El gesto enérgico de los policías antinarcóticos bolivianos ha cambiado por otro amable que lleva atención primaria de salud a los pobladores de los Yungas, a cambio de confianza y ayuda para detectar fabricantes y traficantes de drogas.
El viceministro encargado de la represión al narcotráfico y él mismo cultivador de coca, Felipe Cáceres, ha insistido en que bajo el mandato presidencial del líder indígena Evo Morales, la destrucción de plantaciones ilegales se ha de efectuar respetando los derechos humanos y sin violencia.
Esa política ha llegado a la comandancia de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar). Su jefe, el teniente coronel de policía Julio Cruz Vera, tiene como asistente un médico, lo cual se vincula con la política de aproximación a la población del subtrópico andino, donde se cultiva coca y esporádicamente se hallan pequeñas fábricas de pasta básica, producto intermedio en la elaboración de cocaína.
En traje de camuflaje, Cruz Vera patrulla la extensa zona de montañas y espesa vegetación de los Yungas, en el departamento de La Paz, para explicar a los pobladores, la mayoría agricultores, que el tráfico de productos químicos y su empleo en la fabricación de drogas puede afectar sus vidas y privarlos de su libertad.
"Se informaba de manera equivocada que íbamos a erradicar y quitarles su producción de coca a los campesinos, pero ahora realizamos una acción cívica para trabajar con los dirigentes y explicar la función de interdicción (lucha) contra el narcotráfico", dice a IPS el comandante de Umopar-Yungas, mayor Alfredo Villca.
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La imagen que describe Villca es lo opuesto al clima que se vivía un año atrás, cuando Morales aún no ejercía la presidencia de Bolivia, y el gobierno estaba en manos del abogado y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez.
DE REPRESIÓN A COMPRENSIÓN
Villca controla las operaciones policiales antidrogas desde su oficina instalada en una colina de Coroico, a 90 kilómetros de La Paz, y su área de acción se extiende desde el puesto policial de La Rinconada, al pie de los nevados que rodean la zona semitropical, hasta las cálidas áreas de las vecinas provincias de Larecaja y Caranavi.
La región yungueña está dividida por la cordillera Real en las provincias Nor y Sud Yungas. En ésta, las acciones de Umopar abarcan las poblaciones de Irupana y Pulchiri, ésta última en la provincia Inquisivi.
A fines de 2005, la instalación del cuartel de La Rinconada, a 30 kilómetros de La Paz, con respaldo de la embajada de Estados Unidos, fue resistida por los cultivadores de coca que temían la represión policial en el control del tránsito de productos químicos y de las cargas del vegetal de amargo sabor.
Tras 11 meses de gestión de Morales, a la sazón máximo dirigente de los cocaleros del central Chapare, La Rinconada luce abandonada, y los vehículos de carga y de pasajeros —que antes debían someterse a estricta revisión de los policías de Umopar, también conocidos como "leopardos"— no encuentran allí nada que los detenga.
La ley antidrogas 1.008 promulgada en 1988 autoriza sólo en la región de los Yungas el cultivo de 12.000 hectáreas de coca para el consumo tradicional: la masticación en las zonas andinas, la infusión y los ritos aymaras.
Pero datos del gobierno estadounidense y de la Organización de las Naciones Unidas establecen que los cocales bolivianos rondan las 25.000 hectáreas. Por tanto, hay más de 13.000 hectáreas ilícitas localizadas en los Yungas y en el Chapare.
Morales anunció el propósito de modificar la ley 1.008 para permitir el incremento de los cultivos legales de 12.000 a 20.000 hectáreas, siguiendo su política de respaldo a las seis federaciones de cultivadores del Chapare, donde permitió a cada afiliado plantar coca en una extensión de 1.600 metros cuadrados (un cato).
El gobierno de Carlos Mesa (2003-2005) ya había flexibilizado la ley, al autorizar la plantación de un cato de coca a cada una de las 40.000 familias cocaleras del Chapare, pero la medida de Morales multiplica el beneficio a un número de afiliados hasta ahora no determinado.
En la regional los Yungas de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), los agricultores están convencidos de que la expansión de cultivos hará bajar el precio de la coca, cotizada en unos 100 dólares por "taque" de 50 libras (22,5 kilogramos) en el mercado de La Paz.
De las 104 comunidades de Coroico, entre 80 y 90 son productoras de coca. En cada una funciona un comité comunitario de Adepcoca, con un presidente y un secretario elegidos por un año en asambleas de afiliados.
Cada comité emite una boleta de autorización a los 1.000 miembros registrados de Adepcoca, para cosechar y vender hasta 10 cestos de 30 libras (13,8 kilogramos).
La venta de volúmenes adicionales no autorizados por los comités determina la sanción al afiliado con la suspensión de su licencia de comercialización por entre uno y tres años y el pago de una multa que oscila entre 62 y 125 dólares, explica el asesor de la alcaldía de Coroico y dirigente del gobernante Movimiento al Socialismo, Santiago Gutiérrez.
