El domingo 3 de abril de 1983 llegó la muerte a Lucanamarca. La mayoría de los habitantes de ese distrito de la región centro andina peruana de Ayacucho perdieron un padre, esposa o esposo, hermano o hijos en la masacre perpetrada por el insurgente Sendero Luminoso. Ahora llegó la justicia.
"Todos van a morir", dijeron. "Yo me había querido escapar con mi hijita, pero me agarraron. Estaban quemando las casas", relató a IPS Edda Huaripampa Quichua, una de las sobrevivientes presentes en las afueras de la Base Naval del Callao, donde se leyó la sentencia condenatoria a los responsables de ese ataque guerrillero.
El líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue condenado en la noche de la víspera a cadena perpetua por los delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado, al igual que su pareja y número dos del grupo, Elena Iparraguirre.
La Sala Penal Nacional Antiterrorista atribuyó a Guzmán la responsabilidad por cinco casos, pero el más grave delito es haber ordenado la matanza de 69 campesinos de Lucanamarca, entre ellos 23 niños.
"Son procesados por sus crímenes, no por su ideología ( ), ningún conflicto justifica la matanza de civiles desarmados", se señala en el fallo. Era una respuesta a la defensa de Guzmán, que insistió en presentar al líder senderista como un "guerrillero histórico", durante los 11 meses que duró el juicio.
Para este tribunal civil, la masacre de Lucanamarca desvirtúa los alegatos de los defensores, debido a la contundencia de las pruebas, que determinan que fue el propio jefe guerrillero quien ordenó cometer la masacre en represalia a la rebelión de los campesinos contra su organización de tendencia maoísta.
La justicia peruana también consideró que Guzmán tenía responsabilidad por otros 26 asesinatos y 14 atentados con coche-bomba cometidos por sus seguidores entre mayo de 1980 y junio de 1991.
Otros 10 integrantes de la dirección de Sendero Luminoso fueron castigados con sentencias que oscilan entre los 25 y 35 años de prisión. La fiscal antiterrorista Luz Ibáñez, sin embargo, expresó su desacuerdo con el fallo que recibieron éstos, debido a que en algunos años pueden acogerse a beneficios penitenciarios según la ley y quedar en libertad.
Todos los condenados, además, deberán pagar una reparación al Estado de 3.700 millones de soles (unos 1.138 millones de dólares), mientras que Guzmán tendrá que asumir una reparación individual de 250.000 soles (71.428 dólares) en beneficio de las víctimas de Lucanamarca.
El asesinato de los 69 campesinos constituye la mayor matanza senderista, "y ésta es la primera sentencia que se da en el país contra un grupo alzado en armas por atacar de manera tan despiadada a la población civil indefensa", dijo a IPS el abogado Gustavo Campos, jefe del área legal de la Comisión de Derechos Humanos, que asumió desde 2002 la defensa de las víctimas.
El día de la masacre, cerca de 100 senderistas iniciaron de madrugada la ruta del horror portando machetes, hachas, cuchillos y armas de fuego, siguiendo una orden dada por Guzmán desde Lima.
La planificación de la masacre fue admitida por el jefe guerrillero, conocido por sus seguidores como "presidente Gonzalo", durante una entrevista publicada en 1988 por El Diario, vocero oficioso de Sendero Luminoso.
"Respondimos contundentemente con una acción: Lucanamarca, ni ellos ni nosotros la olvidamos, claro, porque ahí vieron una respuesta que no se imaginaron (…). Nuestro problema era un golpe contundente para sofrenarlos, para hacerles comprender que la cosa no era tan fácil; en algunas ocasiones, como en ésa, fue la propia Dirección Central (de Sendero Luminoso) la que planificó la acción y dispuso las cosas. Así ha sido", dijo Guzmán en esa entrevista.
La insurgencia había iniciado sus acciones en esa zona en 1982 con asambleas públicas para captar militantes y el saqueo de propiedades. Con el pretexto de "refundar una nueva República", no se permitía el libre comercio ni el tránsito hacia otras poblaciones, todo lo cual llevó a un grupo de residentes a conformar una especie de comité de defensa.
El Estado no estaba presente. "Estábamos solos y amenazados y ellos eran unos vengativos", dijo a IPS el ex alcalde del poblado Gualberto Tacas, quien cada vez que cuenta su historia se quiebra en llanto.
El comunero mostró a IPS una cicatriz en su cara para demostrar que la bala que le atravesó la mandíbula lo había dejado inconciente el día del ataque. "Cuando me desperté me estaba ahogando con mi sangre. Pero Dios me salvó", dijo.
Antes de la matanza, Sendero Luminoso ya había asesinado a 10 pobladores de Lucanamarca y las autoridades del distrito y de otros dos pueblos aledaños decidieron capturar al jefe senderista de la zona, Olegario Curitomay, a quien lo asesinaron.
