Una mañana de 1982 el ejército ocupó la aldea guatemalteca donde vivía Pedro Santiago y empezó a disparar a todo lo que se movía. De masacres de este tipo, en la que fue herido este indígena ixil y asesinada su pequeña hija, es que se acusa a Efraín Ríos Montt.
Este dictador de Guatemala en 1982 y 1983 ganó por estos días un poco más de tiempo de impunidad gracias a la suspensión de la audiencia del tribunal de su país que debe decidir sobre la extradición pedida por España para juzgarlo por genocidio, terrorismo de Estado y torturas.
A pesar de todo, aún hay una luz de esperanza para los familiares y víctimas de los gobiernos autoritarios y de las dictaduras militares que llevaron adelante la guerra contra la insurgencia desatada a comienzos de los años 60, que costó la vida a más de 200.000 personas, 45.000 de ellas detenidas y cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Los más expuestos a la represión militar en ese periodo fueron los indígenas.
Este conflicto armado interno finalizó el 29 de diciembre de 1996, cuando las largas negociaciones instaladas en 1991 culminaron con la firma de la paz firme y duradera entre el gobierno democrático de entonces de Álvaro Arzú y la insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
En ese acto se acordaron 10 puntos, entre los que sobresale el establecimiento de la comisión para esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia.
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Esta comisión concluyó, en su informe entregado en 1999, que el Estado guatemalteco perpetró genocidio durante las campañas militares que lanzó en los primeros años de la década del 80.
El arduo proceso en busca de justicia avanzó desde que la Fundación Rigoberta Menchú Tum, dirigida por la activista humanitaria ganadora en 1992 del premio Nobel de la Paz, presentase en 1999 una querella ante la Audiencia Nacional de España para que juzgara el genocidio cometido en Guatemala.
Menchú Tum acudió al alto tribunal español para que investigue el ataque del 31 de enero de 1980 de las fuerzas gubernamentales contra la embajada de España en Guatemala, que fue arrasada por el incendio provocado y en la que murieron su padre, Vicente Menchú, y otras 38 personas.
Las fuerzas guatemaltecas embistieron contra la sede diplomática, que había sido tomada por un grupo de indígenas, de obreros y de estudiantes y donde aún permanecían tres funcionarios españoles.
El asalto y quema de la sede de la delegación de España en Guatemala, un hecho considerado de los más sangrientos del conflicto interno armado, motivó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países por 16 años.
Ante la imposibilidad de que actuara la justicia de su país, Rigoberta Menchú Tum y otros líderes de la sociedad civil recurrieron a la Audiencia Nacional de España, que en marzo de 2000 incorporó la demanda a un expediente por delitos de genocidio y por la ejecución extrajudicial de cuatro sacerdotes jesuitas de ese país europeo en misión en Guatemala entre 1980 y 1981.
El primer obstáculo apareció cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España consideró que no era adecuada la aplicación de la jurisdicción universal en todos los casos. Sin embargo, decidió juzgar el ataque contra la embajada diplomática y el asesinato de los religiosos.
En ambos crímenes, los acusados son altos funcionarios del gobierno guatemalteco de 1978 a 1982: el entonces presidente, Romeo Lucas García, el ministro de la Defensa, Ángel Aníbal Guevara, el ministro de Gobernación, Germán Chupina Barahona, y el ex jefe del Comando Seis de la Policía Nacional, Pedro García Arredondo.
Empero, el proceso cobró realmente fuerza en 2005, cuando el Tribunal Constitucional de España declaró competente a la justicia para atender la querella por genocidio. En ese momento se incluyó en este proceso, considerado de alto impacto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala, a Ríos Montt y al dictador que le sucedió, Oscar Mejía Víctores (1983-1986).
A esos dos generales en retiro se les imputa la llamada política de "tierra arrasada", aplicada en sus respectivos mandatos para eliminar la guerrilla y en el marco de la cual se cometieron matanzas, atropellos de todo tipo con la mira puesta especialmente en los indígenas, y las desaparición forzadas de personas.
