Grupos de la sociedad civil de Iberoamérica concluyeron este viernes una reunión en esta sudoriental ciudad turística uruguaya con un llamado a sus gobiernos a firmar, ratificar y aplicar una convención internacional que protege los derechos de los trabajadores inmigrantes y de sus familiares.
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares es "el más amplio y vinculante instrumento que establece derechos para todos los migrantes independientemente de su sexo, religión y raza, y su situación migratoria o jurídica", señala la declaración final del encuentro.
"Estamos exigiendo la ratificación de la Convención a aquellos países que no lo han hecho, entre ellos varios latinoamericanos, y además legislar para que su cumplimiento sea efectivo. Hay países en que la Convención está ratificada, pero los inmigrantes siguen teniendo dificultades para trabajar", explicó a IPS Dardo Rodríguez, de la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Uruguay.
Unos 70 activistas iberoamericanos, que representan a través de sus redes y plataformas a más de 4.000 organizaciones civiles afiliadas, participaron entre el jueves y este viernes del II Encuentro Cívico Iberoamericano.
La reunión se realizó en el marco de la XVI Cumbre Iberoamericana, que se celebra en Montevideo entre este viernes y el domingo. Los delegados de las organizaciones no gubernamentales elaboraron una declaración final para su consideración en la Cumbre.
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Los activistas fueron recibidos por los presidentes Óscar Arias, de Costa Rica, Manuel Zelaya, de Honduras, Vicente Fox, de México, Aníbal Cavaco, de Portugal, y Tabaré Vázquez, de Uruguay, así como por el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias.
"Queremos incidir en políticas concretas, en cambios concretos de políticas y de legislaciones. No nos interesa participar simplemente de un ritual de la Cumbre, sino que nos preocupa generar cambios frente a las crisis que viven nuestros pueblos", dijo a IPS Miguel Ángel Santibáñez, de Acción Chile y de la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de Organizaciones No Gubernamentales de América Latina.
"Queremos pasar del plano de las declaraciones de la Cumbre a los programas de acción, que permitan una vigilancia de los compromisos, con metas y objetivos concretos", afirmó.
La Convención sobre los derechos de los trabajadores migrantes fue aprobada en 1990 y entró en vigor el 1 de julio de 2003. De los 49 países firmantes, 34 la han ratificado.
En Iberoamérica, sólo Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Uruguay suscribieron y ratificaron el texto, en tanto que Argentina y Paraguay apenas la han firmado.
La Convención obliga a las partes a entregar informes periódicos sobre la situación de los inmigrantes y permite la presentación de quejas individuales ante el Comité de Trabajadores Migrantes de la Organización de las Naciones Unidas.
El acuerdo considera a los trabajadores migratorios y a sus familiares "documentados o en situación regular si han sido autorizados a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo, de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte".
Además, prohíbe los trabajos forzados, la esclavitud, las torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y reconoce el derecho de todos los inmigrantes al reconocimiento de su personalidad jurídica, a un trato laboral no menos favorable que el de los nacionales, a la libertad de movimiento en el territorio del Estado de empleo y a escoger libremente en él su residencia.
Los activistas reunidos en Piriápolis subrayaron la necesidad de que los "estados y gobiernos se responsabilicen y tomen medidas para prevenir y solucionar la situación de los millones de migrantes que día a día son vulnerados en sus derechos".
Estas personas "buscan a través del abandono de su lugar o país de origen o de adopción la forma de escapar de la pobreza, la falta de empleo, la desigualdad, la exclusión, el racismo y la discriminación de género que provocan las políticas económicas neoliberales", añaden en la declaración.
El texto señala que las migraciones se ven impulsadas por "la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, el no respeto a los derechos laborales y la discriminación racial, la de género y la concentración económica y geográfica de la riqueza".
"La sociedad civil exige un espacio iberoamericano libre de fronteras, un espacio iberoamericano donde podamos transitar sin las limitaciones que tenemos hasta ahora", dijo Rodríguez.
En la declaración, las organizaciones expresan su "rechazo a la existencia de muros o vallas para separar los pueblos que provocan graves conflictos, la muerte de migrantes, al tiempo que fomentan el negocio de la migración ilegal, así como la trata y el tráfico de personas, y estimula actitudes xenofóbicas y de separación entre los pueblos".
"Por ello, demandamos a los jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica que denuncien enérgicamente la construcción del muro en la frontera entre México y Estados Unidos", ordenado por Washington en octubre, añade.
Las organizaciones también consideraron "inaceptable la intolerancia, que lleva a acciones de violencia física y simbólica" contra los inmigrantes, y que está basada en "el miedo a lo extraño".
"El discurso que se ha mantenido por mucho tiempo (en los países del Norte) es que los toleramos (a los inmigrantes) porque vienen a cubrir puestos de trabajo que teóricamente no quieren cubrir los ciudadanos nacionales", dijo Ana María Corral, responsable confederal de migraciones de la Unión General de Trabajadores de España.
"Para nosotros, este discurso no es aceptable en ningún caso, pues parte de una concepción de los inmigrantes no igualitaria, sino utilitaria", añadió.
