Un proyecto de acuerdo sobre desplazamiento forzado presentado por sectores sociales al gobierno de Colombia y al insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) abre posibilidades de solución a uno de los problemas más graves del conflicto armado en ese país.
La iniciativa fue presentada al término de las reuniones sostenidas en La Habana por delegados del ELN y sectores de la sociedad civil colombiana, en vísperas de un nuevo encuentro entre esa guerrilla y el comisionado de Paz del gobierno de Álvaro Uribe, Luis Carlos Restrepo.
"Sería una muy buena noticia si el país escuchara que dos de los actores de esta guerra se ponen de acuerdo para no desplazar ni confinar más, para respetar a la población civil en el marco del conflicto armado", comentó a IPS Jorge Enrique Rojas, director de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Estudios de Codhes y de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica colombiana estiman en 3,8 millones la cantidad de personas expulsadas de sus lugares de residencia entre 1985 y 2005 a causa de los combates entre efectivos del Estado y grupos paramilitares de ultraderecha, por una parte, y organizaciones armadas de izquierda, como el ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por otra.
"En medio de este conflicto persiste una grave y prolongada crisis humanitaria que se manifiesta, principalmente, en el desplazamiento forzado de ocho de cada cien colombianos en los últimos 20 años", advierte la iniciativa, a cuyo texto tuvo acceso IPS.
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La propuesta compromete al ELN y al gobierno a dar cumplimiento a disposiciones del derecho humanitario internacional estipuladas en los convenios de Ginebra, vigentes desde 1949, relativas a la prohibición de los desplazamientos forzados y a la protección de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil en escenarios de conflicto.
En el marco del propuesto "Acuerdo especial sobre desplazamiento forzado", el gobierno colombiano pondría en práctica, con los recursos necesarios, un programa de retorno voluntario, digno, seguro y concertado de comunidades y personas desplazadas de las zonas de operación del ELN.
"Tanto el gobierno como el ELN se comprometen a respetar la condición de población civil de las personas retornadas y/o asentadas en 'zonas humanitarias para la paz'. Este retorno de la población deberá hacerse en el marco de planes concertados de desarrollo local, con inversión social, cooperación internacional y estímulos que contribuyan al pleno restablecimiento de sus derechos", especifica la iniciativa.
Según la propuesta, una comisión de seguimiento y protección quedaría encargada de "conocer y evaluar eventuales hechos que infrinjan este acuerdo y contribuir a la protección de la población civil" en la guerra colombiana que lleva más de cuatro décadas.
"Esta comisión será integrada de común acuerdo por el gobierno nacional y el Ejército Nacional de Liberación, y la Secretaría Técnica será ejercida por Comité Internacional de la Cruz Roja", dice el texto.
Para el director de Codhes, lograr un acuerdo que solucione el drama de los desplazados abre el escenario para consolidar un proceso de paz con mucha mayor legitimidad social. "Nosotros presentamos la propuesta y queremos que sea considerada, discutida y aprobada por las partes cuanto antes, porque la situación de la gente es muy difícil", indicó.
En su opinión, en Colombia hay una fragmentación de la sociedad en medio de la guerra, de la cual se deriva una grave crisis humanitaria. "Estamos disolviendo el país en sus recursos humanos, y eso no debería seguir ocurriendo", afirmó.
Rojas integró el grupo de trabajo sobre el desplazamiento forzado que presentó el proyecto, junto a representantes del Secretariado Nacional de la Pastoral Social, la Conferencia Episcopal de Colombia y varios abogados de ese país.
El activista convino en que la presencia de minas antipersonal, otro de los asuntos discutidos por sectores de la sociedad civil y el ELN entre el lunes y este jueves, contribuyen al bloqueo y confinamiento de la población. "Este acuerdo, que es muy puntual, algo ya tangible, puede ser el camino para inclusive contribuir a un desminado humanitario", comentó.
Al respecto, el director del Programa para el Medio Oriente y Colombia del no gubernamental Llamamiento de Ginebra, Mehmet Balci, dijo a IPS que el grupo de trabajo encargado de ese tema presentó una propuesta para desminar 14 veredas (poblados) del municipio de Samaniego, en el occidental departamento de Nariño.
Esos artefactos, utilizados en mayor medida por los grupos guerrilleros en el conflicto, afectaron en 2005 a 1.150 personas, 63 por ciento militares y el resto civiles, de acuerdo a estimados de Balci.
"La agenda humanitaria es muy importante si queremos que la sociedad se involucre en este proceso, y la manera más concreta es desminar y permitir a la población retornar a sus lugares de residencia de la cual fue desplazada. Eso crearía un ambiente favorable", comentó.
Antonio García, responsable militar del ELN y jefe de la delegación en las conversaciones con el representante gubernamental Restrepo en la capital cubana, no descartó que ese y otros temas figuren en una agenda humanitaria.
El ELN "siempre está abierto" a todo lo que se pueda hacer para garantizar la seguridad de las comunidades, subrayó.
En declaraciones este jueves, García puntualizó además que un proceso de paz que no trate de buscar solución al problema de los desplazados "no tiene nada que hacer", y si se quiere avanzar en el proceso de pacificación cualquier camino que se impulse tiene que dar dividendos en ese aspecto.
García y Restrepo tienen previsto reiniciar sus pláticas este viernes hasta el martes 25. Posteriormente, se celebrará una reunión con sectores sociales y de la comunidad internacional, para dar a conocer el resultado de la cuarta ronda de diálogo.