El juez Santiago Pedraz, encargado del proceso en España, llegó en junio a Guatemala para tomar declaraciones a los imputados, pero las defensas de éstos pudieron obstaculizar su desempeño mediante la presentación de recursos de amparo.
Pedras finalmente regresó a su país y decidió pedir la captura internacional por genocidio para todos los sindicados, pero la orden, que quedó en manos del Tribunal Quinto de Sentencia, excluyó de modo sorpresivo a Ríos Montt.
La presidenta del tribunal, Morelia Ríos, señaló a IPS que la razón de esa polémica decisión se basó en que "el juez Pedraz no explicó en detalle las pruebas que le relacionaban (a Ríos Montt) con el ataque contra la embajada española en Guatemala y con la muerte de los cuatro sacerdotes".
Así, fueron detenidos en forma preventiva para su extradición el 7 de noviembre tres de los imputados. Una semana después el juez Pedraz amplió la acusación a tortura y genocidio en base a la querella de Menchú, cambio que fue recibido el 6 de este mes por el Tribunal Quinto de Sentencia.
Los abogados de Ríos Montt habían apelado a la Corte de Constitucionalidad con el primer pedido de extradición, alegando que era inconstitucional el trabajo del juez español en Guatemala.
Ríos Montt ha negado los cargos que se le imputan hasta el punto de afirmar en conferencia de prensa que no ha sido "citado, escuchado ni vencido en juicio" y que espera ser juzgado según el debido proceso judicial de su país.
Días después palabras suyas cayeron como un jarro de agua fría sobre los familiares de las víctimas del genocidio. "No me enteré de las masacres", dijo el ex dictador en un descarado intento por defenderse de las acusaciones. "El ejército cumplió instrucciones en el marco de la guerra, y cuando no se le dieron órdenes, cometió desmanes", justificó.
Pero es claro que para la familia de Pedro Santiago, un indígena ixil hoy de 50 años, lo vivido el 25 de febrero de 1982 no fue un desmán, sino un drama que duró muchos años.
"Esa mañana, el ejército llegó a la aldea y empezó a dispararnos. Salí con mi niña en hombros, para refugiarnos en la montaña. Corría y corría, cuando una bala me perforó el brazo izquierdo y a mi hija le atravesó el pie derecho. Después, ya no recuerdo más, desperté en el hospital de Huehuetenango. Pregunté por Magdalena. Me dijeron que estaba muerta (…)", relató a IPS.
Como Pedro Santiago, miles de familias sufrieron las consecuencias de una guerra interna que azotó el país por tres décadas.
Pero el proceso iniciado con la demanda de Rigoberta Menchú ha suscitado divisiones en la sociedad guatemalteca.
Mientras organizaciones defensoras de los derechos humanos aplauden la iniciativa de la justicia española, los sectores más conservadores afirman que la intervención extranjera en Guatemala es inaceptable.
"La independencia y soberanía de Guatemala de España fueron establecidas el 15 de septiembre de 1821 y ahora están siendo violadas", dijo a modo de crítica Francisco Palomo, abogado defensor de Ríos Montt.
Por su parte, el vicepresidente Eduardo Stein, declaró a IPS que es "lamentable que Guatemala no tenga la capacidad para resolver sus propios problemas y se tenga que acudir a estos recursos".
Sin embargo, para muchos guatemaltecos este proceso podría dar un giro a la historia ya que sería el primer juicio por genocidio.
Es un comienzo, aunque todavía queda un largo camino por recorrer porque como recordó a IPS la propia Rigoberta Menchú. "A 10 años de la firma de los acuerdos de paz, siguen habiendo muchos puntos que no se han cumplido: las víctimas no han recibido una reparación adecuada, ni material ni simbólica, y los responsables de los crímenes nunca han pedido perdón públicamente", puntualizó.
* Con aportes de la periodista española Claudia Munaiz.
