Al iniciar su octavo mes de gestión, el gobierno de Evo Morales comienza a afrontar presiones de distintos sectores, que sin embargo no logran conmover las estructuras del cambio «revolucionario» en el que está embarcado.
Superada una semana en la que la tónica la pusieron tres sectores —maestros, transportistas y trabajadores de la salud— cuyas demandas, totalmente independientes, confluyeron en movilizaciones simultáneas el 29 de agosto, la amenaza proviene ahora de los departamentos orientales y sureños articulados en la llamada "media luna" (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) cuyas dirigencias cívicas han convocado a un paro cívico para este viernes.
La radical medida decidida en departamentos que hasta antes de la asunción de Morales, en enero, se hacían llamar "la Bolivia productiva", en oposición al occidente, donde las huelgas son desde hace décadas parte del paisaje cotidiano, cuenta esta vez con el explícito apoyo de las prefecturas (gobiernos departamentales dependientes del Poder Ejecutivo) y de la derechista Poder Democrático Social (Podemos), principal fuerza política opositora.
El origen de la movilización se remonta al primer día de septiembre, cuando tras casi un mes de discusión, fue aprobado el borrador del Reglamento de Debates de la Asamblea Constituyente, en el que los representantes del oficialismo impusieron el criterio de la mayoría absoluta para aprobar los informes de comisión y avances parciales del articulado de la que será la nueva constitución, dejando la mayoría especial de dos tercios sólo para aprobar el texto íntegro de la carta magna.
Esta decisión de los constituyentes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y de representantes de organizaciones sociales afines contraría la postura de los partidos opositores, que exigen que cada aprobación parcial también requiera dos tercios de los votos.
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El lunes, los comités cívicos (representantes de intereses regionales y empresariales) de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, junto a los prefectos y dirigentes de Podemos acordaron convocar al paro en protesta por esa decisión del MAS, y expresaron que el partido de gobierno estaba conduciendo al país a una suerte de totalitarismo.
Asimismo, se acordó que los constituyentes de las fuerzas opositoras no asistieran a las sesiones de la Asamblea Constituyente que funciona desde agosto en la capital, Sucre. Pero esta decisión sólo fue acatada, e inicialmente, por los representantes de Podemos.
El martes la reacción gubernamental fue virulenta. En sendas conferencias de prensa en la oriental Santa Cruz y en La Paz, sede del gobierno, Morales sostuvo que la protesta respondía únicamente a los objetivos políticos de Podemos.
"Es un paro político, es un paro de un partido, Podemos, y lamento que los comités cívicos se subordinen, se sometan a un partido que finalmente con esa actitud quiere dividir Bolivia", dijo el primer mandatario.
Paralelamente, los movimientos sociales de esos cuatro departamentos se declararon opuestos a la medida de fuerza. La Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, una de las organizaciones más influyentes en el oriente boliviano, las centrales sindicales nacional y departamentales, las federaciones de trabajadores campesinos y otras entidades indígenas se pronunciaron en contra del paro y amenazaron con bloquear los accesos a la capital oriental.
El miércoles, y ante la evidente oposición al paro, los constituyentes de Podemos se reincorporaron a las sesiones de la Asamblea, donde nuevamente fue aprobado en su primera estación, por mayoría, el Reglamento de Debates.
Desde Santa Cruz, analistas señalaron que la adhesión de Podemos a la protesta convocada por los cívicos no se debía tanto a que esa fuerza política fuera la articuladora de la movilización, sino a que era la única forma que encontraba para "ganar presencia" en el escenario político nacional.
Además, la reacción de las organizaciones sociales ya ha comenzado a mostrar que el paro cívico, si llega a realizarse, no tendrá la contundencia prevista cuando fue convocado, tanto por la falta de adhesión de grupos mayoritarios de la población cuanto por aparentes fracturas dentro de los movimientos cívicos, cuyos miembros reconocen intereses particulares mimetizados detrás de demandas generales.
La protesta brota en la región donde se concentran, por un lado, las riquezas gasíferas y petroleras del país y, por otro, las mayores extensiones de tierra cultivable y ganadera, ambos objetivos de las primeras medidas tomadas por el gobierno: la nacionalización de los hidrocarburos y la "revolución agraria" o reforma en la propiedad rural.
Hugo Moldis, coordinador del Estado Mayor del Pueblo, una alianza de movimientos sociales afines al gobierno, ve cuatro escenarios posibles a partir del rebrote de la conflictividad.
El primero, que llamó "la vía Mandela" en referencia al ex presidente sudafricano Nelson Mandela (1994-1999), los cambios que se pretende implementar serían únicamente políticos y simbólicos, mas no estructurales.
El segundo, "la vía leninista", consistiría en profundizar cambios revolucionarios "quemando etapas, como se ha estado haciendo hasta ahora", y recurrir al uso legítimo de la fuerza para controlar a sectores opositores y evitar intentos de separatismo procedentes del oriente, como los que se anunciaron a través de espacios solicitados en algunos medios de comunicación durante el último fin de semana.
El tercero, "la vía gramsciana", en alusión al político y teórico marxista Antonio Gramsci (1891-1937), consistiría en "ir articulando consensos, no sólo al interior de los sectores sociales y de izquierda, sino también con sectores empresariales y regiones", dijo Moldis a IPS.
En el cuarto escenario que imagina, "la vía chilena y venezolana", los grupos de poder económico intentarían articular a la sociedad civil en contra de los movimientos de izquierda, polarizando a la población y promoviendo espacios de desestabilización.
Dinámicas similares se presentaron antes del derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende, en 1973, y en 2001 y 2002 en Venezuela contra el actual mandatario Hugo Chávez.
Moldis cree que los movimientos sociales bolivianos están apostando por la vía gramsciana antes que por la leninista, pero su materialización dependerá de "cuánto y quién sea el que agreda. Si la agresión es abierta, la respuesta será una mayor radicalidad de la revolución boliviana". El primer escenario, dice, es el menos probable.
En cuanto al último, hay coincidencia de varios analistas consultados en que dependerá de los resultados del paro de este viernes, en el cual las clases medias urbanas, casi exclusivamente, tendrán protagonismo.