La estrategia sobre la coca y la droga del gobierno de Morales no está lista, reconoció el viceministro Cáceres a fines de noviembre.
Han sido enunciados, sin embargo, sus principios: la racionalización (eliminación voluntaria) de plantíos, una campaña internacional para despenalizar el vegetal, la mejora agrícola y la creación de condiciones para exportar derivados, así como nuevas metas de reducción por año.
El 17 de este mes, el gobierno dijo que había conseguido su meta anual: 5.000 hectáreas erradicadas en zonas ilícitas, tres meses antes de concluido el plazo concedido por Washington, que amenazaba con poner mala nota a Bolivia, colocando en riesgo programas de ayuda estimados en unos 150 millones de dólares.
Pero el embajador estadounidense en Bolivia, Philip Goldberg, expresó temor por el incremento de los cultivos tras la llegada de Morales al gobierno y por la flexibilización de la represión a los cocaleros.
LÍMITES DEL CONTROL SOCIAL
Con la intensa campaña represiva de los últimos años en el Chapare, varios cocaleros se trasladaron a los Yungas.
"Algunos chapareños querían producir pasta (básica) y se les quitaron sus tierras", afirma Gutiérrez.
Los comités comunales, vigentes desde 1994, cobran fortaleza en el control social de los cultivos de coca, con el respaldo del gobierno de Morales, que les otorga mayor protagonismo en la fiscalización y en la generación de actividades económicas.
Pero el control social no bastó para evitar la producción de pasta básica. En las operaciones policiales realizadas entre enero y octubre fueron decomisados 51 kilogramos del estupefaciente en su fase primaria y detenidas seis personas en tres "cocinas", fábricas escondidas en la maleza de los Yungas, según el parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN).
El presidente regional de Adepcoca de Coroico, Arapata y Coripata, Pacífico Olivares, defiende el papel de los comités comunales en el control, "mejor que el de la FELCN y Estados Unidos, porque no permitimos la maceración de coca".
En el atardecer de este mismo día, la Umopar ha descubierto una fábrica de cocaína en Nor Yungas y detenido a varias personas, nos dice Villca.
Olivares se indigna cuando se le pregunta por la droga. "No somos drogados", afirma.
El mayor Villca recuerda que en el año que finaliza, fueron detectadas y destruidas algunas fábricas en las cercanías de la carretera que une a Coroico con Caranavi, pero estima que el mayor tráfico en la zona corresponde a bandas que transportan droga procesada en Perú para su venta en Brasil.
Los resultados de la lucha antidrogas en todo el territorio nacional permitieron a Umopar capturar 12 toneladas de cocaína en el año que finaliza frente a tres de la pasada gestión, mientras los decomisos de marihuana subieron de 43 a 100 toneladas en los primeros 10 meses del año, según el comandante de los leopardos, Cruz Vera.
El narcotráfico ha cambiado de actores, afirma. Desde su aparición en la década del 60, los grandes capos de la industria prohibida imperaron en los 80, y con la dura represión de los años 90, las factorías se trasladaron a Colombia.
Ahora, Bolivia ocupa el tercer lugar en la producción de cocaína en América Latina, después de Colombia y Perú, pero bajo la modalidad de pequeñas bandas familiares en zonas rurales de la región andina y hasta en ciudades.
El jefe policial, entrenado en la doctrina militar estadounidense al igual que el personal a su mando, argumenta que la política antidrogas de Morales se inscribe en la "racionalización de la coca", con el apoyo de los comuneros al trabajo que realiza la fuerza de tareas conjunta integrada por efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas.
"El control social funciona. Ellos (los agricultores) denuncian la existencia de plantaciones de marihuana o de fábricas de cocaína, que son destruidas con el apoyo de un fiscal", afirma Cruz Vera.
Desde enero, la Umopar cultiva una relación estrecha con los campesinos de las zonas productoras de coca. Sólo en los Yungas, 11.000 niños fueron vacunados contra diferentes enfermedades y recibieron dosis de vitamina A, mientras los adultos fueron tratados contra varias enfermedades como la fiebre amarilla, la leishmaniasis y la tuberculosis, afirma el médico Carlos Feraudy.
Inclusive la zona de La Asunta, en Sud Yungas, donde sus habitantes impedían el ingreso de la policía, es accesible ahora para los uniformados que acuden con asistencia médica y programas de difusión sobre los productos químicos prohibidos que se emplean en la obtención de pasta base, agrega Villca.
Por el momento, el uso de la fuerza contra los cocaleros está excluido de los métodos de trabajo de los policías antidrogas. Por eso, el dirigente Olivares sentencia: "Si un día nos quieren meter a los soldados, nos vamos a defender con uñas y dientes, o de lo contrario deben darnos una fuente de trabajo".
