El gobierno de Estados Unidos evita un acuerdo para compartir bienes requisados al narcotráfico con el de Haití, que reclama esos fondos para solventar el elevado costo de un complejo juicio por corrupción contra el ex presidente Jean-Bertrand Aristide.
La corporación telefónica IDT está acusada en esta querella de pagarle sobornos a Aristide. Una ex abogada de esa empresa dirige una oficina de la Fiscalía General que suele aportar fondos capturados a delincuentes a gobiernos extranjeros que cooperan con Washington.
La demanda se basa sobre la acusación de un ex ejecutivo de IDT, según la cual Aristide cobró a esa firma cientos de miles de dólares en sobornos antes de ser depuesto y expulsado de Haití en 2004.
IDT es la tercera empresa telefónica mundial y está muy vinculada con personalidades del Partido Republicano, gobernante en Estados Unidos. Su gerente general es el ex legislador James Courter, y en su junta figuran personalidades republicanas como Jeane Kirkpatrick, Jack Kemp, James S. Gilmore III y Rudy Boschwitz.
Cuando una subsidiaria de IDT, Net2Phone, lanzó sus acciones al mercado en 1999, el hoy vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, compró 1.000 títulos a 15.000 dólares y los vendió el mismo día a 26.574, con lo que obtuvo 11,6 millones de dólares.
La ex abogada de la firma Alice Fisher dirige hoy la División Penal del Departamento de Justicia (fiscalía general) estadounidense. Una práctica habitual de esa oficina es compartir dinero requisado a narcotraficantes con otros gobiernos, sobre la base de una evaluación de la cooperación en la guerra contra las drogas.
La demanda indica que IDT desvió hacia una cuenta de banco off-shore controlada por Aristide pagos que debieron haberse dirigido a la compañía telefónica haitiana Teleco.
Estas acusaciones salieron a la luz cuando Michael Jewett, ex ejecutivo de IDT, dijo que se negó a participar en el trato y que fue retirado de la companía por eso. En octubre de 2005 querelló por despido abusivo a la compañía en un tribunal estadounidense.
Jewett aseguró que en mayo de 2004 Teleco firmó contratos con IDT y varias otras compañías estadounidenses que le pagaban a la empresa haitiana una comisión de nueve centavos de dólar por minuto de llamada telefónica a Haití.
Pero otros tres centavos debían depositarse en una cuenta de la compañía ficticia Mont Salem, radicada en Islas Turcas y Caicos.
Según las normas estadounidenses, el pago a Haití debía ser de 23 centavos por minutos. Gracias al precio ventajoso, las firmas supuestamente revendían a otras compañías telefónicas sus servicios a un precio de entre 16 y 18 centavos de dólar por minuto.
El manejo irregular de las comisiones representaba un problema importante para las arcas del Estado haitiano, pues las llamadas de la gran comunidad de exiliados en Estados Unidos son una cuantiosa fuente de ingresos. El sector telefónico de ese país caribeño factura unos 48 millones de dólares anuales.
Tales acciones, además, violarían la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero vigente en Estados Unidos.
El gobierno que relevó a Aristide en 2004 aseguró haber encontrado en el Banco Central otra prueba contra el ex presidente. En noviembre de 2005, Haití y Teleco presentaron en Miami una demanda amparada en la Ley de Organizaciones Corruptas e Influidas por la Extorsión (RICO) contra el expresidente y sus colaboradores.
La denuncia indica que IDT pagó 302.588 dólares en sobornos al grupo de Aristide entre febrero y abril de 2004. Según la demanda, Aristide y otras figuras de la política haitiana enviaron a Estados Unidos por lo menos 19 millones de dólares obtenidos con esta y otras estafas.
El abogado de Aristide, Ira Kurzban, declaró el año pasado que la demanda "es más política que legal".
Kurzban argumentó que la investigación fue realizada en Haití por la Unidad Central de Información Financiera "del gobierno de facto", y que el informe fue elaborado por una comisión encabezada por un rival político de Aristide. "Ninguno de esos informes dicen que el dinero se haya usado para propósitos ilegales", dijo.
