Las presiones comerciales lograron que el gobierno de El Salvador hiciera lo que había postergado durante medio siglo: ratificar los convenios de la OIT referentes a libertad sindical y negociación colectiva de los trabajadores. No obstante, se cuidó de poner restricciones a los derechos recién reconocidos.
En maratónica plenaria que se extendió del 24 de agosto a la madrugada del 25, la Asamblea legislativa (parlamento) aprobó por unanimidad un paquete de reformas para despejar el camino a la ratificación de los convenios 87, 98, 135 y 151 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), condición de la Unión Europea (UE) para mantener beneficios arancelarios al comercio con El Salvador.
Este país goza desde julio de 2005 de las ventajas del Sistema General de Preferencias Plus, el cual establece arancel cero para productos salvadoreños al ingresar a la UE.
Ante el riesgo de tener que pagar aranceles de 20,5 por ciento si el gobierno salvadoreño no ratificaba los convenios, la empresa española Grupo Calvo, dedicada al procesamiento del atún, puso en marcha una estrategia de presión tendiente a cumplir con las condiciones de la UE.
En julio pasado, la empresa Calvo amenazó con cerrar su planta de producción si El Salvador no ratificaba dichos convenios, aduciendo que al no contar con esos beneficios arancelarios perdería competitividad, y despidió a unas 600 trabajadoras como inicio de su retiro del país.
El Grupo Calvo, que opera en El Salvador desde septiembre de 2003, en lo que va del año ha exportado 20.500 toneladas de atún y cuenta con una inversión de 118 millones de dólares en el país centroamericano, considerada la mayor del continente europeo en ese país los últimos cinco años.
Ramón Calvo, director general de la compañía atunera, no escatimó esfuerzos para buscar que el gobierno salvadoreño cediera a sus demandas. A fines de junio viajó a San Salvador desde España, se entrevistó con miembros del gabinete y mantuvo reuniones con la Comisión Política del parlamento.
A Calvo, conocedor de la importancia de su inversión en la economía salvadoreña, no le cabía duda de que el gobierno cedería a sus demandas. Así lo manifestó en sus declaraciones a la prensa local: "No pueden permitir que nos marchemos" y "¿si el país ya hecho lo más difícil, porque no puede hacer lo más fácil? ", refiriéndose a los convenios de la OIT.
Las modificaciones aprobadas por el parlamento a la ley de Servicio Civil permiten que los trabajadores vinculados a la Policía, la carrera judicial, las Fuerzas Armadas y otras "áreas sensibles" tengan derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical (convenios 87 y 98), pero también introducen regulaciones al radio de acción de los sindicatos.
"Eso garantiza los derechos a los trabajadores y a la vez pone restricciones a los que podrían abusar de éstos queriendo negociar irracionalmente, o a aquellos que intenten instrumentalizarlos con intenciones políticas", dijo a la prensa local Luis Mario Rodríguez, secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia.
"Los sindicatos no sólo sirven para hacer huelgas, siguen teniendo derecho a la contratación colectiva", aclaró Héctor Dada Hirezi, diputado del opositor partido Centro Democrático.
Con los ajustes aprobados a la ley de Servicio Civil se autoriza la constitución de más de un sindicato en una misma institución, por ejemplo, en el sector salud, puede haber de médicos, empleados técnicos y trabajadores. Además, con la vigencia de los convenios 135 y 151, se garantiza protección para sus representantes y se fijan parámetros de las relaciones de trabajo en la administración pública.
No obstante, el legislativo desatendió la demanda de los sindicalistas respecto al derecho de sus organizaciones a afiliarse a federaciones y éstas a confederaciones. Y tampoco estableció, de forma explicita, que la patronal no pueda injerir en los sindicatos.
Adicionalmente se reformó el artículo 48 de la Constitución a fin de ampliar los sectores que no pueden gozar del derecho a la huelga. Esta restricción ya estaba establecida para las Fuerzas Armadas, la Policía y el sector de la salud.
Dada Hirezi opina que los convenios debieron haber sido ratificados desde hace mucho tiempo. "Es la corrección de un vacío incomprensible en nuestra legislación, que quedó subsanada al autorizar legalmente a los trabajadores del Estado a sindicalizarse, un derecho fundamental en una democracia", sostuvo el político.
Cerca de 100.000 trabajadores, entre hombres y mujeres, se beneficiarán del derecho a la sindicalización cuando entren en vigor los convenios, el año próximo.
Sin embargo, el parlamentario reconoció que todavía queda camino por recorrer. "No todo lo que se debió haber obtenido se logró, pero fue un paso positivo. Las restricciones que han quedado pueden ser superadas en el futuro", añadió.
Para Gerardina González, directora de la oficina regional de la OIT, con sede en Costa Rica, la ratificación "es un paso importante para la modernización de las relaciones laborales en el sector público salvadoreño", pero reconoció que la aplicación de los convenios depende de la dinámica de cada país.
"Como en casi todos los actos jurídicos se manifiestan entusiasmos y reservas. Nosotros lo vemos como un paso esperanzador (…) aunque estamos concientes de que ninguna normativa resuelve automáticamente todos los problemas de los países", aclaró la representante del organismo internacional.
Ricardo Calderón, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador, aseguró a IPS que la ratificación de los convenios "es un hecho histórico y trascendental", que abona a favor de "los y las trabajadoras que hoy no tienen la posibilidad de organizarse en sindicatos", antes únicamente podían organizarse en asociaciones.
Calderón también señaló que la práctica histórica de los distintos gobiernos refleja que los convenios "no necesariamente fueron aceptados por una cuestión de voluntad o reconocimiento de los derechos de los trabajadores", refiriéndose a los condicionamientos de la UE.
Históricamente las relaciones entre los trabajadores y empresarios se han caracterizado por ser tensas y conflictivas. Después del golpe militar de 1930, los trabajadores sindicalizados padecieron despidos injustificados y persecución, dado que el sindicalismo era considerado la "punta de lanza del comunismo".
Durante la guerra civil (1980-1992), los sindicatos eran prácticamente clandestinos y muchos de sus miembros fueron detenidos, torturados y asesinados. Todavía algunos integrantes figuran como desaparecidos.
No obstante la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, aún subsiste la desconfianza.
Hace apenas dos años, en noviembre de 2004, el salvadoreño Gilberto Soto, que se convirtió en dirigente del International Brotherhood of Teamsters, el sindicato estadounidense de los transportistas de carga, fue asesinado en El Salvador, en circunstancias aún no esclarecidas, cuando brindaba apoyo a sus colegas de este país.
Más recientemente, en julio pasado, un editorial del matutino ultraconservador El Diario de Hoy señaló que la ratificación de los convenios equivalía a consentir "el chantaje (de la UE) y entregar a las fuerzas más retrógradas el funcionamiento del Estado".
Debido a estos antecedentes, Calderón sostiene que la ratificación representa un avance en su lucha, e insiste en que "hoy la exigencia es la puesta en práctica del contenido de los convenios y sin injerencia patronal", concluyó el líder sindical.
