El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia «está cerrado», y los gobiernos «no tienen intención de renegociar porción alguna de sus estipulaciones», según el ministro colombiano de Comercio Exterior, Jorge Humberto Botero. Pero quizá el Legislativo estadounidense piense de otro modo.
El presidente colombiano Álvaro Uribe, principal aliado de Estados Unidos en América Latina, no logró convencer a su homólogo George W. Bush de iniciar a tiempo el trámite de aprobación legislativa del Tratado.
Un argumento interno fuerte de Uribe para negociar el TLC fue el vencimiento, en enero de 2007, de las ventajas previstas desde 1991 por la estadounidense Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA por sus siglas en inglés), que a partir de 2002 fue renovada por la ATPDEA (Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas) y que el gobierno colombiano pretendió ampliar y volver permanentes a través del Tratado.
De la ATPDEA se benefician, además de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, todos miembros de la Comunidad Andina de Naciones.
La urgencia del gobierno colombiano encontró el desdén de los negociadores estadounidenses desde mediados de 2005, fenómeno que se hizo más evidente a partir del 27 de febrero, cuando Bogotá anunció el cierre de la negociación de 21 meses, aunque tuvo que hacer concesiones adicionales durante otro semestre.
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Con un rezago de unos cinco meses, según el cronograma esperado por el gobierno colombiano, el presidente Bush notificó el 24 de agosto al Congreso legislativo de su país su intención de firmar el TLC con Colombia. Pero ni él ni Uribe lo han firmado aún.
La demora deja la última fase de aprobación del TLC, la ratificación parlamentaria, a merced de los resultados de las elecciones legislativas de ese país el 7 de noviembre, en las que se renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
En dichos comicios podría avanzar el opositor Partido Demócrata, que en anteriores votaciones en el Congreso ha mostrado ser más reacio que la actual mayoría republicana a los TLC promovidos por Bush.
Uribe reconoció el riesgo a mediados de agosto, cuando una vez más urgió mediante un "llamado amistoso" al gobierno y al Congreso estadounidenses, y manifestó su preocupación de que en ese ámbito "haya válidos temores sobre la cantidad de votos que se requieren" para aprobar el TLC.
"Yo no le puedo dar al país la certeza de que nuestro Tratado será presentado a consideración del Congreso de los Estados Unidos antes del fin de año y no puedo dar la certeza de que será aprobado antes de que el año concluya", declaró Botero en la primera semana de este mes.
A partir de la notificación de Bush, el TLC entró a estudio informal del Poder Legislativo durante 90 días calendario, que se cumplirán el 22 de noviembre.
Mientras el presidente Bush entrega formalmente el texto al Congreso, diferentes comités parlamentarios reciben conceptos y estudios de las agencias gubernamentales y organizan audiencias, paneles y sesiones informales con grupos empresariales y otros sectores.
Según el ministro Botero, el gobierno de Colombia "adelanta todas las gestiones necesarias" para que el TLC "sea aprobado por el Congreso de los Estados Unidos sin modificaciones", porque el Legislativo de ese país "no puede hacer modificaciones, que quede eso absolutamente claro", dijo en una rueda de prensa.
Sí y no. Legalmente, y en virtud de la llamada "vía rápida" o autorización para la promoción del comercio, cuando el presidente procede a la entrega formal del texto, el Congreso sólo puede aprobarlo o desaprobarlo. Pero, así el TLC sea firmado el mismo 22, no es probable que Bush se arriesgue a someterlo a una votación sin respaldo.
Además, en junio de 2007 expira la vía rápida que faculta a Bush a negociar acuerdos comerciales. Si su Partido Republicano tiene un resultado adverso en los comicios de noviembre, es difícil que el Congreso vuelva a extenderle esa autorización.
Para Enrique Daza, portavoz de Recalca, la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas, propuesta de Estados Unidos hasta ahora fracasada), "no es cierto" que el Congreso estadounidense "no pueda introducir cambios".
"Lo que pasa es que no los introduce en la etapa de aprobación sino en la etapa de estudio del Tratado", y ésta, en el caso del TLC con cinco países de América Central y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés) se tomó un año, explicó.
Ese acuerdo se negoció en nueve rondas durante 2003 con los países centroamericanos, y en marzo de 2004 se sumó República Dominicana.
Durante el periodo de estudio, los legisladores reciben "muchas observaciones", sobre las cuales "el Congreso recomienda qué cambios hay que hacer", condición para sumar votos, según el analista.
