El camino de acercamiento entre Uruguay y Argentina pasa por España, donde el rey Juan Carlos o un representante del gobierno de ese país están dispuestos a encauzar una solución a la crisis derivada de la instalación de dos fábricas de celulosa a orillas de un río limítrofe.
El gobierno de Vázquez, según afirmó una alta fuente de su entorno, adelantó a Madrid su disposición a ese acercamiento. Una vez que se abra esa instancia, nombrará una delegación para intentar resolver las divergencias con Buenos Aires, hasta ahora sin canales de salida mientras corren los plazos legales del litigio en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya.
La Cumbre, que finalizará este domingo, había generado expectativas de un encuentro entre Kirchner y Vázquez, frustrado por el nuevo bloqueo de uno de los puentes que unen a los dos países sobre el río Uruguay, impuesto por activistas argentinos contrarios a que las fábricas de celulosa se instalen precisamente en la ribera oriental de ese curso de agua.
Vázquez había advertido que no habría reunión presidencial con las rutas de acceso a los puentes cortadas.
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La propuesta de "facilitación" española tiene origen dudoso. La secretaria de Estado de España para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, indicó que había sido Kirchner quien solicitó a Zapatero la buena voluntad del Rey, mientras un portavoz de Buenos Aires aseguró que fue Juan Carlos quien se ofreció como facilitador en su reunión con el mandatario argentino.
Empero, la fuente del gobierno uruguayo señaló a IPS que Madrid estaba especialmente interesada en ayudar a resolver el conflicto entre los países vecinos y desde allí había partido la oferta.
Una de las dos plantas de celulosa, cuestionadas del lado argentino por su potencial contaminación, es de capitales españoles, y sus ejecutivos han alegado que el retraso de las obras se debió, en parte, al conflicto bilateral, que incluye la decidida oposición de habitantes de la oriental ciudad argentina de Gualeguaychú, distante más de 20 kilómetros del polo industrial en ciernes.
La Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE), cuyo capital accionario tuvo cambios importantes en los últimos meses, anunció inclusive el cambio de ubicación de su proyectada fábrica, que iba a ubicarse a pocos kilómetros de la de la compañía finlandesa Botnia, ya en etapa final de construcción.
Los ejecutivos de ENCE confirmaron en septiembre que realizarían la inversión en Uruguay, desvirtuando trascendidos de que se retiraban del país, pero indicaron que elegirían otro sitio del país para eludir la controversia con Argentina, país en el que también tienen intereses y buenas relaciones con el gobierno de Kirchner.
Los intereses económicos españoles son fuertes en varios sectores de Argentina, en particular en la energía, y sus negociaciones de contratos, tarifas y precios son motivo de grandes discusiones con Buenos Aires, uno de los asuntos centrales del encuentro entre Zapatero y Kirchner en Montevideo.
Jiménez señaló en rueda de prensa que, una vez obtenidas las respuestas oficiales de Uruguay y Argentina, se va a elaborar un plan para "lograr no solamente el entendimiento, sino la solución" de los problemas bilaterales.
La diplomática española puso especialmente énfasis en el rol de facilitador que jugaría España, sin confundirlo con el de mediador, pues este último implica sacar el conflicto del ámbito bilateral.
En cambio, para un portavoz de la cancillería argentina, el valor de la "facilitación" consiste en que se trata de una tarea exenta de plazos.
El mecanismo, según fuentes de la Presidencia uruguaya, consiste en que el Rey o algún otro representante de España convoquen a audiencias a funcionarios de segundo nivel, a las que seguirían reuniones entre cancilleres y, para rubricar un posible acuerdo, a los presidentes Vázquez y Kirchner.
En los días anteriores, el clima entre Montevideo y Buenos Aires empeoró. El conflicto por las fábricas de celulosa ya lleva más de dos años.
Los activistas de Gualeguaychú retomaron el viernes una medida que mantuvieron durante casi toda la temporada turística del último verano austral, el corte de la ruta que conduce al puente que une con la ciudad uruguaya de Fray Bentos.
Esta vez fue para protestar ante los gobernantes y representantes de los 22 países que concurrieron a la Cumbre Iberoamericana. Incluso levantaron un muro de ladrillos en la misma ruta 136 para simbolizar la falta de diálogo entre Vázquez y Kirchner.
El conflicto fue llevado por Argentina a la Corte de La Haya y por Uruguay al Tribunal de Controversias del Mercado Común del Sur (Mercosur), bloque que ambos países integran junto a Brasil, Paraguay y Venezuela.
Argentina entiende que Uruguay violó acuerdos bilaterales de administración conjunta del río al autorizar la construcción de las dos fábricas de Botnia y ENCE. Ésta última considera ahora ubicarse lejos de la frontera con Argentina.
La Corte Internacional de Justicia no hizo lugar en julio a la medida cautelar pedida por Argentina de suspender la construcción de dos plantas de celulosa, mientras el tribunal se pronunciaba sobre el fondo de la demanda, la presunta violación uruguaya del Estatuto del Río Uruguay.
Según la interpretación de Buenos Aires, dicho tratado obliga a un proceso de notificación y consultas entre las partes previo a la autorización de obras sobre el tramo del curso de agua administrado en forma bilateral.
Ese tratado firmado en 1975 establece en uno de sus artículos que la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción para dirimir los desacuerdos en relación a su cumplimiento.
La Corte podría tomarse varios años para dictaminar, e inclusive declararse sin jurisdicción para entender sobre los méritos del mismo, tal como recordó en los fundamentos de su fallo sobre la medida cautelar.
La inversión de las dos fábricas era de 1.800 millones de dólares (1.200 millones de Botnia y 600 millones de ENCE), la mayor recibida por Uruguay en su historia, y sus producciones sumadas fueron estimadas en 1,5 millones de toneladas anuales de pasta para fabricar papel.
Al anunciar su reubicación, ENCE adelantó que ampliaría su inversión a 1.000 millones de dólares, y por tanto su capacidad de producción de celulosa.
Con sus demandas ante la Corte de La Haya, Kirchner accedió a los reclamos de los ciudadanos de Gualeguaychú y deotras localidades sobre el río Uruguay.
Uruguay aseguró, en su denuncia ante el Tribunal de Controversias del Mercosur, que los cortes de rutas le ocasionaron pérdidas económicas por 500 millones de dólares, una suma considerable para este país de 3,2 millones de habitantes. El organismo le dio la razón al país en cuanto a que el bloqueo era atentatorio de la carta constitutiva del bloque, que consagra el derecho a la libre circulación.
