Grupos de mujeres de América Latina iniciaron una campaña para que la Organización de los Estados Americanos (OEA), que nunca tuvo una secretaria general, cumpla con la paridad de género en los más altos cargos del sistema interamericano donde la presencia femenina brilla por su ausencia.
"Se trata de uno de los espacios de más difícil acceso para las mujeres porque son puestos que dan prestigio o bien un alto rédito económico", dijo a IPS Lorena Fries, de la organización chilena Humanas – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, que lidera la campaña.
Fries sostuvo que hasta hace algunos años las mujeres no privilegiaban la ocupación de esos lugares, pero ahora "abrieron los ojos" y se encontraron con "factores que obstaculizan" la llegada a cargos ejecutivos, como por ejemplo la falta de voluntad los Estados miembros para promover candidaturas femeninas.
La designación de los máximos responsables de los múltiples organismos del sistema interamericano corre por cuenta de la Asamblea General de la OEA, que reúne una vez al año a los cancilleres de los 35 estados miembros. En general, los países proponen ternas de candidatos y los cancilleres votan.
De acuerdo con una resolución de la misma organización, titulada "Designación de Mujeres para Cargos Ejecutivos Superiores en la OEA", se debe dar "prioridad" al objetivo de "que las mujeres ocupen el 50 por ciento de los puestos en cada grado de los órganos, organismos y entidades" del máximo foro hemisférico.
El compromiso exhorta además a los Estados a que "presenten o identifiquen candidatas" para los puestos y alienten a más mujeres a postularse para cargos vacantes a través de una amplia difusión. Las mujeres creen que la oportunidad para hacer valer este compromiso está en las próximas votaciones.
De esta manera, la OEA, encargada entre otras responsabilidades de observar los procesos eleccionarios continentales para garantizar su transparencia, será observada con lupa por las organizaciones de mujeres, antes, durante y después de las elecciones para los cargos en el propio sistema.
Con una anticipación de más de seis meses —la próxima asamblea está prevista para junio en Panamá— la organización Humanas, con sedes en Colombia, Chile y Ecuador, se unió al Equipo de Estudios Latinoamericanos de Argentina, a la Coordinadora de Género de Bolivia y a la organización Demus de Perú.
Entre todas formaron la "Articulación Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género" y lanzaron una estrategia que se propone incidir en que haya más mujeres en cargos ejecutivos del sistema, empezando por los organismos con jurisdicción en los problemas de la población femenina.
La campaña comenzó con una carta al secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, en la que se expresa "preocupación" por la baja presencia de mujeres en los diferentes espacios de poder y mencionan con "especial" desvelo la situación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
Los siete comisionados de la CIDH elegidos por la asamblea son hombres. La presencia exclusiva de varones es casi una constante en ese organismo que es parte del sistema interamericano de justicia. Desde que fue creada, en 1959, ha tenido 48 integrantes, sólo cinco de los cuales fueron mujeres.
Mientras, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundada en 1979 y con sede en Costa Rica, hay apenas una magistrada en un total de siete, la chilena Cecilia Medina.
La carta a Insulza, acompañada de un pedido de entrevista, sostiene que las próximas elecciones deberían ser "una oportunidad" para que el secretario general "promueva" entre los Estados la postulación y votación de candidatas para una representación que resulte "más equilibrada" en ese aspecto.
"No se trata sólo de una demanda democrática, se requiere de la experticia (sic) de mujeres en temas de género", explicó Fries a IPS. "Lamentablemente no hay muchos varones con esta experticia, y terminan siendo las mujeres las que mejor garantizan que estos temas no queden bajo la mesa", argumentó.
Humanas observó que la presencia de mujeres en la CIDH y en la Corte, aun siendo escasa, hace posible que las cuestiones de género se traten con eficacia. Y destacó el desempeño de Medina, única jueza del tribunal, y de dos ex comisionadas, la peruana Susana Villarán y la guatemalteca Marta Altolaguirre.
Para María Isabel Cedano, de la organización peruana Demus, hay razones históricas que relegaron a las mujeres al espacio privado, y falta avanzar en medidas prácticas para revertir la brecha de género. "A pesar de los cambios jurídicos, no hay avances reales en términos de mentalidades y prácticas", dijo a IPS.
"Las instituciones deben democratizarse en términos de representación de género para subsanar la deuda histórica con las mujeres, pero también para que puedan desarrollarse contando con la vivencia de la otra mitad de la humanidad", explicó. "Existen diferencias por género al emitir un juicio", aseguró Cedano.
La argentina Haydée Birgin, del Equipo de Estudios Latinoamericanos, consideró que no se trata de "cumplir con la formalidad" de crear organismos de mujeres dentro del sistema. "La Comisión Interamericana de Mujeres tiene menos presupuesto que una organización no gubernamental", ironizó para IPS.
Lo que busca la Articulación Regional es lograr una incidencia real en los procesos de decisión que afectan a las mujeres de la región. En este sentido, Humanas realizó una investigación titulada "Exigibilidad Política y Jurídica de los Derechos de las Mujeres. Incidencia ante el sistema interamericano".
En ese estudio se señala que las decisiones políticas, económicas y sociales, antes asociadas centralmente a los estados nacionales, hoy radican en cuerpos colectivos de los cuales los estados son parte. Y reseña los organismos del sistema en los que resulta clave influir.
"Ante este nuevo desafío, las organizaciones de mujeres deben desarrollar estrategias para incidir en los espacios de decisión que afectan la vigencia de los derechos humanos", recomienda la autora, Cecilia Berraza.
Esa estrategia debe contemplar no sólo el conocimiento acerca del funcionamiento del sistema para llegar a esas instancias con litigios emblemáticos, sino también el logro de que más mujeres ocupen cargos de poder y decisión dentro del sistema, concluyó Berraza en su estudio.
