La lentitud de la justicia y la consecuente impunidad de los delitos de cuello blanco en Costa Rica atacan de lleno la credibilidad del sistema institucional, una de cuyas manifestaciones es la creciente abstención electoral.
Ni siquiera el hecho de que dos ex presidentes, Rafael Calderón (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), hayan sido huéspedes forzosos de las cárceles gracias a la acción judicial contra la corrupción ha revertido la perdida confianza de los ciudadanos en las entidades de gobierno y contralor.
"Ocurre que hay una percepción generalizada de que los políticos son corruptos", lo cual se ha expresado en la alta ausencia a las urnas, señaló a IPS Roxana Salazar, presidenta de la junta directiva de Transparencia Internacional en Costa Rica.
En los comicios generales de febrero, cuando fue el elegido presidente el socialdemócrata Óscar Arias, la abstención superó 30 por ciento del padrón, y en las municipales del 3 de este mes ese indicador rozó el 80 por ciento.
Esa inercia judicial también se constató con la caída de Costa Rica de 14 puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción, que elabora la organización no gubernamental Transparencia Internacional, entre 2004 y el publicado este año, en el que figura en el lugar 55.
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Costa Rica sigue detrás de Chile, Uruguay y República Dominicana en el concierto latinoamericano de ese estudio anual, en el que en 2005 ocupaba el escalón 51.
Salazar entiende que "lo más grave es el crecimiento de la impunidad, la sensación de que al final no ocurre nada, la justicia es muy lenta".
"Se ha facilitado la creación de antivalores frente a valores éticos, morales y cívicos. Hay un terreno fértil para la corrupción y la impunidad", apuntó.
A juicio de Ernesto Rivera, periodista de investigación del diario local La Nación, "el descenso en el Índice tiene que ver con los encarcelamientos de los ex presidentes, porque lo que eran simples sospechas, se transformaron en realidades". Los escándalos se destaparon entre abril y diciembre de 2004.
La Nación sacó a la luz entonces los principales casos de corrupción, en los que aparecieron involucrados los ex presidentes José María Figueres (1994-1998) y Rodríguez con presuntos sobornos por parte de la empresa francesa de telecomunicaciones Alcatel, que obtuvo un contrato con el Estado por 302 millones de dólares.
También sobre el caso de Calderón, procesado por supuestos cobros a la empresa finlandesa, Instrumentarium Medko Medical, representada en Costa Rica por la corporación Fischel, para habilitar la adquisición por parte de la estatal Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de equipos médicos por 39,5 millones de dólares. Algunas de esas compras fueron consideradas innecesarias.
En esta investigación fue implicado, además, quien posteriormente sería presidente de la CCSS, Eliseo Vargas, pues antes de asumir y como diputado del gobernante Partido Unidad Social Cristiana logró que la Asamblea Legislativa (parlamento nacional) diera el visto bueno al préstamo para la compra de los equipos.
Ninguno de los tres mandatarios ha ido todavía a juicio, aunque tanto Calderón como Rodríguez pasaron un tiempo en prisión, aunque los procesos siguen su curso lentamente
Cuando quedó implicado por la fiscalía en sus investigaciones, Rodríguez acababa de ser nombrado secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), cargo del que dimitió acto seguido y regresó al país el 15 de octubre de 2004, cuando fue detenido y esposado en las mismas escaleras del avión y enviado tras las rejas.
Para Rivera, quien ganó varios premios por sus reportajes relacionados con estos temas, hay tres grandes patas sobre las que se sustenta la corrupción en Costa Rica: las relaciones empresarios-políticos, la financiación ilegal de los partidos y la llamada "corrupción transparente", como se le llama a las irregularidades que no llegan a violentar la ley.
Por ejemplo, "en el caso de la CCSS, la norma estaba bien aprobada. Es que se diseñan operaciones por parte de gente con una gran preparación académica, sin quebrar la ley, lo que todavía es más preocupante. Esto evidencia una incapacidad del Estado para ver más allá de lo que es la ley", asevera el periodista.
Ya se presentaron las acusaciones de los casos mencionados, pero ahora Rivera se pregunta si el sistema judicial será capaz de acometerlas, "esa es la incógnita".
De todas formas es necesario señalar que, en los casos de los ex presidentes, "la justicia actuó bien en su momento. Ahora hay que ver cómo termina todo. La fiscalía debe presentar la acusación, ahí es donde se verá la capacidad del sistema", advirtió.
El papel de la prensa, y de La Nación en particular, ha sido fundamental para divulgar la corrupción existente en las altas instancias gubernamentales.
La Sala IV (Tribunal Constitucional) le dio la razón el 13 de este mes a Rodríguez en el recurso de amparo que presentó por vulneración de la intimidad, pero no en lo referente a que el trato recibido por parte de la fiscalía fuera abusivo.
"El voto del tribunal tan sólo dice que se le dio excesivo acceso a la prensa. ¿Pero, cuánto y cuándo es adecuado el acceso a la prensa en un caso de interés público?", se pregunta el periodista. Esa es una eterna discusión.
