Juan María Bordaberry, ejecutor del golpe de Estado de 1973 que inauguró en Uruguay una dictadura cívico-militar de 12 años, quedó detenido este viernes imputado por el asesinato en 1976 de dos líderes parlamentarios exiliados en Argentina. También está preso su canciller, Juan Carlos Blanco.
"La emoción superó la razón" después de tantos años de buscar justicia, dijo a IPS la abogada Hebe Martínez Burlé, patrocinante de la familia de Zelmar Michelini, dirigente del izquierdista Frente Amplio ultimado junto a Héctor Gutiérrez Ruiz, diputado del tradicional Partido Nacional y presidente de la cámara baja hasta su clausura por los militares en 1973.
A Bordaberry y Blanco también se les imputó la muerte de William Whitelaw y Rosario Barredo, ex miembros del entonces insurgente Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, asesinados en la misma operación.
Michelini y Gutiérrez Ruiz, cuyos cuerpos fueron hallados el 21 de mayo de 1976 con signos de tortura dos días después de ser secuestrados de sus domicilios en el centro de Buenos Aires, encabezaban la resistencia a la dictadura uruguaya en el exterior junto a dirigentes de izquierda y sindicales y al líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, quien se salvó por un aviso a tiempo.
El jueves, el juez Roberto Timbal procesó con prisión a Blanco y a Bordaberry —quien tras varias horas con paradero desconocido se entregó a la policía este viernes—, como coautores responsables de delitos "muy especialmente agravados", como había solicitado la fiscal Mirtha Guianze, para evitar la prescripción, recordó Martínez Burlé.
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Un tribunal de alzada ya rechazó ese argumento de la defensa de los acusados, debido a que el tiempo límite para enjuiciar esos casos son 26 años, contados a partir de 1985, cuando el país recuperó la vigencia del Estado de derecho. Además, el juez entendió que los crímenes fueron de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.
En su fallo, Timbal se refiere a "un cúmulo de indicios que involucran a los indagados en estos hechos, los cuales (…) fueron cometidos en el marco de un acuerdo o coordinación entre los regímenes de facto que imperaban en Uruguay y Argentina ( ) que se denominó Plan Cóndor, que comprometió a las dictaduras del Cono Sur" de América.
"La comprobación de ese Plan se afirma cuando en septiembre de 2001 son desclasificados documentos de Estados Unidos, en los cuales se constata el conocimiento" que tenía ese país de su "existencia y su instrumentación", añade el magistrado.
El delito que se les imputa tiene una pena mínima de 10 años de prisión.
Blanco ya está bajo proceso por la desaparición en 1976 de la maestra y activista de izquierda Elena Quinteros, secuestrada por fuerzas de seguridad del interior de la embajada de Venezuela en este país. El suyo fue el primer caso de enjuiciamiento por delitos a los derechos humanos.
Para procesar al dictador Bordaberry y a Blanco fue de vital importancia la documentación encontrada y ordenada por el historiador Oscar Destouet, responsable del Área Memoria de la Dirección de Derechos Humanos, que había permanecido oculta en el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta que el Frente Amplio llegó al gobierno, el 1 de marzo de 2005.
Destouet dijo a IPS que había entregado al juez Timbal documentos firmados por Blanco o sus subordinados y con sello oficial, comunicaciones cablegráficas referidas a los cuatro asesinatos y, por ejemplo, la orden de que cada embajada uruguaya se constituyera en agencia de inteligencia para seguir y perseguir las actividades en el exterior de todo posible opositor a la dictadura.
En particular, la legación en Buenos Aires fue instruida para controlar a la ya numerosa colectividad uruguaya, que tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 había engrosado con gran cantidad de perseguidos, aprovechando que la democracia resistió allí hasta marzo de 1976 y que aún actuaban organismos internacionales de ayuda a los refugiados.
También figuran documentos en los que se detalla el envío desde Montevideo a la embajada en Argentina de cargamentos de armas de guerra, como ametralladoras y fusiles, un traslado inusual para una sede diplomática, con destino a los tres agregados militares y sus respectivos subalternos.
Entre las pruebas más contundentes de la responsabilidad del ex mandatario y el ex canciller en las muertes está la orden de retiro de los pasaportes oficiales de legisladores a Michelini, Gutiérrez Ruiz y Ferreira Aldunate, así como la negativa a expedirles documentos comunes, con el evidente fin de que no pudieran abandonar Argentina.
