El desminado del municipio colombiano de Samaniego, anunciado en La Habana por el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, es importante pero aún insuficiente para superar la crisis humanitaria, alertó un activista de derechos humanos.
El izquierdista ELN accedió el domingo a la petición de la comunidad de Samaniego, una localidad montañosa de 60.000 habitantes en el occidental departamento de Nariño, de retirar las minas antipersonal sembradas en las vías de acceso a 14 veredas (poblados) de ese lugar, lo que facilitará la puesta en práctica de planes de desarrollo socio-económico.
La operación se efectuará bajo los protocolos de la organización no gubernamental (ONG) internacional Llamamiento de Ginebra, que dispondrá los detalles técnicos y el financiamiento, en coordinación con las autoridades municipales colombianas.
Esa entidad, financiada por el gobierno de Suiza y la Unión Europea para promover la abolición mundial de estas minas, adelanta gestiones de "interlocución" sobre este problema con el ELN desde 2003, se indicó en el texto de la petición.
A la vez, Antonio García, responsable militar del ELN, dijo el domingo en la capital cubana que las fuerzas de esa guerrilla que operan en esa zona facilitarán las condiciones necesarias para que la eliminación humanitaria de minas pueda desarrollarse "cabalmente".
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"El desminado de Samaniego es un hecho importante, pero insuficiente para consolidar avances en la superación de la crisis humanitaria en Colombia", dijo el lunes a IPS Jorge Enrique Rojas, director de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en una de las primeras reacciones a la noticia.
En su opinión, ese municipio montañoso "puede servir de laboratorio de paz si se logra un desminado humanitario que alivie la situación de una población civil bloqueada por el conflicto armado y el uso de estos explosivos".
La decisión del ELN responde a una iniciativa lanzada el 19 de octubre por la Comisión impulsora de desminado humanitario, en la que actuaron como facilitadores Álvaro Jiménez, de la ONG Colombia sin minas y Mehmet Balci, director del Programa para el Medio Oriente y Colombia del Llamamiento de Ginebra.
Esa propuesta se hizo en días previos a la cuarta ronda de diálogos entre el ELN y Luis Carlos Restrepo, comisionado de Paz del gobierno de Álvaro Uribe, que finalizó el jueves en la capital de Cuba.
"Queda pendiente el acuerdo sobre desplazamiento forzado, que creo se dará en el marco de un cese bilateral de operaciones militares ofensivas", indicó Rojas en declaraciones a IPS vía correo electrónico desde Londres, donde participa en una reunión internacional sobre construcción de paz y derechos humanos en su país.
Codhes y la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica colombiana calculan en 3,8 millones el total de personas expulsadas de sus lugares de residencia en los últimos 10 años, a causa de los combates entre efectivos del Estado y grupos paramilitares de ultraderecha, por una parte, y organizaciones armadas de izquierda, como el ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por otra.
García señaló que la cuestión del desplazamiento no se tocó en las conversaciones con Restrepo, porque aún no se ha estructurado la agenda. "Pero es propósito del ELN que, en la medida que evolucionen las discusiones, ese asunto sea uno de los elementos centrales para crear un ambiente de paz en el país", indicó.
El líder guerrillero calificó el desminado en Samaniego como un hecho de paz y acción humanitaria que abre el camino para el desarrollo y la construcción de propuestas sociales y económicas que benefician al conjunto de la población.
Se estima que alrededor de 30 por ciento de los 693 kilómetros cuadrados de Samaniego están minados. La limpieza de las áreas sembradas de estos artefactos facilitará el impulso de planes locales de desarrollo, que incluyen, entre otros, la recuperación y reproducción de semillas autóctonas de la región.
Las minas antipersonal, utilizadas en mayor medida por los grupos guerrilleros en el conflicto, afectaron en 2005 a 1.150 personas, 63 por ciento de ellas militares y el resto civiles, de acuerdo a estimaciones de Balci.
"Las Fuerzas Armadas están igual o mayormente afectadas por estas minas (que la población civil) y se benefician de esta decisión bilateral entre el ELN y la comunidad, que no es parte del conflicto armado", señaló a IPS Alejo Vargas, integrante del grupo de garantes del proceso de diálogo entre ese grupo guerrillero y el gobierno.
En su opinión, la respuesta positiva del ELN hacia una demanda de la sociedad civil muestra la importancia que concede esa organización armada a la participación de la gente y también es una forma de expresar que "se puede seguir avanzando en este tema".
"Llevamos 25 años buscando la paz, y esa palabra se ha convertido en pura retórica, ya no se cree en ella. Este tipo de hechos contribuyen a recuperar esa credibilidad y confianza perdida, porque es un resultado concreto que beneficia a sectores sociales", señaló.
García señaló que posiblemente en diciembre se realice otra ronda de pláticas entre el ELN y el gobierno, que seguirán teniendo como sede a La Habana.
El anuncio sobre el desminado se hizo durante un encuentro del ELN con la comisión de facilitación civil del diálogo, en el cual la guerrilla informó sobre la cuarta ronda de discusiones con el gobierno.
Esa comisión incluye a los ex cancilleres María Emma Mejía y Augusto Ramírez Ocampo, al ex procurador general Jaime Bernal y a varios obispos católicos, entre otras relevantes personalidades de Colombia.
