El Compromiso de Montevideo, que adoptará la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, elude acuerdos concretos para regularizar la situación de los trabajadores inmigrantes indocumentados.
Se trata de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. El Compromiso que los mandatarios suscribirán en la capital uruguaya exhorta sólo a "tomarlo en cuenta".
En la Cumbre se debaten dos posiciones: la europea, que procura lograr una regulación transnacional de las migraciones, comprometiendo a los países de origen con su control, y la latinoamericana, que privilegia los derechos humanos de los migrantes y sus familias y evita confundir el fenómeno con otros como la seguridad nacional e internacional, el terrorismo y el narcotráfico.
El Compromiso de Montevideo se propone "solicitar a los Estados a considerar la suscripción, ratificación o adhesión" de convenciones y protocolos de la Organización de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como "efectuar las adecuaciones normativas correspondientes en los ordenamientos internos de los Estados parte".
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Pero apenas establece la voluntad de "continuar dialogando sobre la forma de establecer los estándares para la protección de todos los trabajadores migrantes y sus familias, teniendo en cuenta los instrumentos internacionales sobre la materia, entre otros la Convención Internacional" su protección.
Esa Convención establece el derecho a la libre emigración de los trabajadores y a contar con todas las garantías y beneficios legales y laborales del Estado donde residan y trabajen, así como a la reunificación familiar.
Este instrumento, en vigor desde 2003, ha sido ratificado sólo por 34 estados. Ni España —segundo receptor de inmigración latinoamericana después de Estados Unidos— ni Portugal la han firmado siquiera.
De los países latinoamericanos receptores de inmigrantes del resto de la región, sólo Chile ha completado su adhesión. Argentina y Brasil, no.
Los demás países de Iberoamérica partes de la Convención son Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Uruguay.
El texto del Compromiso de Montevideo reconoce que "migrar no es un delito, por lo que los Estados no desarrollarán políticas orientadas a criminalizar al migrante", y establece la necesidad de una "articulación bilateral y multilateral" para prevenir y combatir "el tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas".
Durante la negociación del texto, hubo diferencias en cuanto al espacio a reservar al reconocimiento de los derechos humanos de los emigrados y a la necesidad de controlar el fenómeno migratorio.
El texto acordado subraya la necesidad de la "cooperación efectiva en esta materia", en especial en los vínculos entre "migración y desarrollo, gestión ordenada de flujos migratorios, y promoción y protección de los derechos humanos".
Además, se propone celebrar un Foro sobre Migración y Desarrollo en 2008 y encomendar a la Secretaría General Iberoamericana un estudio en la materia, con aportes de entidades y organizaciones regionales, y otro sobre el impacto social y económico que tiene la inserción de los inmigrantes en los países de destino.
En una declaración aparte, los representantes de los gobiernos afirman que la "construcción de muros es una práctica incompatible con las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados".
El comunicado expresa "profunda preocupación por la decisión adoptada por el gobierno de Estados Unidos para la construcción de un muro en su frontera con México, toda vez que constituye una medida unilateral contraria al espíritu de entendimiento" que debe caracterizar la atención de los problemas entre países vecinos.
Los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en territorio africano también tienen muros que se han probado ineficaces para contener la emigración.
En lo que pareció un intento de atajar críticas, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo a la prensa este viernes en Montevideo que su país "trata bien a las personas que vienen de afuera" y esto "lo puedo corroborar con absoluta contundencia".
Su país ofrece a los inmigrantes "trato y consideración como personas y seres humanos, en el marco de lo que son las leyes que obligan a todos". España regularizó a unos 600.000 inmigrantes en 2005.
"No se puede comparar a España con Estados Unidos", dijo a IPS el sociólogo ecuatoriano Fredy Rivera, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, participante del foro "La cara oculta de las migraciones. ¿Esclavitud del siglo XXI?", celebrado el lunes en Montevideo.
"El problema de la emigración latinoamericana es con Estados Unidos y no con España", alegó. "El trato que los españoles prestan a los inmigrantes es muy diferente. Les brindan atención médica y abrigo y se hacen cargo de la protección de los menores", añadió.
* Con aportes de Marcelo Jelen (Montevideo)