Entonces, en represalia, los guerrilleros amenazaron a los campesinos con una ofensiva brutal, advirtiéndoles que no "quedaría polvo sobre polvo".
Por esos días, los miembros del Comité Central de Sendero, encabezado por Guzmán, Iparraguirre, conocida como "camarada Miriam", y la ya fallecida Augusta La Torre, "camarada Norah", acordaron en una reunión clandestina en Lima tomar acciones contra los campesinos rebelados.
Así, el insurgente Comité Zonal Cangallo-Fajardo que operaba en Ayacucho recibió la orden de consumar la matanza. Guzmán e Iparraguirre han ratificado esta versión en las entrevistas concedidas a los investigadores de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que fue creada en 2001 para esclarecer los hechos de violencia ocurridos en los años 80 y 90 en Perú.
Ante el mensaje guerrillero, las autoridades de Lucanamarca viajaron a la capital de la región, Ayacucho, para pedir refuerzos militares. Pero la ayuda llegó un día después de la tragedia.
La primera estación del recorrido senderista fue el poblado de Yanacollpa, donde llegaron alrededor de las seis horas de la mañana y reunieron con engaños a 29 personas, entre ancianos, mujeres y niños, en la plaza local y luego los asesinaron a machetazos y hachazos, según narraron los testigos.
Reyna Quichua, quien entonces tenía 14 años, es una de las que se salvó. Esa mañana vio como los senderistas se llevaron a sus padres y hermanos, Rosenda de 18 años, Joaquín de 12, Ricardo de ocho y René de tres años. Reyna sobrevivió, pero quedó marcada por la muerte.
Los guerrilleros siguieron su ruta de horror hacia la granja comunal de Ataccara, donde esa misma mañana mataron a tres personas, luego fue el turno del establecimiento Llacchua, donde murieron otros 11 pobladores.
De ese modo se acercaban cada vez más al corazón de Lucanamarca, mientras que un grupo de campesinos refaccionaba la carretera para que los refuerzos militares pudieran llegar a la zona.
Uno de los campesinos que trabajaba en el camino era Marcelino Casavilca Quincho, quien fue apresado por el grupo irregular, golpeado y llevado a la plaza pública.
Casavilca Quincho y otros 18 hombres fueron puesto boca abajo en la entrada de la iglesia del pueblo, baleados con ametralladoras y luego muchos de ellos rematados a golpes de hacha en la cabeza.
"En ese momento me mataron", dijo a IPS Casavilca Quincho, mientras toca su brazo derecho quebrado por seis balazos, que recientemente pudo ser reconstruido.
Cuando este campesino logró despertar, ya estaba anocheciendo. Una mujer se apiadó de sus gritos de dolor y lo envolvió con una manta. "Me dejó en un rinconcito, llorando". Esa fue su noche más fría y desolada. Recién al día siguiente, llegaron los militares y recogieron su cuerpo deshecho, contó.
En ese entonces tenía 23 años y hoy, después de más de dos décadas, admite tener sentimientos encontrados. "A veces me viene el rencor, también mucha tristeza. Desde ese día, todo ha cambiado en mi pueblo, antes había responsabilidad para las faenas comunales. Ahora no hay obediencia, no hay ganas", dijo.
"Mi pueblo nunca olvidará la matanza", sentenció Tacas. Hoy se sabe que, entre los 23 niños que murieron en ese recorrido de sangre, había tres bebés. El más pequeño de todos tenía apenas seis meses de vida.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló en su informe final que, como resultado de la violencia, entre 1980 y 2000 fueron asesinadas o desaparecidas 69.280 personas, 54 por ciento de ellas por acción de Sendero Luminoso y el resto es responsabilidad de las Fuerzas Armadas.
El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Pablo Rojas, señaló a IPS que Sendero Luminoso fue una de las organizaciones irregulares más letales de América, que además se ensañó con los pobladores más pobres del país.
Rojas consideró que la sentencia contra Guzmán y otros guerrilleros es aleccionadora, porque es producto "de un proceso no militar que permitió implementar justicia para las víctimas, ofreciéndole a los acusados todas las garantías de un sistema democrático".
Esta vez Guzmán fue sentenciado por un tribunal civil, a diferencia de 1992, cuando fue capturado y condenado a cadena perpetua por la justicia militar, causa que fue anulada en 2003 al derogarse algunas de las leyes antiterroristas dictadas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), que no respetaban el debido proceso.
Pese las garantías procesales ofrecidas en el nuevo juicio por un tribunal del Poder Judicial, el abogado del líder senderista, Manuel Fajardo, dijo que apelará la sentencia incluso en las instancias internacionales.
