En el marco de una campaña de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para combatir los derroches, la mala administración y la corrupción, un alto funcionario propuso que el personal jerárquico del foro mundial hiciera pública su situación financiera.
El subsecretario general para Asuntos Administrativos, Christopher Burnham, informó el miércoles a la prensa que el próximo secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se comprometió a firmar el formulario de transparencia financiera y a darlo a conocer públicamente.
Ban, ex canciller surcoreano, sucederá en enero a Kofi Annan, quien completará dos periodos al frente del foro mundial el mes próximo.
Annan firmó su declaración de estado patrimonial el mes pasado, pero aún no la divulgó.
"Creo que es una nueva era para las Naciones Unidas", indicó Burnham, un ex funcionario del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, quien deja la organización esta semana para dedicarse a la actividad privada.
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"Estamos colocando a la ONU en el siglo XXI, en cuanto a responsabilidad, transparencia, ética, eficiencia y efectividad", declaró.
Burnham destacó como ejemplos a los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur, que obligan a sus funcionarios a hacer público su situación financiera.
En el futuro, añadió, todos los funcionarios de trayectoria, incluidos los secretarios generales y sus asistentes, deberán dar a conocer el estado personal de sus finanzas, al igual que el personal de logística de la ONU en todo el mundo.
"También tenemos que prestar atención a las personas vinculadas a la logística que dejan la organización para trabajar en compañías que se ofrecen para proyectos en los cuales ellos se desempeñaban cuando eran funcionarios de la ONU", planteó Burnham.
Además, destacó que su oficina estableció rígidas restricciones para los funcionarios que abandonan el foro mundial.
Cuando se le preguntó qué consejo le daría al próximo secretario general, Burnham dijo: "Seguir con el plan".
Como resultado de la nueva normativa de ética, más de 2.000 empleados firmaron sus formularios de transparencia en el sistema de la ONU, cuando el año pasado sólo lo habían hecho 200.
La nueva Oficina de Ética de la ONU, que comenzó a funcionar en enero de este año, se comprometió a proteger de represalias a quienes denuncien malas prácticas como fraude y malversación.
Burnham declaró estar "muy orgulloso" de la nueva política de protección de denunciantes porque la considera "la más fuerte" conocida.
"Pronto tendremos una cultura de no mentir ni estafar, y de no tolerar a aquellos que sí lo hagan. Tendremos que respaldar a los hombres y a las mujeres que tengan el coraje de exponer las malas prácticas", agregó.
Tunku Abdul Aziz, asesor especial de la ONU y director de la Oficina de Ética, dijo a la prensa que antes sólo "se esperaba que cumplieran con las normas y las reglamentaciones que rigen a su servicio".
Pero ahora "se los convencerá y se les fomentará a trascender el mero cumplimiento y a entender la verdadera naturaleza del deber público en aras del interés colectivo, con todo lo que ello implica", declaró Tunku Aziz, cofundador de la oficina en Malasia de la organización anticorrupción Transparencia Internacional.
Annan señaló que un factor clave de toda organización exitosa es que tenga "una cultura responsable y una ética que domine al personal, de arriba hacia abajo". Lamentablemente, "en los últimos años no hemos logrado cumplir con estos altos estándares", señaló.
Desde que Annan llegó a la Secretaría General en 1997, 40 funcionarios fueron sumariados y despedidos. Uno de ellos se desempeñaba en asuntos de logística.
El último escándalo de la ONU se desató con los resultados del Comité de Independiente Investigaciones del ahora desaparecido multimillonario programa Petróleo por Alimentos en Iraq, administrado por la organización.
El programa Petróleo por Alimentos, que rigió entre 1996 y 2003 como excepción al embargo internacional que sufría Iraq por la invasión de Kuwait en 1990, permitía a Iraq vender cantidades limitadas de petróleo para adquirir alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios.
El sistema era supervisado por la ONU y en especial de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia).
El programa manejaba entre 7.000 y 10.000 millones de dólares anuales, pero esos ingresos por ventas de petróleo pasaron en noviembre de 2003 a las arcas de la hoy disuelta Autoridad Provisional de la Coalición, encabezada por Paul Bremer, el administrador civil estadounidense en Iraq.
Los acusadores sostenían que el depuesto presidente iraquí Saddam Hussein llevó ilegalmente a sus arcas más de 21.000 millones de dólares gracias al programa, que la ONU debía supervisar. En otro caso, la organización suspendió a ocho funcionarios en enero y les dio "vacaciones especiales sin goce de sueldo", acusados de cometer malas prácticas.
A principios de noviembre, un funcionario de logística fue detenido por desviar más de 50 millones de dólares en contratos de una compañía de India a cambio de un apartamento en Nueva York, adquirido por debajo del precio de mercado.
La vivienda pertenecía al presidente de esa compañía, que se benefició de los contratos de la ONU.
En agosto, otro alto funcionario de la organización fue detenido y se declaró culpable de conspiración y lavado de dinero.
