Representantes de los 250 refugiados peruanos en Chile expresaron a IPS sus temores de que no se materialice la extradición a Lima del ex presidente Alberto Fujimori, tanto por el desinterés del nuevo gobierno de Alan García en Perú como por presiones internas sobre la justicia chilena.
En Chile hay alrededor de 250 refugiados políticos peruanos que llegaron a este país desde mediados de los años 90, cuando se intensificaron las violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000 y que enfrenta hoy en Perú 12 cargos por crímenes represivos y actos de corrupción.
La campaña por conseguir la entrega a la justicia peruana del ex mandatario cuenta también con el apoyo de la mayoría de unos 70.000 emigrantes peruanos que llegaron a Chile en la última década en busca de mejores oportunidades laborales.
"Lo preocupante es que (el ex presidente Alejandro) Toledo (2001-2006) pidió la extradición de Fujimori, pero Alan García no ha hecho nada, no la ha ratificado", señaló a IPS Raúl Paiba, presidente del Comité de Refugiados Peruanos.
El ex gobernante fue arrestado el 7 de noviembre de 2005 en Santiago, adonde llegó imprevistamente desde Japón, país en que se había radicado aprovechando su doble nacionalidad peruano-nipona, tras escapar de su país y renunciar en noviembre de 2000 a la Presidencia a través de un fax que envió a Lima desde Brunei, y que sin embargo no fue aceptada por el parlamento, que lo destituyó por incapacidad moral.
[related_articles]
Pese a que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, puntualizó en mayo que Fujimori no podía desarrollar actividades políticas en Chile, el día 9 se denunció en Lima que el ex mandatario estaba influyendo en la designación de candidatos para las elecciones regionales y municipales peruanas de noviembre próximo.
Con el apoyo de la organización Amnistía Internacional los refugiados peruanos han realizado diversos actos culturales en universidades y lugares públicos con el fin de generar conciencia en la sociedad chilena sobre la importancia de juzgar las violaciones a los derechos humanos que el ex presidente peruano cometió durante su gobierno.
Una caravana artística contra la impunidad, integrada por artistas, universitarios y familiares de las víctimas de los genocidios perpetrados en Perú, culminó el 22 de agosto con la entrega de un documento a Bachelet, refrendado por 27.000 firmas, con el pedido de que Fujimori sea llevado ante la justicia.
El documento recogió la preocupación de las organizaciones humanitarias por el virtual estancamiento en que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de Chile el proceso para la extradición de Fujimori, solicitada bajo el gobierno de Toledo, pero no reactivada por García, señaló Paiba.
El mandatario socialdemócrata, que se impuso en la segunda vuelta de las presidenciales peruanas al nacionalista Ollanta Humala, no mencionó el "caso Fujimori" durante su discurso de investidura el 28 de julio, aunque se comprometió a luchar contra la corrupción.
La Corte Suprema concedió el 18 de mayo a Fujimori la libertad bajo fianza con la prohibición de salir de Chile, en una decisión que los asilados consideraron de motivaciones extrajudiciales.
"Lo que nosotros tememos es que las relaciones comerciales terminen influyendo en las decisiones de la justicia", aseveró Paiba, agregando que "los empresarios chilenos fueron los más beneficiados durante el régimen de Fujimori".
Según el dirigente, el gobierno fujimorista entregó yacimientos de cobre a hombres chilenos de negocios que invirtieron en Perú unos 500 millones de dólares. "Por eso Fujimori se vino a Chile, porque aquí estaban sus amigos. Incluso nosotros constatamos que cuando estuvo (bajo arresto) en la Escuela de Gendarmería, sus visitas eran empresarios". Para Paiba, la justicia chilena ha sido ineficiente. "Cuando Fujimori entró a Chile, lo hizo tranquilamente y recién ante las protestas de los que vivíamos acá y el apoyo de algunas organizaciones de derechos humanos logramos que fuera detenido", afirmó.
Además, los refugiados se quejan de constantes persecuciones para evitar que sigan recordando a la opinión pública que Fujimori se mantiene impune en Chile. En agosto, una protesta pacífica frente a la residencia en del ex mandatario en Santiago terminó con 10 detenidos.
"Nos han advertido que los peruanos en Chile no debemos meternos en política, que debemos cumplir con los requisitos y últimamente hemos vivido la constante certificación de nuestras residencia, una permanente presencia de la policía internacional tras nosotros", dijo Paiba.
No obstante, los refugiados e instituciones humanitarias tienen esperanzas de que Fujimori sea juzgado y están a la espera del fallo en primera instancia que la justicia chilena dará sobre su extradición.
"Si Chile ha aprendido algo del proceso del (ex dictador) general (Augusto) Pinochet, debería hacer lo que es justo: extraditar a Fujimori a Perú o juzgarlo inmediatamente en Chile por graves violaciones a los derechos humanos", aseveró a IPS la representante de Amnistía Internacional en Santiago, Elena Marambio.
Para Marambio existen avances importantes en materia de derecho internacional desde la creación de la Corte Penal Internacional y su ratificación por gran parte de los países latinoamericanos. Sin embargo, el Senado chileno no ha ratificado la CPI, por lo cual este país se mantiene ajeno a esa jurisdicción universal establecida para juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Paiba fue dirigente nacional de los académicos universitarios en Perú. Apresado por grupos paramilitares organizados por Fujimori, fue víctima de torturas y vejámenes.
"Entre las torturas que se aplicaban estaba la corriente eléctrica, nos llevaban a la playa, nos forraban con cámaras de llantas y soga en todo el cuerpo, y nos tiraban al agua para que diéramos nombres", relató a IPS.
"También estuve aislado en una celda de un metro cuadrado, donde había una ampolleta (bombilla eléctrica) prendida día y noche, entonces no tenía noción del tiempo", recordó el académico, quien agregó que "todas estas brutalidades estaban amparadas en la legalidad" impuesta por Fujimori.
En Perú se presentaron 12 cargos para conseguir la extradición del ex gobernante. Entre las incriminaciones más importantes están la matanza de 15 personas y un niño en la localidad de Barrios Altos (Lima), y la masacre de nueve estudiantes y un profesor en la Universidad de La Cantuta. También se le imputa el traspaso ilegal de 15 millones de dólares a su asesor, Vladimiro Montesinos.
Fujimori ganó la Presidencia el 10 de junio de 1990, cuando derrotó con 56,5 por ciento de los votos al escritor derechista Mario Vargas Llosa. En 1992 disolvió el Congreso legislativo, prohibió la actividad política e intervino el Poder Judicial con apoyo de las Fuerzas Armadas, que respaldaron su política de combate frontal a los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.
Al mando de una virtual dictadura civil, que combatió a la guerrilla atropellando los derechos de la población, Fujimori ganó con 64,4 por ciento de los votos su reelección el 9 de abril de 1995 y forzó una reforma constitucional para ganar nuevamente los comicios presidenciales del año 2000.
Sin embargo, la revelación de los escándalos de Montesinos con cintas que registraban los sobornos del asesor, conocidas como "vladivideos", lo llevó a renunciar a la Presidencia en noviembre de ese mismo año, mientras participaba en una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, para pedir refugio en Japón.
En la llamada "guerra sucia" contra la insurgencia peruana, entre 1980 y 2000, casi 70.000 personas murieron, según el informe final de la independiente Comisión de la Verdad y Reconciliación.