Destouet también entregó al juez la agenda oficial de una reunión realizada días antes del crimen en suelo argentino entre los cancilleres de las dos dictaduras, Blanco y su par César Guzzetti, en la que se habría definido la coordinación del operativo, otro elemento probatorio del Plan Cóndor, la coordinación represiva de los regímenes del Cono Sur de América.
JUSTICIA 30 AÑOS DESPUÉS
La justicia uruguaya finalmente se decidió a procesar al primero de los cuatro dictadores que se sucedieron hasta la salida democrática, de los cuales dos aún viven.
Rezagados respecto de Chile y especialmente de Argentina, que lograron eludir mucho antes leyes del perdón a represores de las dictaduras de los años 70, los jueces uruguayos esperaron dos décadas de democracia y la llegada de la izquierda al gobierno para procesar a acusados de crímenes.
Bordaberry también está próximo a ser procesado en otro caso, y podría sumar así 30 años de prisión, por haber atentado contra la Constitución al perpetrar el golpe con ayuda militar tres años después de ser elegido en las urnas, y por coautoría de privación de libertad, homicidio y desapariciones forzadas, según adelantó Martínez Burlé. Por esta causa tenía ya cerradas las fronteras.
El dictador restante en la lista, que puede terminar tras las rejas, es Gregorio Álvarez, involucrado en la causa por desaparición forzosa de dos centenares de detenidos, la mayoría de ellos en Argentina, torturas sistemáticas contra miles de prisioneros políticos y ejecuciones extrajudiciales.
El general retirado Álvarez fue el verdadero hombre fuerte del régimen. Hoy es investigado por el juez Luis Charles en particular por el traslado en un avión militar a Uruguay de 22 personas secuestradas y torturadas en el campo de concentración conocido como Automotores Orletti, en plena ciudad de Buenos Aires. Los prisioneros fueron ejecutados y sus restos están desaparecidos.
En ese vuelo clandestino de 1976 estaba Adalberto Soba, por cuyo caso fueron procesados con prisión el 11 de septiembre seis militares retirados y dos ex policías, a los que se les imputó torturas múltiples, privación de libertad y asociación para delinquir. También está requerido un séptimo oficial del ejército que huyó a Brasil, mientras otro se suicidó cuando iba a ser detenido.
La existencia de ese traslado se confirmó 30 años después, cuando el gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez requirió a los mandos militares, poco después de asumir, que informaran del lugar donde habían sido sepultados restos de una treintena de detenidos-desaparecidos asesinados en sesiones de tortura.
Hasta ese momento sólo se sabía de un vuelo ilegal con prisioneros políticos, realizado en el marco de una operación de la dictadura para montar una "invasión subversiva" y justificar el incremento de la represión. La existencia del segundo traslado había sido adelantada por una investigación del periodista Roger Rodríguez.
Nuevos testimonios hablan de muchos más vuelos clandestinos con prisioneros entre Uruguay, Paraguay y Argentina y quizás otros destinos, al menos nueve, dice un artículo publicado este viernes en el semanario uruguayo Brecha.
El dictamen de Charles y el de su colega Timbal sobre las operaciones de traslado y los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz confirman con creces la existencia del Plan Cóndor, cuyo objetivo central era el seguimiento, vigilancia, detención, torturas y asesinatos de personas consideradas enemigas de las dictaduras.
Pero la impunidad siguió por dos décadas en Uruguay, ante la falta de actuación de la justicia sujeta a una aplicación discrecional de los sucesivos gobiernos democráticos de la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que desde 1989 alejó de los tribunales a los uniformados acusados de violar los derechos humanos.
Esa falta de voluntad política para revisar los crímenes del pasado tiene un capítulo especial en el cúmulo de documentos probatorios del accionar dictatorial adentro y fuera de fronteras encontrados en la cancillería por Destouet.
"En Uruguay no existe ninguna ley de clasificación de documentos, por lo tanto no se puede hablar de que ahora se está 'desclasificando'", precisó.
"El material escrito es uno de los pilares para poder hacer justicia", recordó. La cancillería del gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) negó rotundamente la existencia de esos materiales, que suman cajas y cajas, ante pedidos de la justicia, del parlamento y de la propia Comisión para la Paz creada por esa administración.
