La construcción de represas en el río Salween, el último curso de agua intacto del sudeste asiático, condicionará las futuras relaciones entre el régimen dictatorial de larga data en Birmania y la nueva junta militar de Tailandia.
Al menos eso es lo que sucederá si más de 50 organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos humanos de la región logran su cometido.
La coalición conformada por esos grupos de la sociedad civil se propone pedir al nuevo gobierno interino de Tailandia, instalado tras el golpe de Estado, que cancele el acuerdo entre este país y Birmania para construir una represa en el río Salween.
"Queremos que el proyecto se interrumpa y que toda la información recolectada se publique", dijo en entrevista con IPS Pianporn Deetes de la Red de Ríos del Sudeste Asiático de la septentrional ciudad de Chiang Mai.
El gobierno de Thaksin Shinawatra, depuesto por militares el 19 de septiembre, "no reveló ninguna información significativa respecto de los planes para construir las represas", añadió.
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"Ni siquiera hubo un intento de informar a las comunidades del lado tailandés, en la frontera entre ambos países, sobre cómo les afectarían" esas instalaciones.
La actitud del gobierno de Thaksin quedó al descubierto días antes del golpe militar. Un alto funcionario de la estatal Autoridad de Generación Eléctrica dijo que la represa Hat Gyi, en el estado birmano de Karen, se construirá sin estudio de impacto ambiental ni social, según la prensa local.
La decisión de no respetar las evaluaciones universalmente aceptadas antes de iniciar un proyecto hidroeléctrico se basa en cuestiones políticas y ese tipo de estudio es "un asunto interno de Birmania", opinó el entonces funcionario tailandés.
La represa de Hat Gyi es una de las cinco que se construirán en el río Salween, de 2.800 kilómetros de largo, que nace en las montañas del Tibet, fluye por la meridional provincia china de Yunnan con el nombre de Nu, atraviesa Birmania ya con su última denominación y recorre ambos lados de la frontera con Tailandia hasta desembocar en el mar de Andamán.
La Autoridad de Generación Eléctrica de Tailandia juega un rol de pivote en la construcción de esta represa y de otras, tal como la de Tasang, también en territorio birmano, por su gran demanda de energía.
La junta militar de Birmania y la firma estatal tailandesa firmaron un acuerdo de cooperación en diciembre de 2005 para construir varias instalaciones de generación de electricidad en el río Salween para producir 3.820 millones de kilovatios por hora al año.
La primera de ellas es Hat Gyi, con una producción prevista de 1.200 megavatios.
Ambientalistas de las comunidades birmanas karen y shan, quienes viven refugiados en Tailandia, se han manifestado en contra del acuerdo.
La represa que se prevé construir en el tramo del Salween que fluye a través de los estados de Karen y Shan destruirá grandes porciones de bosques, flora y fauna, paisajes rocosos y tierras cultivables, sostienen.
"La represa Hat Gyi no ayudará a nuestra comunidad", dijo a IPS Lau Eh Roland, subdirector del Observatorio Karen del Río, la coalición que reúne a organizaciones karen ambientales y de derechos humanos. "Alrededor de 10.000 personas serán desplazadas", apuntó.
En el área shan, donde se erigirá la represa Tasang, más de 2.000 aldeas quedarán inundadas por "la zona anegable del proyecto", sostiene un informe publicado semanas atrás por la Organización Ambiental Shan Sapawa.
"Con una altura prevista de 228 metros sobre el río y una cota máxima de agua de 420 metros, se estima que el embalse abarcará unos 870 kilómetros cuadrados o 1,3 veces la superficie de Singapur", detalló.
Por si eso no bastara, no se respetan los derechos humanos en las zonas afectadas y donde los militares birmanos están enfrascados en luchas con los grupos étnicos rebeldes.
"El actual conflicto y el creciente número de efectivos militares birmanos hace que la población viva con un permanente temor de sufrir abusos. Los pobladores de la zona han sido torturados y asesinados sólo por meras sospechas de colaborar con la resistencia shan", añade el informe.
Roland teme que a la crisis suscitada por los actuales desplazados en las áreas karen debido al incesante avance del ejército, se sume el trabajo esclavo y la reubicación de personas.
"El trabajo forzado aparecerá cuando comience la construcción de la presa Hat Gyi. Así es como los militares birmanos llevan adelante sus programas de desarrollo", indicó.
Birmania, gobernada por militares desde 1962, cada vez es más cuestionada por la Organización Internacional del Trabajo y otros entidades internacionales por amparar el trabajo forzado, además de una larga lista de violaciones de los derechos humanos.
Tal notoriedad difícilmente estaba en los planes de Thaksin cuando llegó al poder en 2001. Bangkok comenzó a forjar una nueva relación con la junta birmana centrada en la construcción de fuertes lazos económicos.
La política seguida por Thaksin con Birmania también anuló la influencia de su ejército, en particular la del comando norte, a cargo de delinear el vínculo.
"El gobierno anterior al de Thaksin mantuvo una relación con Birmania que podría calificarse de distante. El anterior primer ministro nunca visitó ese país", recordó ante IPS Kraisak Choonhavan, ex director del Comité de Asuntos Exteriores del Senado tailandés.
En cambio, "Thaksin tuvo una relación muy cálida con los generales birmanos. Estuvo ahí muchas veces", añadió.
"Para Thaksin, los intereses empresariales y las inversiones en Birmania pasaron a ser una prioridad, por eso rechazó a los activistas políticos birmanos en Tailandia, imponiendo normas estrictas", añadió Kraisak.
Thaksin, un magnate de las telecomunicaciones devenido en político, fue acusado en el marco de las manifestaciones en su contra en abril pasado de corrupción, nepotismo y abuso de poder y de favorecer a su familia con un acuerdo multimillonario en ese sector.
"Esperamos que el nuevo gobierno de Tailandia se distancie del enfoque de Thaksin hacia Birmania", señaló Sai Sai, coordinador de Observatorio de Salween, de Chiang Mai.
"Las represas del río Salween no deben construirse, pues están todas vinculadas a violaciones de los derechos humanos. Por eso queremos frenar" su instalación, añadió.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales).