"El gobierno de Estados Unidos también gasta millones de dólares en investigar al presidente Aristide", pesquisa en la que participan, aseguró, funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de la agencia antidrogas del gobierno (DEA), del Departamento del Tesoro y de la fiscalía del meridional estado de Florida.
"A pesar de estos esfuerzos, iniciados por (el presidente George W.) Bush y el (vicepresidente Dick) Cheney luego de dirigir el golpe de Estado contra Aristide, no se ha revelado nada incorrecto. Ellos y decenas de haitianos dirigidos por el gobierno golpista ilegal han trabajado día y noche para encontrar el dinero que el ex mandatario supuestamente tomó, pero ya resulta obvio que no existe", sostuvo Kurzban.
Puerto Príncipe contrató el año pasado a la firma de abogados de Filadelfia Winston Strawn por unos tres millones de dólares anuales, confiado en que podría pagar los gastos legales con lo que considera su parte en la requisa de bienes por 36,8 millones de dólares en bienes a siete narcotraficantes haitianos condenados en Estados Unidos.
Timothy Carney, ex embajador estadounidense en Haití, respalda la solicitud del gobierno haitiano. De lo contrario, habría muchas dificultades para continuar el proceso porque "el flujo de caja es un problema para Haití", dado que Aristide, aseguró el diplomático, dejó las arcas públicas vacías.
Pero el Departamento (ministerio) de Justicia se ha demorado en lograr un acuerdo para compartir el botín requisado a los narcotraficantes.
Funcionarios de este organismo dijeron a Carney, antes de que dejara la representación en Puerto Príncipe el año pasado, que cuestionaban el destino que Haití pensaba darle a ese dinero.
Los abogados planificaban acusar también a IDT, lo que le permitiría a Haití, en caso de ganar el juicio, recibir mucho más dinero en indemnizaciones que el costo de la acusación judicial.
El gerente Courter y el abogado de IDT, Leslie Lajewski, del bufete Grotta, Glassman & Hoffman, declinaron hacer comentarios. Sin embargo, el ex legislador republicano ha dicho públicamente que Jewett carece de pruebas.
Antes de asumir su cargo en el Departamento de Justicia, Fisher era socia del bufete de abogados de IDT en Nueva York, Latham & Watkins.
Después de la denuncia Jewett, Fisher fue la encargada de la investigación interna al respecto. Concluyó, según el documento enviado por IDT a la Comisión de Valores y Divisas, que "ni la compañía ni la investigación del Comité de Auditoría encontraron pruebas de pagos incorrectos a funcionarios extranjeros".
Desde entonces, Fisher se ha recusado oficialmente de participar en este asunto desde el Departamento de Justicia, dada su vinculación con IDT.
El portavoz de esa cartera Bryan Sierra afirmó en un correo electrónico: "Esto significa que Fisher no está involucrada de manera alguna en la toma de decisiones, discusiones o deliberaciones sobre ningún asunto relacionado con IDT, incluida la distribución de los bienes confiscados por concepto de multas (lo cual, de todos modos, es una discusión prematura, ya que el dinero NO está disponible hasta que las apelaciones hayan sido resueltas)".
Sierra añadió que las autoridades estadounidenses requisaron a los narcotraficantes haitianos menos de tres millones de dólares.
Además, se negó a autorizar consultas periodísticas a Fisher o a cualquier otro funcionario a cargo de determinar del destino de esos fondos. "No haremos comentarios basados sobre discusiones preliminares o informes de conversaciones de bajo nivel", dijo.
Haití suspendió la demanda el 30 de junio para impedir que se desabaratara por falta de recursos para solventarla. Los abogados, aún contratados por el gobierno de René Preval, podrían reanudarla en el futuro, pero no pueden esperar mucho más.
La Comisión de Valores y Divisas, los abogados de Newark, New Jersey y el gran jurado federal estadounidense están investigando los cargos. Aristide está en el exilio, en Sudáfrica, y la mayoría de los demás acusados viven en Estados Unidos.
(*) Lucy Komisar, periodista de investigación residente en Nueva York, está dedicada a escribir un libro de impacto internacional sobre la banca offshore y secretos corporativos.
