El camino hacia una nueva constitución boliviana se ha convertido en un péndulo que oscila entre la amenaza de desacato de cuatro departamentos y la concertación para obtener un nuevo cuerpo legal que recoja la opinión de los 9,6 millones de ciudadanos.
En una exhibición de poder de convocatoria, el viernes 15 las organizaciones cívicas de cuatro de los nueve departamentos —Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, en el sudoriente— resolvieron defender el resultado de los comicios del 2 de julio, favorable a su autonomía, y advirtieron que una resolución contraria de la Asamblea Constituyente las obligará al desacato.
En asambleas multitudinarias a las que denominaron cabildos, las agrupaciones impulsadas por influyentes empresarios, universitarios, defensores de la identidad cultural y regional a los que se suman organizaciones ciudadanas y comerciantes, desafiaron al gobierno que impulsa los cambios a la Constitución mediante la fórmula de votación de mayoría absoluta (50 por ciento más uno) y demandaron la aplicación de una mayoría especial, de dos tercios de votos de los constituyentes.
El artículo 70 del reglamento de debates de la Constituyente, aprobado por 150 asambleístas, 137 oficialistas y 13 que se adhieren a la corriente gubernamental, determina que cada uno de los más de 200 artículos de la nueva carta magna sean aprobados por mayoría absoluta.
Esa forma de trámite impuesta por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), es resistida por los prefectos (gobernadores departamentales) y comités cívicos de los cuatro departamentos y por los partidos opositores Unidad Nacional (UN, de centroderecha) y Poder Democrático y Social (Podemos, de derecha), que exigen para aprobar cada uno de los artículos dos tercios de los constituyentes, es decir 170.
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El gobierno afirma que los opositores podrán elegir algunos artículos polémicos para considerarlos por dos tercios y recuerda que al finalizar la redacción del nuevo texto constitucional, éste será sometido a consideración de los asambleístas para que sea aprobado también por dos tercios.
El gobierno alega que en caso de un rechazo de los asambleístas al proyecto de carta magna, éste será sometido a consulta popular, en la cual el MAS depositada su confianza para operar el cambio orientado a la recuperación de la dignidad de las mayorías indígenas, el retorno de los recursos naturales al poder estatal, el control sobre la tierra y la independencia económica.
Sin embargo, la ley de convocatoria de la Asamblea, promulgada en marzo por el presidente Evo Morales, ya establecía que el texto constitucional debía aprobarse por dos tercios de los asambleístas y ser ratificado luego por referéndum popular.
La oposición teme que la autonomía votada en julio en los cuatro departamentos sea desconocida por la mayoría del MAS, en la que existen corrientes que prefieren hablar de otro tipo de descentralización, basada en comunidades indígenas en lugar de la cesión de poder político y administrativo a cada uno de los distritos.
Los prefectos y dirigentes cívicos de las cuatro regiones crearon este lunes, en la sureña ciudad de Tarija, una Junta Autonómica Democrática de Bolivia, por mandato de los cuatro cabildos realizados el viernes.
Los participantes en esa junta ratificaron el pedido de dos tercios para aprobar la nueva constitución, bajo amenaza de desconocimiento de la carta magna si el oficialismo impone su mayoría absoluta.
Del mismo modo, los dirigentes de los cuatro departamentos anunciaron que declararían la autonomía si la Asamblea Constituyente no respeta el resultado del 2 de julio respecto de la descentralización.
Para los dirigentes cívicos de Santa Cruz, la junta autonómica consolidará el reclamo de descentralización política y administrativa, establecerá los principios de un estado social y democrático de derecho, y podría convocar a un nuevo referéndum para otorgarle validez legal.
El cabildo cruceño, el más numeroso aunque no se conocen cifras ciertas de asistencia, aclaró que el paso hacia la autonomía preservará la integridad territorial del país, pero reclamó para cada departamento "la facultad de integrarse de manera directa en el mundo".
Tras los cabildos, Morales aplaudió a los dirigentes cívicos por proclamar la unidad nacional, luego de una campaña con demandas de "independencia" desde la central ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Esa región, que en 2005 exportó unos 800 de los 2.700 millones de dólares de ventas nacionales en materias primas y productos agroindustriales, es la vanguardia de la autonomía porque en su territorio hay gas y petróleo, riqueza forestal, grandes extensiones de cultivos de soja, tierras con alto potencial agrícola y otros productos de gran demanda internacional, bajo el control de grupos empresariales extranjeros y nacionales.
La propuesta cruceña reconoce los derechos indígenas y los tratados internacionales sobre derechos humanos, así como la transferencia de competencias normativas, ejecutivas y administrativas del Estado central a los departamentos.
Los gobiernos departamentales compartirían competencias con el gobierno central y municipios sobre los recursos naturales renovables y la preservación ambiental, así como sobre la tenencia de la tierra, su protección y conservación, distribución y redistribución, expresa la demanda cruceña.
Precisamente el control de la tierra y los recursos naturales es el verdadero centro de esta batalla entre el gobierno y la oposición. La autonomía es sólo un pretexto, dijo a IPS el sociólogo y docente universitario Joaquín Saravia.
El analista sostiene que es falso el debate sobre demandas de autonomía cuando de por medio existe una disputa abierta sobre la posesión de grandes extensiones de tierra que, según una ley promulgada por Morales a fines de noviembre, deben cumplir una función social y económica.
Las propiedades que no se ajusten a la nueva norma, serán recuperadas por el Estado y luego entregadas a comunidades indígenas.
En medio de esta campaña de la derecha y los autonomistas, pobladores de la región cruceña de Chiquitanía, nombre del grupo indígena que habita el territorio localizado a 400 kilómetros de la capital cruceña, fueron agredidos por miembros de la irregular Unión Juvenil Cruceñista, el brazo violento del Comité Cívico Pro Santa Cruz.
Las poblaciones de San Ignacio de Velasco y San Miguel fueron escenario de incendios de dos mercados campesinos donde realizan sus actividades comerciales habitantes procedentes de la zona occidental de origen aymara, y las emisiones de Radio Misiones fueron silenciadas por temor a la violencia.
También se denunció la destrucción de oficinas del MAS y la persecución de dirigentes indígenas, en una acción de revancha porque grupos comunitarios habían bloqueado el viernes la carretera que une los departamentos de Beni y Santa Cruz para impedir la afluencia de ciudadanos al cabildo autonomista.
Un portavoz del Ministerio de Gobierno (Interior), encargado de la seguridad interna, dijo a IPS que desde este lunes la policía ha unido fuerzas a la policía militar para evitar nuevos actos de violencia.
La titular de la cartera, Alicia Muñoz, informó que se ordenó la aprehensión de 14 integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista por desencadenar la violencia en la zona habitada por migrantes y colonizadores procedentes de zonas andinas.