Las recomendaciones no serían sólo "con respecto al TLC, porque las obligaciones del TLC son de tipo general, no especifican los cambios que hay que hacer en la legislación interna. Entonces, lo más seguro es que el Congreso (estadounidense) diga que hay que hacer unos cambios en la legislación interna nuestra", aseguró.
Según Daza, "lo que diga el Congreso de Estados Unidos no es para renegociarlo. Es una orden".
A contravía del interés expreso del gobierno colombiano, Washington tomó en cuenta la exigencia demócrata de introducir en el TLC un capítulo ambiental y otro laboral, debido a que las laxas normas ambientales y la creciente informalidad del trabajo en Colombia pueden configurar "dumping", o competencia desleal, según miembros del partido opositor estadounidense.
De acuerdo con la confederación sindical estadounidense AFL-CIOSL, en Colombia son asesinados más sindicalistas que en todos los países del mundo sumados. De especial gravedad se consideran los casos en que esos líderes son baleados mientras adelantan negociaciones de convenciones colectivas.
Para el vicepresidente colombiano Francisco Santos, las cifras de AFL-CIOSL no estarían al día.
Daza dice que no es que los demócratas "estén muy interesados en los derechos de los trabajadores colombianos. Sino que están interesados en proteger a sus empresas y a sus votantes y, sobre todo, ahora (por las elecciones) tienen que recoger los votos de los sindicatos estadounidenses". Otro tanto ocurre en el capítulo ambiental.
Las estipulaciones contenidas en el TLC "lo que pretenden es el compromiso que asume Colombia, y recíprocamente Estados Unidos, de no deteriorar su normativa laboral o ambiental para mejorar su competitividad, para mejorar el acceso al mercado del otro país", expresó el ministro Botero.
"Obviamente también asumimos el compromiso de no deteriorar los estándares laborales o ambientales, lo que no haríamos bajo ninguna circunstancia porque es la legislación que es compatible con nuestra Constitución y con el hondo compromiso del país por tener estándares laborales y ambientales elevados", abundó.
Pero Estados Unidos, tras un trámite de dos años después del cierre de las negociaciones, condicionó la aprobación del DR-Cafta a reformas legales en los cinco países centroamericanos participantes (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), según Recalca.
Para Daza, "el gobierno (colombiano) se imaginaba que después del tratado no iba a poder desmejorar la situación laboral, entonces la desmejoró antes. Porque finalmente lo que tiene que hacer es aplicar la legislación laboral, no importa qué tan mala sea".
Según el portavoz de Recalca —conformada por más de 50 organizaciones, entre ellas las tres centrales obreras, los indígenas y el campesinado sindicalizado—, anticipándose al TLC Bogotá también introdujo o intentó introducir una cascada de nuevas normas, privatizó la compañía estatal de telecomunicaciones y, por cuenta del Tratado, va a terminar eliminando el control de precios vigente sobre los medicamentos, bajo presión de los laboratorios.
Tampoco se puede hablar de reciprocidad en el DR-Cafta.
"La ley estadounidense que establece el TLC con Centroamérica dice que, en caso de que entre en contradicción algún artículo de este tratado con la legislación estatal, federal o municipal de Estados Unidos", éstas prevalecerán, dijo Daza a IPS.
"En el caso de nuestros países es todo lo contrario. Si alguna legislación nacional, local, entra en contradicción con el Tratado, prima el Tratado. (…) En el Tratado nuestro va a ser igual", sostuvo.
El gobierno colombiano, que cuenta con apoyo de 70 por ciento de legisladores en ambas cámaras del parlamento, da por descontada la aprobación del TLC. El ministro Botero anunció que lo presentará al Legislativo "tan pronto se produzca su firma entre los dos gobiernos". Luego tendrá que pasar el examen de la Corte Constitucional.
Mientras, Colombia apunta a conseguir la prolongación de la ATPDEA, que favorece a los sectores de flores, petróleo, minerales básicos y confecciones.
Daza, quien tiene "confianza en la capacidad del pueblo para entender el problema", cree que "el TLC todavía no es un hecho". Y que todo el proceso, antes de la entrada en vigor, "puede durar más de dos años".
Según el columnista Juan Manuel López, "la negociación del TLC en últimas no ha favorecido o dejado satisfecho a ningún sector concreto, sino solo a los defensores del instrumento como propuesta abstracta".
La firma BCP, asesora en el distrito financiero de Wall Street de inversiones en América Latina, evaluó en un análisis de septiembre que Uribe "intentó endosar a Colombia un gravoso acuerdo comercial con Estados Unidos, que afortunadamente está muriendo de muerte natural".
