El drama de los países pobres altamente endeudados de Asia, África y América Latina estalló en la cara de los diputados españoles este viernes, al recibir de manos de medio centenar de delegados y de dirigentes de la sociedad civil un cúmulo de firmas pidiendo la cancelación de esas obligaciones.
"Los países del Norte deben condonar las deudas de los países más empobrecidos y no fomentar más endeudamientos, para lo cual deben liberalizar su comercio y anular las barreras arancelarias", reclamó en conversación con IPS la joven ecuatoriana Mónica Chilliquinda, una de las participantes en el acto.
Los activistas locales y de los países afectados entregaron en el Congreso de los Diputados de España más de 55.000 firmas reclamando que se condone la deuda externa de los países pobres, acto que forma parte de la campaña "Sin duda, sin deuda", promovida por la Conferencia Española de Religiosos, la católica Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz y Redes.
En los próximos días llegará a su término el debate del proyecto de Ley Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa, el que ha incorporado alguna de las sugerencias presentadas anteriormente por las asociaciones civiles.
Empero, la iniciativa "sigue ignorando aspectos clave para que la política de deuda española contribuya a la resolución de un problema que lastra las posibilidades de desarrollo integral de muchos países", se consignó en el documento presentado.
Las cartas firmadas, junto con las dirigidas a los miembros de la Comisión que está debatiendo el proyecto, fueron depositadas en el registro de entrada del Congreso, ya que, a pesar de haberlo solicitado anticipadamente, los dirigentes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y sus acompañantes no fueron recibidos por las autoridades del mismo.
Mercedes Barbeito, coordinadora de la campaña "Sin duda, sin deuda", señaló a IPS que la recolección de firmas comenzó en marzo y que en concreto las ONG proponen que "la ley sea más generosa con los países empobrecidos, incluyendo más estados en las operaciones de reducción de deuda y aumentar la condonable".
Además, prosiguió, proponen que la ley incluya una verdadera participación de la sociedad civil en todos los procesos relacionados con este tema y que se prevea "una medida de condonación inicial del gobierno, que contemple la totalidad de la deuda que tienen contraída con España los países más empobrecidos".
Si eso se hiciera, "se habrá dado un paso adelante importante para conseguir los Objetivos (de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas) del Milenio", concluyó.
Un punto destacado que reclaman las ONG y que no ha sido abordado aún por los legisladores, demanda que la ayuda oficial al desarrollo (AOD) se desvincule totalmente de los intereses comerciales e inversionistas de las empresas españolas.
En muchos casos, los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) a países del Sur están condicionados a que parte de los mismos se utilice para comprar equipos y servicios producidos en España.
Eso no puede ser, añaden las ONG, ya que el proyecto de ley "sigue contemplando excesivos principios de corte económico —inspirados desde los Ministerios de Economía y Hacienda e Industria y Comercio— para una ley que pretende luchar contra la pobreza y trabajar a favor de los derechos humanos".
Por ello, en un documento presentado en junio por tres campañas, "Quién debe a quien", "Corta con la deuda" y "Sin duda. Sin deuda", apoyado por la Alianza Española contra la Pobreza, plantearon que la ley cambie el sistema de gestión del Fondo de Ayuda al Desarrollo, algo que los legisladores se comprometieron a debatir.
Además, las ONG plantean que "la ley debe recoger explícitamente el principio de corresponsabilidad entre acreedores y deudores, por cuanto hay un intercambio económico, promovido por el gobierno español, con claras implicaciones sociales, monetarias y ambientales hacia los países endeudados".
Otro tema preocupante para esas organizaciones es que en la próxima ley quede claro que la cancelación de la deuda no se debe contabilizar como ayuda oficial al desarrollo, "como ya han hecho países de nuestro entorno, uno de ellos Noruega". Si a un país se le cancela deuda, explican, no se debe incluir esa suma como un gasto de cooperación del país condonante.
En la exposición de motivos de la norma, que antecede al texto ya en trámite, se contempla la creación de un comité en el Consejo de Cooperación, en el que participarían representantes de las ONG, que demandan se exprese en el articulado su participación tanto en las negociaciones como en la ejecución de acuerdos relacionados con la gestión de deudas.
Justicia y Paz, fundada en 1967 por el ya fallecido papa Pablo VI, cuya delegación en España se constituyó un año después, propone que se creen nuevas reglas financieras internacionales que incluyan un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana y expone un caso como ejemplo de lo que debería ser tratado por ese organismo.
El hecho ocurrió en Bolivia, donde, con fondos para el desarrollo, empresas belgas y alemanas construyeron una planta de procesamiento de estaño en Karachipampa, con un costo de 450 millones de dólares.
El crédito se iba a reembolsar con la rentabilidad de la venta de estaño refinado, pero la planta nunca funcionó porque estaba sobredimensionada y a 4.200 metros de altura, donde la falta de oxígeno y las dificultades de acceso del suministro de mineral para la dimensión de la obra impiden el proceso de refino.
Al no generar ningún ingreso para pagar su costo, la construcción de esa planta derivó en un crecimiento de la deuda de Bolivia con Alemania con cargo a los ingresos públicos.
Ese frustrado proyecto lo terminó pagando "la población boliviana, 60 por ciento de la cual vive en la pobreza", subraya Justicia y Paz.
De esta manera Bolivia pagó este año una deuda constituida hace tres décadas y que "benefició a empresas belgas y alemanas, pero no al pueblo boliviano", añadió la agrupación.
