El coincidente rechazo al uso comercial y a la investigación científica letal de ballenas, delfines y demás mamíferos marinos vislumbra un acuerdo de preservación entre 12 países latinoamericanos, en oposición al bloque liderado por Japón que reivindica la captura.
Organizaciones de la sociedad civil que luchan por el cuidado de los cetáceos trabajan "mano a mano" con representantes gubernamentales a fin de "remontar la derrota" sufrida por el bloque conservacionista en la última reunión de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), realizada en junio en San Cristóbal y Nevis, explicó a IPS la activista Roxana Schteinbarg.
Si bien en esa oportunidad se mantuvieron las restricciones mundiales a la captura de ballenas con fines comerciales, decididas a mediados de los años 80, Japón logró captar la voluntad de 50 por ciento más uno de los países con voto en esta comisión para una declaración a favor de la ampliación de la cacería de estos recursos.
Schteinbarg denunció con Japón "recluta a pequeños países pobres del Caribe para que voten a favor de la caza comercial a cambio de subsidios pesqueros", por eso hay temor de que en la próxima reunión de la CBI, que será en mayo en Alaska, ese país obtenga dos tercios de los votos para poner fin a las restricciones.
La posibilidad de un acuerdo regional surgió del Encuentro Latinoamericano para la Conservación de los Cetáceos, que de modo inédito reunión el viernes en Buenos Aires a delegados ante la CBI de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México, Panamá y Perú, junto a observadores de Colombia, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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"Fue una reunión sin precedentes que consolida a América Latina como bloque a favor del uso no letal de los cetáceos", dijo al respecto Schteinbarg, coordinadora del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB).
Los participantes expresaron su rechazo a la captura con fines comerciales y a la investigación científica letal, y coincidieron en la necesidad de alentar el desarrollo de la industria del avistaje que, a criterio de los expertos, supera ampliamente los beneficios económicos y ambientales que quedan de la práctica cuestionada.
El embajador Jorge Berguño, representante de Chile ante la CBI, alertó que la cacería indiscriminada de ballenas "las puso al borde de su extinción", en tanto el delegado de México, Lorenzo Rojas, explicó que "no se trata de defenderlas porque son bonitas, sino por su papel en el ecosistema mundial".
Nunca antes se había reunido un bloque regional conservacionista para contrarrestar la presión de países partidarios de la captura de ballenas, principalmente Japón, Islandia y Noruega. Más aún, en línea con la necesidad de comprometer a América Latina en esta campaña se promueve la incorporación de países de la región a la CBI.
"Se trabaja para lograr que Costa Rica y Uruguay vuelvan a la CBI, y que se sumen como miembros plenos Colombia, Ecuador y Venezuela, que hoy participan como observadores", remarcó la coordinadora. "En América Latina tendremos así los votos necesarios para tener mayoría en la CBI", subrayó.
Tras el encuentro en la capital argentina, los delegados latinoamericanos presentaron sus conclusiones junto a representantes del ICB, de la Fundación Cethus, de la Organización para la Conservación de los Cetáceos de Uruguay, y de la Sociedad Mundial para la Protección Animal de Brasil.
"Los países conservacionistas acordamos iniciar negociaciones para un acuerdo latinoamericano de uso no letal de cetáceos, y para seguir adelante con la idea de crear un santuario ballenero en el sur del océano Atlántico", declaró tras la reunión el embajador argentino Eduardo Iglesias, comisionado ante la CBI.
Iglesias, que fue presidente de la CBI en 1983, consideró que un acuerdo entre los países de la región "reforzará su postura" conjunta en la comisión.
La CBI es el organismo internacional que regula la caza de ballenas desde 1946 y cuenta con 71 países miembros. Entre las medidas que puede adoptar se incluye la protección total de especies, la demarcación de santuarios donde se prohíbe la caza, o el aliento a la investigación científica.
Si bien fue creada a instancias de países dedicados a la caza, la CBI incorporó luego a estados que promueven la prohibición de la captura y el aprovechamiento sustentable de los mamíferos para la investigación no invasiva y la actividad turística de avistaje, que mostró ser muy lucrativa para las naciones en desarrollo.
Las incorporaciones forzaron a la CBI a sancionar restricciones a la caza de ballenas en todo el mundo, sólo permitidas para fines científicos. Los países que defienden esta práctica reclaman que se levante la veda, pero, en tanto, siguen cazando bajo el pretexto de "fines científicos".
Las naciones conservacionistas advierten que, desde el siglo XVII a la actualidad, el número de ejemplares de ballena franca austral bajó de 200.000 a 6.500, y sostienen que, en cambio, el avistaje moviliza recursos por 1.500 millones de dólares en 90 países, además de permitir la recuperación de las especies y la biodiversidad.
En Argentina, los visitantes que llegan al austral Puerto Madryn para el avistaje de ballenas pasaron de 17.000 en 1991 a cerca de 100.000 en la actualidad.
En noviembre de 2005, en coincidencia con la partida de una flota japonesa para cazar ballenas con fines científicos en la Antártida, 13 países del hemisferio Sur más España firmaron la llamada "Declaración de Buenos Aires", en la que remarcaron la continuidad de la suspensión y reafirmaron el uso no letal de los cetáceos.
El grupo, integrado por países latinoamericanos, además de Australia, España, Nueva Zelanda y Sudáfrica, resolvió además crear una instancia de negociación regional para coordinar políticas de protección en los próximos encuentros de la CBI. La reunión de Buenos Aires es producto de esa instancia.
