el Congreso (legislativo) y otros en el Poder Ejecutivo, no es casual. Ellos saben cómo intervenir, pedir y demandar. El Estado parece presa de ellos, y los gobiernos son el instrumento para obtener poder y ganancias", dijo a IPS Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), de la comunidad jesuita en Honduras.
"Si antes disimulaban mejor su ambición, en la última década se han desbordado, y parece que este país, despojado y despedazado, aún tiene carne para comer", agregó.
De los siete millones de hondureños, 65,3 por ciento vivían en la pobreza y 53,4 por ciento en la indigencia en 2005, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Un asesor presidencial, que pidió no dar su nombre por razones de seguridad, dijo a IPS que "estos grupos son insaciables, piden y piden. Hace dos meses, en una reunión con el presidente Manuel Zelaya, le dijeron que en los años 80 las decisiones políticas fundamentales para el país se consultaban en los cuarteles de los militares, pero ahora estaban ellos, los empresarios y los medios de comunicación".
"Ustedes son temporales, en cambio nosotros somos permanentes. Queremos que se nos consulte en las decisiones, queremos contratos y participar de las licitaciones, opinar sobre algunos nombramientos de funcionarios públicos y contratos de publicidad con el Estado", le han dicho estos grupos al gobierno, según la fuente, que enumeró algunas de sus demandas.
El gobierno de Zelaya, iniciado en enero de 2006, soporta desde entonces roces con algunos de los grupos más poderosos del país, pues en su gabinete hay exponentes del sector empresarial judío que encabeza el banquero y político Rosenthal, enfrentado a las más influyentes familias árabes citadas.
Rosenthal, fallido aspirante presidencial en cuatro oportunidades, pertenece al gobernante Partido Liberal y tiene intereses en medios de comunicación, la industria del cemento, la exportación de carne y de lagartos, la banca, los seguros y las telecomunicaciones, entre otros. Fue bastión clave en la campaña electoral de Zelaya.
Su hijo, Yani Rosenthal, es el actual ministro de la Presidencia, encargado de coordinar todos los ministerios y las más importantes carteras de créditos y proyectos de la administración pública.
¿Con quién gobierna Zelaya, si tiene marcadas diferencias con algunos grupos de poder? Con la familia Rosenthal y con otro sector empresarial no ligado a las estructuras tradicionales, que intenta, junto al presidente, "marcar distancia de quienes han exprimido por años este país", según la versión del asesor presidencial consultado por IPS.
Este grupo es encabezado al parecer por el jefe del personal presidencial y administrador de la Casa de Gobierno, Roberto Babún, ligado al rubro de la explotación y exportación maderera. Junto a él se alinean empresarios del turismo, de la generación de biodiésel, fuertemente impulsada en la actual administración, y de la energía térmica.
Versiones no confirmadas señalan también vínculos del gobierno con empresarios guatemaltecos que habrían aportado recursos sustanciales a la campaña del mandatario.
En opinión de la diputada oficialista al Parlamento Centroamericano, Gloria Oquelí, este panorama "pone en riesgo la estabilidad de los partidos, porque la penetración de estos grupos es tan evidente, que estamos quedando sin líderes políticos propiamente".
"Su participación no es que sea mala, deben estar, pero deben dejar a los políticos que sean ellos quienes gobiernen y no al revés, gobernar ellos a los políticos como se ve en la práctica. Hay que repensar cómo modernizar el sistema político y hacer de los partidos grupos menos elitistas y más abiertos a la ciudadanía y la participación social", acotó.
A Oquelí más le preocupa lo que califica la cooptación del sistema de partidos por parte del narcotráfico, con "indicios fuertes de haber financiado campañas políticas. Los partidos deben abrirse para informar públicamente quién les financia sus campañas y a cambio de qué", acotó.
El experto en tráfico de drogas Alfredo Landaverde, asesor estatal en materia de seguridad, señala que en Honduras la penetración "narco" se vislumbra en el lavado de activos, el robo de vehículos, la falsificación de documentos, el tráfico de armas y de personas, actividades ligadas a las maras o pandillas juveniles.
Desde 1977 se registra la presencia del narcotráfico, casi siempre utilizando el territorio como puente o lugar de tránsito. Pero en la última década, esa percepción ha variado ante los fuertes decomisos de cocaína. En lo que va de 2006, la policía se ha incautado de más de 3.000 kilogramos de esta droga.
De acuerdo con el gubernamental Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, la Drogadicción y la Farmacodependencia, está en aumento el uso de drogas, y los jóvenes de entre 15 y 19 años han consumido algún tipo de estupefacientes, entre los que resalta la cocaína.
Según el Instituto, en los años 70 el consumo de drogas se circunscribía sólo a la marihuana y a algunos inhalantes, pero en la última década "se ha ido evolucionando a una circulación masiva de cocaína y también del crack. Y ya en el 2002, se han visto pequeños decomisos de éxtasis y heroína que todavía tienen una distribución muy limitada".
La actividad, según Landaverde, se concentra en el litoral atlántico y caribe (noreste), en el occidente y en la región nororiental del departamento de Olancho. De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la UNAH, estas son las regiones con mayor incidencia de crímenes y violencia.
Los narcotraficantes lavan el dinero que obtienen "invirtiendo en la compra de lujosas residencias, fincas ganaderas, comercios y botes pesqueros, incluso en negocios comerciales en pequeña y mediana escala. Pero también lo hacen invirtiendo en la política", dijo Landaverde, si bien no hay cifras oficiales sobre el impacto del lavado de dinero.
Dos meses atrás, el parlamentario Marvin Ponce, del izquierdista partido Unificación Democrática, dijo que había legisladores que ganaron sus escaños con dinero procedente del narcotráfico, pero no se atrevió a dar nombres.
Un ex alcalde del interior del país aseveró a IPS que al menos cinco de sus pares de igual número de municipios en los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque, en el extremo occidental, habían financiado sus campañas con recursos del tráfico de drogas. Pero "si revelo los nombres, me matan al día siguiente", justificó.
Según la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), anualmente pasan por Honduras cerca de 100 toneladas de cocaína, pero en los últimos años se ha registrado una evolución masiva del consumo interno.
La cocaína suele proceder de Colombia con rumbo a Estados Unidos, según la policía hondureña y la DEA, que procura instalar en 2008 una base militar antidrogas en la selvática región de la Mosquitia, en la costa atlántica, uno de los centros principales del narcotráfico por el aislamiento de sus florestas vírgenes sin conexión terrestre con el resto del país.
Los jefes del narcotráfico escapan de la justicia sobornando, amenazando y cometiendo ataques sangrientos, afirma Landaverde.
Unos y otros poderes avanzan por la fragilidad más o menos general de la democracia en la región, que "está en crisis", opinó el politólogo Paz.
"En el caso hondureño, una de las salidas para que el Estado no quede atrapado en estas redes, es construir y crear redes ciudadanas que fortalezcan la sociedad frente al Estado", propuso.
