La XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se inicia este viernes en la Ciudad Vieja de Montevideo altera la rutina social y laboral de un puñado de inmigrantes indocumentados de la región andina que viven aquí, cerca del puerto.
Las estrictas medidas de seguridad impuestas para recibir a gobernantes y dignatarios de los 22 países iberoamericanos convocados a debatir sobre migraciones y desarrollo, implican una extensa zona de exclusión en la Ciudad Vieja, el casco antiguo de la capital, a la que sólo pueden ingresar los residentes de la zona registrados previamente y otras personas especialmente autorizadas.
Los extranjeros sin cédula de identidad, y por tanto sin permiso de residencia, tomarán como opción no salir a la calle hasta el domingo, cuando termine la Cumbre.
"En estos días, el acceso va a ser restringido, como dijeron en la televisión, y además como va a estar cerrada la Plaza Independencia (límite de la Ciudad Vieja), vamos a tener que rodearla y entrar por el otro costado", dijo a IPS un joven peruano.
Además, "nos están prohibiendo hacer 'changas' (trabajos temporales) porque no somos de acá", pues "no nos permiten trabajar sin cédula. Estamos luchando por esa dichosa cédula que algún día se nos dará", añadió.
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La Ciudad Vieja es una punta rodeada de las aguas del Río de La Plata, y en su reducido espacio conviven el barrio financiero, antiguos edificios, monumentos, museos y restaurantes y la zona portuaria, en cuyos alrededores decenas de "pensiones" (hoteles baratos) alojan a muchos inmigrantes asiáticos y de la región andina que viven de las "changas" diarias que puedan conseguir.
Muchas pensiones, en viejas casonas deterioradas, se ubican sobre las calles Cerrito y 25 de Mayo, pleno corazón del casco antiguo.
"Como nosotros trabajamos por acá, la empresa nos ha dicho que estos días no va a haber trabajo, porque trabajamos por hora", dijo a IPS otro peruano que lleva tres meses en el país y se ocupa en la descarga de contenedores y mudanzas. "Sin cédula no te dan trabajo" en estos días, apuntó.
Este joven labora una o dos horas diarias por unos 50 pesos la hora, algo más de dos dólares. "Con lo que ganamos en el día, compramos nuestras cosas y cocinamos", pero ahora "prácticamente no vamos a poder salir" a la calle, añadió.
Su horizonte es embarcarse en algún buque pesquero a partir de diciembre o enero, cuando aumenta la demanda de mano de obra para esta actividad. El pago es mucho mejor, entre 800 y 1.000 dólares por mes, pero las jornadas son "21 horas de trabajo y tres de descanso", explicó.
Las mujeres se dedican mayoritariamente al servicio doméstico.
Otro joven procedente del norte de Perú y con dos años de residencia en Uruguay, explica: "Mientras muchos hombres esperan embarcarse, las esposas contribuyen con su sueldo de empleadas del hogar, los hombres tenemos que 'changear', cargar bultos para contribuir. Pero quienes más se sacrifican en la espera al embarque son las esposas".
Por eso "esperamos tener la cédula correspondiente y obtener trabajos en tierra y no sólo en el mar", agregó.
Algunas de estas personas viven en Casa de Inmigrantes "César Vallejo", que funciona en la calle Reconquista de la Ciudad Vieja, con la asistencia del no gubernamental Centro de Investigación y Promoción Franciscano Ecológico.
El peruano Carlos Valderrama, activista de la Casa de Inmigrantes, dijo a IPS que "estamos mirando esta Cumbre Iberoamericana con mucha expectativa, pero al mismo tiempo con mucha preocupación".
"Esperamos la ratificación de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, e implementarla: es decir, la regularización de la situación legal de los migrantes ilegales", dijo.
La Convención de 94 artículos fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 1990 y entró en vigor en julio de 2003. A la fecha la han ratificado solamente 34 países.
Uruguay es uno de los países partes, al haberla ratificado en 2001, con la ley 17.107.
La "preocupación es por el control de las autoridades migratorias para con compatriotas indocumentados". Y advirtió que "la retención de documentos como el pasaporte (que se ha dado en el pasado) es anticonstitucional y contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos". De momento, no hay denuncias de que eso haya ocurrido con motivo de la Cumbre.
No hay cifras oficiales sobre este flujo inmigratorio. La Casa "César Vallejo" ha comenzado un registro de peruanos indocumentados en Uruguay en el que se cuentan ya 180 casos.
Según datos del Ministerio del Interior disponibles en Internet, la cantidad anual de permisos de residencia otorgados entre 2000 y 2004 pasó de 1.041 a 1.631. Pero la información sólo discrimina por nacionalidad a los argentinos, brasileños, paraguayos y chilenos y a algunos europeos.
Uruguay, con 3,2 millones de habitantes, es un país de emigrantes, pues se estima que unas 500.000 personas residen en el exterior.
"El uruguayo tiene que tomar conciencia", porque "si Uruguay no trata bien al inmigrante, luego no tiene la fuerza moral de exigir derechos", dijo Valderrama.
La Casa "César Vallejo" ha conversado con autoridades del actual gobierno para impulsar la implementación plena de la Convención, que implica la regularización de los trabajadores y la facilitación de la reunificación familiar. Además, ha presentado a la embajada de Perú un proyecto para realizar un registro completo de los peruanos indocumentados, ayudarlos a pagar los trámites para obtener la residencia y facilitarles los requerimientos burocráticos.
Susan Portocarrero, delegada de la Confederación General de Trabajadores del Perú, afirmó que "si se permite el libre tránsito de capitales, ¿por qué no permitir el libre tránsito de trabajadores con todos sus derechos en Latinoamérica?".