Ambientalistas y defensores de los derechos humanos convocan a movilizarse este miércoles en 16 países contra los trabajos forzados en Birmania y como alerta por el posible aumento de esta práctica con la próxima construcción de un gasoducto internacional.
La preocupación principal de los activistas es por un posible aumento del trabajo esclavo en este país el año próximo, cuando comience la instalación de una cañería para gas natural de 1.200 kilómetros de largo, que parte de la costa del meridional estado birmano de Arakan y continúa por el occidental estado de Chin, para luego pasar a Bangladesh y a India.
Otros reclamos incluyen la reubicación de los aldeanos que viven en las zonas por donde pasará el gasoducto, la negación del derecho de las comunidades locales a mantener sus medios de vida y el daño ambiental.
"Los trabajos forzados ya constituyen un problema en el estado de Arakan y esto se incrementará cuando empiece la construcción del gasoducto", dijo Wong Aung, portavoz del Movimiento Shwe ("oro") por el Gas, una organización creada por los habitantes de Arakan en 2002.
"Usar trabajos forzados es el modo en que los militares (que gobiernan Birmania desde 1962) consiguen realizar las obras. Es un abuso que es factible esperar", comentó a IPS.
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Para los manifestantes, es ominosa la cantidad de batallones militares que fueron trasladados al estado de Arakan para proteger su trayecto, señaló Wong Aung.
"En este momento hay alrededor de 40 batallones y la población local teme que las tropas la fuercen a ayudar a construir la cañería, las carreteras necesarias para ello y para despejar el área circundante", agregó.
Este temor a los trabajos forzados no es exagerado, dados los opresivos antecedentes de la junta de Rangún en la construcción de los gasoductos de Yadana y Yetagun, en el sur del país, a fines de los años 90.
Los soldados birmanos "reclutaron a miles de civiles para que trabajasen en los gasoductos y luego muchos de ellos fueron violados, torturados y hasta asesinados. Reubicaron por la fuerza a aldeanos inocentes por el delito de vivir cerca de la ruta del gasoducto", declaró EarthRights International, una organización sin fines de lucro con sede en Washington.
Las violaciones a los derechos humanos ocurridas en esas construcciones, que involucraron a tres empresas petroleras occidentales que trabajaban con la dictadura birmana, fueron condenadas en un fallo histórico de un tribunal de Estados Unidos.
En el marco de ese fallo, en diciembre de 2004, se le impuso a una de esas firmas, la estadounidense Unocal, el pago a 14 aldeanos de la comunidad karen de Birmania de una compensación por el abuso de que fueron objeto por un total de 1.200 millones de dólares.
De modo similar, al gigante petrolero francés Total se le ordenó compensar a ocho aldeanos birmanos el año pasado.
"Durante el trabajo forzado las personas tienen que traer sus propias herramientas, alimentos, medicinas, y las mujeres y niños de hasta 12 años son obligados a trabajar en el proyecto si sus padres no pueden ir", aseguro a IPS Naing Htoo, coordinador del Proyecto Birmania en EarthRights International.
"Lo peor es que los soldados hacen caminar a los aldeanos delante de ellos para despejar el área de minas terrestres", añadió.
Estudios hechos por su organización sobre el uso continuo de los trabajos forzados confirmaron que estos siguen teniendo lugar "en muchas áreas". También incluye edificar puestos militares, cultivar arroz para los soldados, construir carreteras y puentes y también helipuertos para uso de las empresas involucradas en importantes proyectos, como gasoductos, agregó Naing Htoo.
La fecha prevista para la protesta internacional contra el nuevo gasoducto debería resultarle poco cómoda a Rangún, dado que el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, como se conoce oficialmente a la junta militar gobernante, aparentemente será aún más reprendido en la reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su sede de Ginebra.
Se prevé que este miércoles tenga lugar un debate sobre el fracaso de Birmania en cumplir todos sus compromisos para ayudar a poner fin a los trabajos forzados.
De particular preocupación para la OIT es la reticencia de Birmania a apoyar inequívocamente un "mecanismo creíble" en el país al que puedan recurrir las víctimas de trabajos forzados en búsqueda de resarcimiento.
La necesidad de tal mecanismo independiente se vio reforzada luego de que un informe presentado en una reunión de la OIT en junio destacó que "los trabajos forzados continuaron siendo extendidos, particularmente por parte del ejército".
"Un mecanismo para abordar las quejas de trabajos forzados fue un requisito clave establecido por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio", explicó Richard Horsey, representante de la OIT en Birmania, en una entrevista telefónica desde Rangún.
Un informe para la reunión de este miércoles y al que IPS tuvo acceso incluye secciones que declaran que el fracaso de Rangún en comprometerse con un "mecanismo creíble" podría resultar en que este país de Asia sudoriental sea llevado ante la Corte Internacional de Justicia, el año próximo.
A consecuencia de ello, Birmania podría ser el primer país juzgado por este tribunal internacional por sus prácticas laborales abusivas.
Pero semejante presión internacional ofrece poca comodidad a Wong Aung, del Movimiento Shwe por el Gas, destacando las compensaciones financieras que se espera cosechen los generales gobernantes a partir de los grandes depósitos de gas hallados en los mares del estado de Arakan.
Rangún se prepara para ganar entre 12.000 millones y 17.000 millones de dólares gracias a este proyecto, que es respaldado por un consorcio internacional que involucra a empresas sudcoreanas e indias, declara el Movimiento en un informe.
Para la junta militar gobernante "será la fuente más grande de ingresos hasta la fecha", agrega el reporte, titulado "Supply and Command" ("Oferta y dominio"). "La pesca como medio de vida ya fue restringida y destruida debido al establecimiento y la aplicación violenta de zonas de exclusión en el mar", se agrega.
En efecto, organizaciones de derechos humanos dicen que el gas natural y otras fuentes de energía en Birmania han venido a rescatar al régimen, ayudándolo a mantenerse a flote y a comprar más armas en un momento en que las naciones occidentales, lideradas por Estados Unidos, han adoptado una línea dura contra esta dictadura.
Eso incluye sanciones y colocar a Birmania bajo el escrutinio del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En octubre, el Ministerio de Planeamiento Nacional y Desarrollo de Birmania anunció que el país había alcanzado un récord en inversiones extranjeras anuales desde que se abrió a esta posibilidad, hace casi dos décadas.
Las inversiones extranjeras en el sector gasífero y petrolero del país estuvieron entre las más elevadas de los alrededor de 6.000 millones de dólares que ingresaron durante el año financiero que terminó el 31 de marzo de este año.
"El petróleo y el gas proporcionan la mayor fuente de moneda extranjera legítima para el régimen", dijo a IPS Debbie Stothard, de la Red Alternativa de la Asean (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) sobre Birmania. "Es una línea de salvamento financiero del Consejo".
