El ex dictador Augusto Pinochet, fallecido a las 17:15 GMT del domingo 10 de diciembre en Santiago a los 91 años de edad, será recordado en Chile como un actor fundamental de la segunda mitad del siglo XX, con una herencia en que los crímenes contra los derechos humanos y la corrupción opacan definitivamente al estadista que algún día pretendió ser.
Astuto, servil y taimado fueron los adjetivos que desde el 11 de septiembre de 1973 dibujaron el perfil de este militar nacido en el puerto de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, el 25 de noviembre de 1915, destinado a batir marcas históricas, con casi 17 años de dictador y un cuarto de siglo como comandante en jefe del ejército.
Al frente del más extenso gobierno unipersonal en la historia de este país sudamericano, Augusto Pinochet Ugarte estableció el marco represivo propicio para "salvar a la patria del comunismo", según sus palabras, y proyectarse internacionalmente como pionero en América Latina de la implantación forzada de los regímenes neoliberales.
Fue un refundador de la república, que barrió con el Estado de bienestar y traspasó a precio vil las empresas públicas a intereses privados, en una misión que habría sido imposible sin el complemento de la proscripción de los sindicatos y las organizaciones políticas de izquierda en una empresa represiva que dejó 3.000 asesinados y desaparecidos y 35.000 torturados.
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Admiraba a Francisco Franco y quiso ser el alter ego del dictador español, al punto que fue el único gobernante latinoamericano que rezó frente a su urna en noviembre de 1975, en una de sus pocas giras al exterior, tras la cual regresó rápidamente a Santiago, tal vez para no ser testigo del inicio de la transición democrática en el país europeo.
Como Franco, el dictador chileno se invistió de mesianismo y más de alguna vez apeló a la protección de la Virgen, sobre todo tras su escapada en septiembre de 1986 de la emboscada que le tendió el insurgente Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en un lugar cercano a Santiago, donde murieron cinco de sus escoltas y otros 11 resultaron heridos.
Durante sus casi 17 años de gobierno fracasaron otros tres intentos de darle muerte, según versiones hasta ahora no confirmadas plenamente que dan cuenta de la fortuna que acompañó a este hombre, que llegó de manera bastante providencial a las más altas jerarquías militares pese a que nunca fue un oficial brillante.
El 23 de agosto de 1973, en un Chile desgarrado por la polarización entre la gobernante Unidad Popular y el frente opositor conformado por la derecha y la Democracia Cristiana, el presidente Salvador Allende se vio obligado a aceptar la renuncia del entonces comandante del ejército, el general constitucionalista Carlos Prats.
Allende puso en el cargo a Pinochet, en ese momento segundo más antiguo de la fuerza, no solo por respetar la continuidad de la cadena de mando, sino porque, con algo de ingenuidad, veía en este oficial taciturno, de eternos lentes oscuros, a un hombre sin muchas luces pero apegado a la legalidad.
En "El día decisivo", un libro que publicó en 1980, el entonces dictador se otorgó la planificación central del cruento golpe de Estado perpetrado el 11 de septiembre de 1973, apenas 19 días después de que Allende le confiara la tarea de conducir el ejército.
El protagonismo que se atribuyó en la gestación del golpe es, sin embargo, desmentido por numerosas investigaciones históricas, en las cuales se constata que se sumó a última hora a la subversión militar, empujado por el general Gustavo Leigh, de la fuerza aérea, y el almirante José Toribio Merino, comandante de la armada.
No obstante, en tanto jefe de la rama militar más antigua y poderosa, el ejército, Pinochet encabezó la junta militar, a la cual reduciría más tarde al papel de "Poder Legislativo", mientras él se hacía nombrar presidente de la República en el marco de la Constitución que hizo aprobar por referendo en septiembre de 1980.
En su largo trayecto al frente de la dictadura, Pinochet se fue rodeando de una oficialidad incondicional, mientras pasaban a retiro o desaparecían físicamente todos los generales que podían hacerle sombra, como el propio Prats, asesinado en Buenos Aires en 1974, u Oscar Bonilla, fallecido en 1975 en un sospechoso accidente aéreo.
El general de la fuerza aérea, Alberto Bachelet, colaborador del gobierno de Allende en tareas de abastecimiento alimentario, fue torturado con saña por la dictadura al punto de fallecer en prisión, mientras su hija, la actual presidenta Michelle Bachelet, fue forzada al exilio, al igual que otros 800.000 chilenos.
El brazo derecho de Pinochet en los inicios de la dictadura fue el coronel Manuel Contreras, a quien encomendó la jefatura de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), principal cuerpo represivo secreto que contribuyó con gran parte de los 1.119 desaparecidos y de los 1.800 opositores asesinados.
Con los años, Contreras se convertiría en la coartada de Pinochet, quien nunca admitió su culpabilidad en las violaciones de derechos humanos ni tuvo ningún gesto de pedir perdón ante las víctimas, como sí lo hizo en el año 2004 quien fuera su segundo sucesor al mando del Ejército, el general Juan Emilio Cheyre.
Para Contreras, Pinochet fue un desleal hacia quienes dieron la cara en la represión, pero el veterano general a lo mucho asumió "la responsabilidad política por todo lo obrado" en el régimen dictatorial, según dijo en una breve declaración el 25 de noviembre último, con motivo de sus cumpleaños número 91.
