Cañas de pescar, gorritos para el sol, sillas plegables, sombrillas y comparsas carnavaleras, señas de identidad de la nororiental ciudad argentina de Gualeguaychú, poblaron la bonaerense Plaza de Mayo en una protesta ecologista de amplio alcance.
Encabezados por habitantes de la nororiental provincia argentina de Entre Ríos contrarios a la industria de la celulosa que se desarrolla en la orilla oriental de un río compartido con Uruguay, residentes de otros sitios afectados por actividades que contaminan confluyeron este martes en una marcha por el centro de Buenos Aires.
"Basta de contaminación y saqueo ambiental" fue la consigna de miles de personas, la mayoría provenientes de Entre Ríos y, en menor medida, de organizaciones no gubernamentales y asambleas vecinales de varias provincias argentinas con distintos problemas ambientales.
Por unas horas, la céntrica Plaza de Mayo situada frente a la Casa Rosada —sede del gobierno nacional—, se parecía a la entrerriana Gualeguaychú, epicentro de las constantes protestas por la instalación de fábricas de celulosa en la ribera oriental del río Uruguay.
Con sus ya clásicas sillas plegables, sombrillas, gorros y cañas de pescar, vecinos de esa ciudad situada 400 kilómetros al norte de Buenos Aires esperaron a los manifestantes procedentes de la cercana Plaza de los dos Congresos detrás de una colorida comparsa de mujeres en bikini y tocadas con plumas, símbolo del carnaval de Gualeguaychú.
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Cerca de allí, la leyenda "Fuera Botnia" podía leerse en una réplica de 12 metros de alto de la chimenea ya erigida por la empresa finlandesa dueña de la gigantesca planta que se construye sobre el río junto a la ciudad uruguaya de Fray Bentos y frente a playas entrerrianas, bañadas por las mismas aguas.
Con esos activistas marcharon también organizaciones de vecinos de otras provincias de este país en las que se expande la minería a cielo abierto, entidades que protestan por la contaminación de la cuenca bonaerense de los ríos Matanza-Riachuelo, y los que exigen poner alto a la pesca excesiva en el mar y en los ríos.
Los manifestantes entregaron allí una carta al gobierno de Argentina en la que piden se cumplan las promesas de hacer de la política ambiental una cuestión de Estado, proferidas en mayo por el presidente Néstor Kirchner, sus ministros y gobernadores de la mayoría de las provincias, en un acto en la misma Gualeguaychú.
En el documento, los vecinos critican "la desidia gubernamental, la laxitud en el cumplimiento de las leyes, la búsqueda ambiciosa de réditos políticos y económicos, la corrupción, causas por las que todos los días perecen muchos ciudadanos en este país".
Uno de los integrantes de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, Alejandro Gaham, manifestó a IPS su satisfacción por la protesta. "Hubo una gran diversidad de vecinos del interior del país, y eso es muy importante porque cuando los gobiernos están lejos de los problemas, la ciudadanía debe mostrarse activa", dijo.
"Necesitamos que el Estado argentino tome cartas en el asunto (de la industria de celulosa), pero no contra Uruguay, sino principalmente hacia Botnia que en marzo trabó el diálogo de los presidentes (de Argentina y Uruguay) al negarse a suspender las obras por 90 días para hacer un estudio de impacto ambiental independiente", remarcó.
El conflicto entre Uruguay y Argentina por el proyecto de la industria del papel se inicio en 2003, pero escaló en 2005, tras infructuosos intentos de llegar a un acuerdo que satisficiera a las dos partes: la necesidad uruguaya de alentar inversiones productivas y crear empleo y la preocupación argentina por las repercusiones de la llegada a la región de la industria papelera a gran escala, con un largo historial de daños ambientales.
A la colorida protesta, destacada por los organizadores como "la primera marcha ambiental hacia la Plaza de Mayo", se sumaron organizaciones que denuncian la expansión del monocultivo de soja, a expensas de otras actividades agropecuarias, y vecinos de la capital argentina que se resisten a la multiplicación de edificios sin la correspondiente ampliación de la red de servicios sanitarios. En diálogo con IPS, Alfredo Alberti, de la Asociación de Vecinos de La Boca, uno de los barrios "porteños" (capitalinos) afectados por la contaminación del Riachuelo, subrayó desde la marcha la urgencia de "hacer realidad las promesas del presidente (Kirchner) de hacer de la cuestión ambiental una política de Estado".
Bajo una enorme bandera negra simbolizando la podredumbre del Riachuelo, en el sur de la ciudad, Alberti sostuvo que los vecinos de Gualeguaychú "contribuyeron mucho a colocar el tema ambiental en la agenda pública", pero consideró que ahora se debe pasar "de las proclamas a las acciones concretas que cambien la realidad".
Andrés Campos, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, en la sureña provincia de Chubut, dijo a IPS que "la lucha por los recursos naturales es la misma en todas las provincias". En su caso, la movilización ciudadana logró en 2003 frenar una millonaria inversión minera, dijo.
Aludió así a una consulta popular en la que triunfó el "No" al proyecto de la empresa El Desquite, subsidiaria de la minera estadounidense Meridian Gold, con más de 80 por ciento de votos de los residentes de Esquel que podían verse afectados por la explotación de oro a cielo abierto utilizando cianuro, veneno para el aire y el agua.
En Entre Ríos, residentes de Gualeguaychú mantienen hace tres semanas bloqueado el puente internacional Libertador General San Martín que une Argentina con Uruguay, mientras el tránsito se ha visto interrumpido ocasionalmente en otros dos pasos fronterizos con el vecino país.
Los vecinos repiten así su protesta del pasado verano austral, cuando cortaron ese puente crucial para el tránsito internacional durante toda la temporada turística, causando, según el gobierno de Uruguay, daños de cientos de millones de dólares.
El bloqueo, que tiene gran repercusión en los medios de comunicación, es combinado ahora con esta protesta nacional en Buenos Aires para exponer otros contenciosos ambientales.