En ese mismo texto, leído por su esposa, Lucía Hiriart, retomó la condición de mártir, al afirmar que "todos los vejámenes, persecuciones e injusticias que me afectan a mí y a mi familia los ofrezco gustoso en aras de la armonía y la paz que debe reinar entre los chilenos".
Afirmó que su gestión como gobernante "no tuvo otro norte que engrandecer a Chile y evitar su desintegración", una frase recurrente en quien siempre sostuvo que había propinado la primera gran derrota al marxismo en América Latina y se sentía defraudado porque las llamadas democracias occidentales no le reconocían ese mérito.
Como Franco, supo obviar en los primeros años de su gobierno la repulsa internacional mientras se rodeaba de asesores civiles que ponían en marcha el modelo neoliberal privatizando la previsión, los servicios de salud y la educación, mientras se estructuraba el marco constitucional de una democracia autoritaria, protegida por las Fuerzas Armadas.
Fue tal la perfección de los mecanismos de "amarre" montados por la dictadura, que pese a la derrota de Pinochet en el plebiscito presidencial del 5 de octubre de 1988, el ex dictador pudo mantenerse como jefe del ejército hasta el 10 de marzo de 1998, para jurar al día siguiente como senador vitalicio.
La sombra del veterano general mantuvo en ascuas a la transición chilena, mientras los crímenes de la dictadura, y en particular de Pinochet, tenían el resguardo de una virtual impunidad en que interactuaban un Poder Judicial timorato, un Poder Ejecutivo cauteloso y un parlamento en que la derecha podía bloquear cualquier reforma de fondo.
La imagen omnipotente del ex dictador comenzó a desdibujarse abruptamente el 16 de octubre de 1998, cuando convalecía de una operación a una hernia inguinal en una clínica de Londres y fue arrestado gracias a una demanda interpuesta por el magistrado español Baltasar Garzón.
Fueron 503 los días de arresto en la capital británica del ex dictador, quien gracias a un "gesto humanitario" del gobierno laborista de Tony Blair retornó el 3 de marzo de 2000 a Chile, donde le esperaban numerosas acusaciones judiciales interpuestas desde enero de 1998 por partidos de izquierda, familiares de las víctimas, sindicatos y colegios profesionales.
Si bien en 2001 se libró por primera vez de una condena bajo el subterfugio de la demencia senil, las acusaciones contra Pinochet continuaron su marcha en los tribunales, gracias a la perseverancia de las víctimas, a la renovación del Poder Judicial y al hecho de que los propios militares comenzaron a reconocer las ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
En septiembre de 2003, 30 años después del golpe de Estado, la sociedad chilena se abrió a una verdad boicoteada por la historia oficial, mientras la derecha terminaba de desprenderse de su adhesión al pinochetismo para buscar una renovación política que le permitiera disputar el gobierno a la Concertación por la Democracia, la coalición de centroizquierda en el poder desde 1990.
Comenzó así un tardío ajuste de cuentas, que se tradujo en la pérdida de la inmunidad judicial del ex dictador para ser juzgado por violaciones de los derechos humanos, cometidas no solo en Chile sino también en otros países, como quedó de manifiesto en agosto de 2004, cuando se le abrió proceso por los crímenes del Plan Cóndor.
Contreras, quien recibía órdenes sólo de Pinochet, montó en 1975 desde Santiago el operativo de coordinación de los aparatos represivos de las dictaduras del Cono Sur latinoamericano, que implicaron secuestros y asesinatos de militantes de izquierda de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Mientras era desaforado en otros casos de derechos humanos, hacia fines de 2004 se comenzó a saber desde Estados Unidos de las cuentas secretas del ex dictador y su familia, abiertas inicialmente en el Banco Riggs y luego en otras casas financieras, en las cuales acumuló una fortuna estimada en torno a los 40 millones de dólares.
El 19 de octubre de 2005 la Corte Suprema ratificó el desafuero del ex dictador por delitos de fraude fiscal, uso de pasaportes falsos, falsificación de declaraciones juradas y ocultamiento de bienes, y el 30 de diciembre de ese mismo año fue acusado por la Corte de Apelaciones de malversación de fondos públicos.
Dos días antes había pagado una fianza de 46.000 dólares para que se le levantara el arresto domiciliario en otro proceso, por crímenes de la llamada Operación Colombo, acción cometida en el marco del Plan Cóndor. En el curso de este año fue nuevamente puesto bajo arresto en su residencia por otro caso de derechos humanos.
El último proceso contra Pinochet fue abierto el 28 de noviembre, tres días después de su cumpleaños, por el juez Víctor Montiglio, a raíz de crímenes de la "caravana de la muerte", la misión militar ordenada por el dictador en octubre de 1973 para fusilar mediante juicios sumarios a militantes de izquierda detenidos en regimientos del norte y sur de Chile.
La paradoja de la historia es que los tribunales no llegaron nunca a condenar a Pinochet, blindado por un diagnóstico de demencia senil que él mismo desmentía con sus declaraciones políticas. Así, el ex dictador murió en su lecho de enfermo, una suerte que no tuvieron sus víctimas, cuyos familiares siguen clamando justicia.
